Una galería de problemas: fiscalía investiga denuncia por falta de dineros y diferencias entre bandos son insalvables

Acusaciones cruzadas y un conflicto que escala día a día es la tónica que se vive en el Pueblito Cultural Artes del Sur ubicado a un costado del gimnasio municipal.  

Por Rodrigo Vergara

Nadie recuerda, exactamente, cuándo las cosas comenzaron a complicarse para los ocupantes de la galería Pueblito Cultural Artes del Sur, ubicada a un costado del gimnasio municipal, por calle Ansorena. Pero los problemas fueron escalando a un nivel que tiene partido en dos al grupo de 20 locatarios que la componen y, más complejo aún, con una investigación de la fiscalía de Pucón por cerca de $21 millones que, según una de las partes, faltarían de la contabilidad de la agrupación.

La historia del grupo partió a fines de la década del 90 cuando algunos de ellos decidieron instalarse en la plaza puconina a pocos metros del lago y del Gran Hotel. Un lugar ideal para la venta de sus artesanías y productos, pero, obviamente, complejo para las autoridades que siempre han tratado de focalizar el comercio en lugares acotados de la ciudad. Idealmente en galerías. Pero el grupo decidió organizarse y aplicar cuotas anuales para juntar dinero y poder optar a un lugar mejor. Y ese “lugar mejor” apareció en el sitio eriazo de un poco más de 800 metros cuadrados que estaba a un costado del gimnasio. La verdad es que fueron visionarios y luego de negociaciones con diferentes autoridades lograron que la municipalidad les cediera el espacio. Así las cosas, si bien la autorización para construir 20 locales, tres baños y un lugar usado de cocina; además de un espacio común en el que se instalaron juegos como taca taca, ping pong y mesas de aire (cuyos ingresos, al igual que el baño, iban a la administración); fue realizada bajo la administración de la alcaldesa del PPD Edita Mansilla, la materialización de la obra fue el año 2012 bajo la alcaldía del actual edil, el RN Carlos Barra.

La agrupación decidió organizarse en un sindicato para gestionar la administración y los recursos que ingresaban a la galería. Como presidente de esa organización fue elegido Miguel Espinoza, junto a un directorio de otras cuatro personas. Desde ahí las relaciones fueron deteriorándose y con el tiempo el grupo se fue dividiendo. Ya en 2016 se dio un proceso de renovación de la directiva y Espinoza salió de su cargo. En su lugar quedó Blanca Godoy y un nuevo directorio acompañada de Arnaldo Núñez como secretario y otras tres personas. Una de las primeras acciones de esta nueva administración fue encargar una auditoría externa la que arrojó, según muestran la propia Blanca Godoy y Arnaldo Núñez a este medio, que, de acuerdo a las actas entre octubre de 2013 y noviembre de 2016, la organización debía tener en caja la suma de $21.132.247. El problema fue que según Núñez, cuando ellos asumieron no habían recursos en la libreta de ahorros del sindicato. La auditoría fue firmada por la contadora Flor María Gutiérrez Pérez, según se lee.

Pero la nueva directiva tuvo poca vida. Ya que, en septiembre de 2017, se realizó un reclamo al Servicio Electoral en contra de Blanca Godoy. Se le acusaba de una serie de situaciones como poco liderazgo y que, en definitiva, no cumplía con las expectativas de la asamblea. Por lo mismo, se realizó una nueva votación en la que asumió Raquel Quezada como presidenta. En abril de 2018 hubo un nuevo proceso electoral en el que, según dice la misma Raquel Quezada, se prefirió que Miguel Espinoza asuma nuevamente el cargo de presidente.

 

Acusaciones

Según la ex presidenta Blanca Godoy, los problemas que tienen en la galería son principalmente por la fuerte personalidad de Espinoza, a quien acusa de una serie de situaciones complejas. “El problema solamente es Miguel. Él siempre ha sido muy pasador a llevar. Es muy dominante. Él quiere que las cosas se hagan a la pinta de él. Esto se viene arrastrando durante ocho o nueve años. Hay abuso psicológico. Le faltó sólo pegarnos”, dice Blanca Godoy, quien agrega: “Él nunca dejó administrar bien esa galería. Las platas siempre las tuvo él. Siempre las manejó él y los negocios siempre los hizo él. Nosotros siempre fuimos su contraparte”.

Cuando Blanca Godoy habla de “nosotros” se refiere al grupo de siete personas que se oponen a la administración de Espinoza. Uno de ellos es Arnaldo Núñez, quien fue secretario de la presidencia de Godoy y un férreo opositor a la administración de Espinoza.

“Cuando recién ingresé la galería tuve una entrevista con él, y lo primero que me sorprendió fue que él lo primero que me dijo fue ‘aquí el que corta el queque soy yo. Los demás no pasa nada’. Al poco andar me di cuenta que el manejo de todo en la galería solamente lo hacía él y no permitía que nadie más interviniera o figurara”, dice Núñez, quien agrega que el trato del dirigente era, incluso, agresivo: “Siempre estaba amenazando a la gente. Él manejaba toda la información y manipulaba a la gente. A través del sindicato él ejercía todo el poder”.

Núñez explica que cuando asumieron el control de la administración del sindicato en 2016, Miguel Espinoza fue sancionado por ellos por la demora en entregar los documentos y papeles de la administración: “Él no entregó absolutamente nada. No hizo una cuenta o un acta de entrega. Nosotros tuvimos que ir internalizándonos de a poco de la situación”.

Otra situación complicada se gestó luego de que la agrupación ganara un concurso de Sercotec para la construcción de ocho stands al interior de la galería. Según la visión del grupo disidente, la idea era que esos lugares sean ocupados por ocupados por artesanos de otros lugares a modo de intercambio. O sea, un espacio para expositores de otras ciudades y que, a la vez, permitiera a los comerciantes locales de la galería ir a otras ciudades a modo de intercambio. Pero los lugares fueron arrendados, situación que fue rechazada por la municipalidad, el organismo dueño del espacio y el que, en definitiva, les cobra el arriendo a cada uno de los locatarios (0,5 UTM mensual por cada comerciante establecido en el lugar, un poco más de $23.000). Al final los stands tuvieron que ser demolidos y la administración debió devolver los dineros a las personas que ya habían pagados esos arriendos. “Hubo que devolver esas platas. Platas que habían ingresados. Nunca nadie supo de esas platas y tuvimos que poner cuotas extraordinarias que salieron del bolsillo de los socios”, acota Arnaldo Núñez.

Según la versión de Godoy y Núñez, el desorden administrativo los motivó a solicitar la auditoría externa mencionada párrafos más arriba. Y al obtener los resultados decidieron entregar los antecedentes al Ministerio Público, organismo que indaga a través de la PDI el caso.

 

Rechazan responsabilidades

Este medio se contactó con Miguel Espinoza durante la semana, quien accedió a conversar con La Voz…, junto a Raquel Quezada. Ambos niegan las acusaciones de abusos y malos tratos. Explican, además, que fue la misma asamblea que pidió la renuncia a Blanca Godoy por considerar que realizaba una mala administración. Además, sostienen que la mencionada auditoría está mal hecha, porque sólo consideró lo que aparecía en las actas y no indagó en otros documentos como boletas y facturas.

“La auditoría está mal hecha porque la hizo una persona que no es idónea. La auditoría la hizo a través de actas. Lamentablemente nosotros como empezamos sin conocimiento. Nadie tenía conocimientos contables sobre cómo llevar un orden de una agrupación en la que se manejaba dinero. Ella se basó sólo en las actas y no en los documentos contables como boletas y facturas. Nosotros encontramos que está mal hecho porque uno, a veces, toma acuerdos y al final (lo que se encuentra en las actas) no es un informe de tesorería”, dice Raquel Quezada.

El mismo Espinoza va un paso más allá y explica que la misma asamblea, posterior a la salida de la directiva liderada por Godoy, resolvió dejar nula la auditoría. “La asamblea resolvió dejar nulo el asunto de la auditoría, que en el fondo es una ‘payasería’ porque de auditoría no tiene nada”, dice Espinoza.

Sobre las acusaciones de malos tratos y matonaje, Espinoza dice: “Acá nunca se ha intentado golpear a alguien porque eso no lo vamos a permitir nosotros. Nosotros tenemos un reglamento interno. Ellos pueden decir muchas cosas y son todas mentiras”.

 

Contratos

Pero el conflicto pareciera escalar cada día un poco más. Lo último fue que, producto de la salida del sindicato de los siete miembros disidentes, la directiva estableció que el baño interno y la cocina sólo debía ser usado por los socios de la agrupación. Así las cosas, se cambiaron las chapas y un cartel escrito a mano que dice “sólo socios”. Lo anterior, por cierto, genera una incomodidad natural en el bloque disidente. De hecho, parte del grupo de los siete estuvo en el último concejo municipal pidiéndole a los ediles y a la municipalidad que intervenga en este asunto. Lo anterior, debido a que la entidad pública local es la arrendadora del espacio. La decisión de la autoridad fue forzar la apertura, pero hasta el cierre de esta edición eso no se había materializado.

Pero hay otro elemento que puede resultar más complejo. Los 20 integrantes de la galería aún no firman el contrato de arriendo del año 2018. Hay una diferencia trascendental entre el grupo que controla la galería (de 13 locatarios) y la municipalidad. El sector liderado por Espinoza entiende que, si bien los contratos son individuales, la municipalidad debe respetar el reglamento interno que dice que para trabajar en el lugar se debe pertenecer a la organización sindical. Fuentes de la municipalidad explican a La Voz…, que la agrupación no puede poner condiciones a la parte arrendadora. Y que ellos estiman que no es necesario pertenecer al mencionado sindicato para firmar los contratos. Así las cosas, los contratos de los siete disidentes no sindicalizados están listos para ser firmados y es probable que ese trámite se realice esta semana.  

Miguel Espinoza, en tanto es tajante en eso. Dice que prefiere desarmar la galería antes que ceder en ese punto. “Quieren cambiarnos las reglas. Acá la cosa es bien clara. O se hace el reglamento como corresponde o se demuele todo esto o se saca”, dice el dirigente, quien agrega otro dato importante: “Esto ya está en la Contraloría. Así que esta cosa va más allá”.

Con todo, el conflicto está en su estado más álgido. La PDI ya realizó las primeras indagaciones sobre la denuncia de los millones faltantes según la auditoría (cuestionada por Espinoza y su grupo y avalada por los siete disidentes). El fiscal jefe de Pucón Jorge Calderara explica los alcances de la investigación.  

“Se recibió hace un tiempo una denuncia derivada de este sindicato de artesanos donde la directiva denuncia situaciones irregulares del manejo que habría tenido la anterior directiva (se refiere al primer mandato de Miguel Espinoza) sobre montos asociados a este sindicato que hasta el momento serían alrededor de $21 millones. Lo que estamos haciendo es investigar el destino de esos $21 millones para ver si se trata de malos manejos, de falta de acreditación, de gastos irregulares o derechamente de delitos que si se pueden acreditar a través de las pericias que estamos realizando con la PDI, obviamente llevaremos a algunas personas ante tribunales”, explica Calderara.

El representante del Ministerio Público en Pucón acota, eso sí, que por ahora no se pueden pronunciar acerca de responsabilidades directas en el caso, porque aún están en etapa investigativa.