Soberanía inamovible: El Estrecho de Magallanes es territorio íntegramente chileno

*Por Stephan Schubert

La historia diplomática y territorial de nuestra República exige memoria, rigor y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de Estado. Las recientes declaraciones del contraalmirante argentino Hernán Montero, afirmando que la llamada “boca oriental” del Estrecho de Magallanes pertenece a Argentina, no pueden ser desestimadas como un simple error de apreciación. Constituyen, por el contrario, un eslabón más en una cadena de pretensiones geopolíticas de larga data que intentan forzar una reinterpretación de límites ya zanjados a perpetuidad. Frente a este escenario, la respuesta de Chile debe basarse en la solidez de nuestros argumentos históricos, la contundencia del derecho internacional y una clara visión “oceanopolítica” orientada hacia el futuro.

El dominio chileno sobre el Estrecho de Magallanes no es producto de una coyuntura fortuita. Como bien ha documentado la historiografía nacional, la raíz de nuestra soberanía se ancla en la toma de posesión del capitán Juan Ladrillero a mediados del siglo dieciséis. Sin embargo, en la geopolítica de las naciones, los títulos históricos requieren de la ocupación efectiva. Fue la lucidez de Bernardo O’Higgins y la audacia del Presidente Manuel Bulnes las que consolidaron este mandato con la heroica travesía de la goleta Ancud y la fundación del Fuerte Bulnes (1843). Este representó un acto de soberanía material ineludible, adelantándose a las potencias coloniales europeas. 

El trasfondo legal que rige el Estrecho de Magallanes es uno de los más nítidos del derecho internacional y desmorona cualquier tesis de aguas compartidas. El Tratado de Límites  de 1881 entre ambas naciones representó un acuerdo claro y concreto, donde Chile cedió sus derechos sobre la inmensa Patagonia oriental a cambio de que Argentina renunciara a cualquier pretensión sobre el Estrecho. Allí se estableció el dominio absoluto de Chile, asumiendo nuestro país las obligaciones de garantizar la libre navegación, mantener la neutralización de la vía y no erigir fortificaciones militares. Esta arquitectura jurídica fue ratificada décadas después por el Tratado de Paz y Amistad (1984), el cual define con precisión matemática que el límite en la boca oriental es la línea recta que une Punta Dungeness y el Cabo del Espíritu Santo. Todo el espacio al oeste de esa línea es jurisdicción exclusiva de Chile; no existe tal “boca argentina” del Estrecho.

Más allá de la controversia jurídica, es imperativo analizar el porqué de la insistencia transandina, manifestada previamente en los mapas de su plataforma continental, en directivas de defensa que hablaban de un espacio compartido y en la reciente instalación de infraestructura militar sobre territorio chileno en la frontera austral. En la actualidad, ante un cambio climático que altera los regímenes de lluvias y reduce la capacidad operativa del Canal de Panamá, la ruta magallánica vuelve a perfilarse como una de las alternativas bioceánicas más seguras del continente.

El Estrecho posiciona a Chile como un actor tricontinental. Es la bisagra que articula a América del Sur con el Océano Pacífico y el continente blanco. Las inversiones del Estado chileno demuestran que comprendemos nuestro rol de ser la puerta de entrada logística y científica a la Antártica. Ceder un milímetro en la interpretación de la soberanía de la boca oriental es poner en riesgo el control del tránsito hacia el Mar de Drake y nuestras bases antárticas.

En línea con nuestra política de Estado, el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ha sido enfático en desestimar las pretensiones trasandinas, calificando la discusión como una “polémica infundada”. El canciller recalcó de manera categórica que “la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible”, fundamentándose en el respeto irrestricto a los tratados de 1881 y 1984. Asimismo, reafirmó que nuestro país ejerce un “pleno control sobre ambas riberas del Estrecho”, garantizando la libre navegación para todos los Estados conforme al derecho internacional y dando por zanjado cualquier intento de reinterpretar los límites definitivos de nuestra soberanía austral.

Sabemos que las relaciones de buena vecindad requieren confianza, pero esta se construye sobre el respeto irrestricto a los tratados acordados. Como país, hemos sido administradores responsables y garantes de la seguridad marítima internacional en uno de los pasos más complejos del mundo. Nuestra diplomacia debe ser categórica y sin ambigüedades. El Estrecho de Magallanes es, en su totalidad, chileno. Las interpretaciones que intentan cercenar su entrada oriental deben ser refutadas con la serenidad de quien tiene la historia y la ley de su lado, pero con la firmeza de un Estado que comprende que en esas gélidas aguas australes se proyecta la seguridad nacional de las próximas décadas.

*Stephan Schubert es abogado y diputado por La Araucanía.