Sobresueldos y sus lecciones

(Apoya el periodismo local e independiente haciéndote socio de La Voz de Pucón)

La semana que recién pasó conocimos las implicancias del informe 731-2025 de la Contraloría General de la República (CGR). Y desde ahí se ratificaron algunos elementos que se vislumbraban ya en el preinforme de noviembre del año pasado. Entre ellos, que los sueldos de tres asesores clave en el andamiaje del alcalde Sebastián Álvarez estaban muy por sobre el máximo homologado a trabajadores del sistema público municipal. El organismo contralor los motejó como “pagos desproporcionados” que sumados superaban los $55 millones. También rechazó el pago de “bonos” a estos funcionarios y pidió que se acreditara la devolución de estos últimos estipendios; no así los denominados “sobresueldos”. 

Ahora, y ya con el ambiente algo más decantado en torno al tema que en algún momento propició un árido intercambio epistolar entre el alcalde y el director ejecutivo de este medio; es necesario hacer algunas reflexiones. Es un hecho de la causa que el discurso de austeridad, el cuidado de los recursos públicos y transparencia a toda prueba (anunció paredes de vidrio al asumir el cargo) con el que Álvarez llegó a la alcaldía se debilita después del informe del organismo liderado por Dorothy Pérez. Y esto es un problema porque cuando el discurso público contrasta con la realidad; la credibilidad se ve golpeada. Y eso en política es complejo. 

Una segunda derivada de lo anterior es que ahora, más que nunca, es necesario ser prudentes. Y esto en ambas direcciones. No es bueno “incendiar la pradera” y acusar a los involucrados y a quienes posibilitaron el sistema de sobresueldos de “caras de raja” como escribió un deslenguado columnista de este diario; pero tampoco es recomendable decir tan livianamente que “acá no hay delito”. Y lo anterior es clave debido a que, si bien la CGR no envió los documentos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) o al Ministerio Público —lo que es toda una señal— no es este organismo contralor el que define si hay o no delitos. Es la fiscalía la que cumple ese rol. Y ahora hay una investigación abierta luego de la denuncia de una concejal local. O sea, serán los fiscales persecutores, los que luego de una investigación objetiva podrán catalogar los hechos como delitos o solo faltas administrativas. Con todo esto, en caso de que los hubiera todo indica que la responsabilidad principal radica principalmente en quienes decidieron los sueldos y en menor medida en quienes los recibieron. Por cierto, eso es algo que todavía está en discusión y los juicios anticipados siempre son injustos. 

Como sea, que esto se haya hecho público, más allá de los problemas políticos y comunicacionales de aparecer cuestionados en todos los medios regionales y nacionales; es valorable que las instituciones fiscalizadoras funcionen bien en Chile. Los ciudadanos y contribuyentes tienen todo el derecho a saber qué pasa con los recursos que pagan en impuestos. Y los medios también cumplimos un rol en visibilizar estas situaciones. Estamos seguros que la justicia también hará lo suyo y actuará rápido para poder saber si esto fue solo un desbarajuste administrativo no menor; o si hay algo más y es posible iniciar una persecución penal en contra de los responsables. Sea lo que sea, nuestra comunidad puede estar segura que lo informaremos de manera seria, responsable y completa. Así lo hemos hecho desde que partimos hace casi ocho años.

(Hazte miembro de nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias primero)