Caso Audios Pucón y el concejo municipal

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La gestión pública no es fácil, no solo está entretejida por la política y el trabajo propio del rubro; sino por las fuertes limitaciones de movimientos y decisiones que se tiene. Es por todos conocidos que el funcionario público es casi inamovible y esto ampara muchas veces en algunos (no en todos ) el incumplimiento de su deber. Está inamovilidad ha forzado a la administración actual a usar métodos extravagantes, polémicos y, eventualmente, ilegales para tratar de renovar e instalar a sus equipos.

Es un dato de la causa que la agenda comunicacional de la comuna se la tomó, esta semana, el denominado Caso Audios Pucón. Que se trata de la revelación del registro de dos sendas conversaciones que el suspendido jefe del Departamento de Educación Municipal, Alejandro Durán, tuvo con el Administrador Municipal, Francisco Torres y con el alcalde Sebastián Álvarez. 

A todas luces, el caso es un “escándalo de ribetes mayores” tal como lo catalogó la Radio Biobío, medio que también se hizo eco del tema. Con todo, nos llama la atención que de los seis concejales, solo uno (Verónica Castillo del Frente Amplio) se hizo cargo del tema e interpuso una denuncia en la fiscalía por lo que ella consideró relevante: el fondo de los audios. Del resto, silencio total. Es más, uno de los miembros del concejo simplemente desvió la atención del debate el lunes pasado cuando hubo un atisbo de entrar al asunto, luego de una intervención de Castillo. 

Independiente de las válidas posiciones ideológicas, es fundamental que los concejales cumplan su rol, participen del debate público y sean capaces de intervenir en relación a ellas. Nosotros exponemos hechos que merecen ser conocidos por la ciudadanía y que, a todas luces, tienen relevancia en el acontecer local y que podrían traer graves consecuencias para el devenir comunal y la actual administración municipal. Pero es necesario tener un concejo activo, deliberante e interesado en los temas complejos. 

No solo porque  los votantes están interesados en conocer las posiciones de cada uno de los ediles en estas cosas; sino porque es su obligación legal el perseguir y fiscalizar. De lo contrario corren el riesgo de convertirse solo en una caricatura de un rol tan relevante para mantener el sano ejercicio de la democracia.