La situación se generó por el contrato firmado con la constructora Bio Bio para desarrollar los proyectos que beneficiarían a las agrupaciones Alto y Valle Pucón, pero en el que no hubo licitación y tampoco pasó por la mesa de los ediles como lo exige el Serviu. La inversión llegaría a los $19.000 millones. La representante de Republicanos le pidió a la del Frente Amplio “dar un paso al costado” en la presidencia de la comisión que atiende el tema. “Voy a seguir en esto hasta el final, te guste o no”, respondió la última.
“Pido, en este concejo, que la colega de un paso al lado mientras se hace la investigación y se pueda avanzar”.
Las palabras eran de la concejal Marina Matus (REP), y apuntaban hacia su par del FA, Verónica Castillo. Esto por una serie de complicaciones que aparecieron en la reunión de concejo de este lunes y que podrían amagar las aspiraciones de los diferentes comités de vivienda de Pucón para acceder a los proyectos que les permitirían cumplir con el denominado “sueño de la casa propia”. Matus quería que su colega Castillo abandonara la presidencia de la Comisión de Vivienda del concejo.
Pero el emplazamiento fue más duro aún: “Y si no lo quiere dar (se refiere a la renuncia de Verónica Castillo a la comisión) es porque deja claro y en evidencia que solo buscaba el beneficio político y no el social por el cual hoy día estamos acá”.
El problema se dio luego de que el alcalde Sebastián Álvarez informara de una serie de supuestas irregularidades que se han dado en los procesos de puesta a punto de los proyectos que serían patrocinados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). ¿Lo más complejo? La designación por contrato directo de la Constructora Bio Bio para el desarrollo de los proyectos de Valle y Alto Pucón. En total son cerca de $19.000 millones para viviendas sociales que podrían beneficiar a casi 300 familias en el sector del Callejón Arriagada. El punto es que, según se explicó, el Serviu exige que el proceso de designación de la constructora debía ser por una licitación y el resultado de la misma debía ser aprobada por el concejo. Cosa que en este caso no sucedió. Por lo mismo, de acuerdo a los que se explicó, el proyecto podría verse —una vez más— afecto a un retraso considerable.
Pero la respuesta de Verónica Castillo no se hizo esperar. Y también las emprendió en contra de Marina Matus. “Yo he sido muy responsable con el tema de vivienda. Lo he llevado muy bien durante estos años y donde he trabajado con todos los departamentos de la municipalidad. Encuentro fuera de lugar y no te voy a dar el gusto de dejarte la comisión (se refiere a Matus) porque eso es lo que quieres. Yo he marchado con la gente, he estado con la gente que no tiene casa y voy a seguir en esto hasta el final, te guste o no Marina Matus y deja de estar usando mi nombre”, espetó Castillo.
El alcalde Sebastián Álvarez, en tanto, también aprovechó la oportunidad para cuestionar a la representante del FA. “Usted podría decir que no lo sabía, pero lo debió haber sabido porque usted es una autoridad política. Usted está liderando una comisión que va a firmar un contrato por más de 500 UTM. La situación es grave. Y acá no hubo supervisión y no hubo fiscalización. ¿Usted no cree que debió haber fiscalizado esta situación para no enfrentar lo que estamos enfrentando aquí?”, señaló el jefe comunal, quien apuntó al por qué Castillo no fiscalizó a la Entidad Patrocinante (EP) municipal, liderado en ese tiempo por Andrea Mellado. Las EP son organismos que acompañan a los comités en la tramitación de los proyectos.
Ante eso, Castilló señaló: “Los comités son autónomos y eligen con quién van a trabajar y la municipalidad como Entidad Patrocinante tiene que aceptarlo. Lo único irregular que hubo acá es que no pasara por concejo”.
Esta última posición, en todo caso, es la que probablemente defenderán los comités Alto y Valle Pucón. Es decir, que la Ley los faculta para ser ellos quiénes definan a la constructora. En todo caso, esta interpretación podría chocar con lo que plantean en el Serviu que interpretan que debe hacerse por una licitación pública y con aprobación del concejo municipal. Con todo, el anhelo de ambos comités de llegar a puerto con sus proyectos podría verse truncado. Ambos grupos están a punto de cumplir 10 años desde su puesta en marcha. Y si bien estuvieron cerca de concretar en 2020, la pandemia dijo otra cosa. Por ahora el “sueño de la casa propia” se ve un poco más lejano.
Salinas Epuin con título de merced mapuche
Otro elemento que llamó la atención de la reunión de concejo de este lunes fue que el alcalde sostuvo que el terreno de 11 hectáreas comprado por la administración anterior en poco más de $4.000 millones a la familia Salinas Epuin tenía un problema. Se trata de un título de merced que haría que (al menos una parte) del predio tuviera el carácter de terreno mapuche. Lo anterior podría generar una serie de complicaciones por las prohibiciones legales que tienen los terrenos de este tipo. En la reunión de concejo no se profundizó mayormente sobre este tema.
