La compleja relación de cargos clave en la municipalidad: Jefa de Finanzas y antiguo Dideco entablan acciones legales en las que acusan maltrato

• María Victoria Román ingresó una demanda por tutela laboral en la que pide una millonaria indemnización y Eduardo Pino apuntó a vulneraciones que se enmarcan en la Ley Karin a través de la Contraloría. 

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Las cosas siguen su curso al interior de la municipalidad. Pero no necesariamente de manera tranquila. Esto, porque el desembarco de la nueva administración liderada por el alcalde Sebastián Álvarez, no solo debe enfocarse en las situaciones propias del accionar de la comuna; sino que también en la interna de la organización. Y en ese ámbito hay problemas con cargos considerados clave en el organismo. Entre ellos, el de la directora de Finanzas, María Victoria Román y el del director de Desarrollo Social, Eduardo Pino. Ambos con sendas acciones legales referidas a supuestos malos tratos. La primera con una tutela laboral. Y el segundo con una denuncia en la Contraloría por la Ley Karin. 

En el caso de la directora de Finanzas el camino fue por una demanda conocida como “tutela laboral” en los juzgados laborales. La acción está patrocinada por la exdirectora Jurídica de la municipal en tiempos de Carlos Barra, la abogada Bhama Zúñiga. Acá la funcionaria acusa una serie de malos tratos, principalmente, verbales. 

“Equivocadamente mi representada pensó y sintió que con la llegada del Nuevo Alcalde Sebastián Álvarez Ramírez, habrían cambios para mejor, sin embargo, todo fue muy distinto ya que desde que llegó la nueva administración junto con tratar de mala manera a todos los subalternos, también es el mismo mal trato para los directores, aplicando una política de trabajo de indiferencia y no comunicación, con los directores, y especialmente con la Directora de Finanzas, no citándolos a reunión de coordinación y siendo inaccesible poder hablar con el Alcalde, y los directivos de confianza de esta nueva administración, más todas las vejaciones de la que ha sido víctima”, se lee en el documento, en el que se agrega: “Con el alcalde y sus cargos de confianza, solo ha sostenido pocas reuniones, y sólo ha recibido malos tratos, exclusiones, indiferencia, aislamiento y muchas más conductas que sin duda alguna definitivamente la han llevado a tomar esta dolorosa decisión de ejercer acciones de tutela laboral con relación laboral vigente”.

Luego de eso, el relato de la tutela se enfoca en una serie de situaciones particulares que la demandante sostiene con algunos cargos clave de la nueva administración, principalmente con el administrador municipal, Francisco Torres. Todo esto, según el escrito, la llevó a tener complicaciones de salud que la dejaron con una licencia médica por tres semanas: “Se le han encomendado asignación de tareas sin sentido o fuera de las capacidades de respuesta en tiempo, retención de informes, entrega de información sesgada, discriminación, así como la denegación de tareas o la imposición de plazos irrealizables, lo que ha ocasionado a las de subidas de presión que en más de tres ocasiones tuvo que recurrir al Cesan de Pucón, para efectos de bajar la presión (…) El 27 de febrero se dirigió a la ACHS a que la evaluaran por enfermedad laboral porque estaba muy estresada con alzas de presión, y no dormían bien, presentando crisis de pánico, angustia y llanto”.

En ese sentido, la funcionaria solicita una serie de especificaciones y medidas que el tribunal decrete en su favor. Pero además de eso, pide una indemnización por una cifra que bordea los $60 millones. Fuera de eso, también solicita que se le ordene a la municipalidad realice una publicación en un diario de circulación nacional y otro local (específica en La Voz de Pucón) en la que se hable de la “intachable conducta de María Victoria Román). “Que la denunciada realice una publicación en un diario de circulación nacional, formato escrito, pudiendo ser el diario El Mercurio o La Tercera, a media página, y en el diario local La Voz de Pucón donde se aclare que doña María Victoria Román Avaca se desempeña como Directora de Finanzas hace más de 37 años para la Municipalidad de Pucón, y que durante su prestigiosa e intachable trayectoria ha actuado con estricto apego a la Ley, velando los intereses de la Municipalidad y de sus vecinos, y que no obstante ello fue discriminada y se afectaron sus derechos fundamentales expresándole las más sinceras disculpas por los inconvenientes que dicho actuar le pudo haber ocasionado”, concluye.

ExDideco

En el caso de Eduardo Pino, la acción apuntó en lo administrativo y lo hizo por la denominada Ley Karin, que persigue el “acoso laboral” y la sede de la acción fue la Contraloría General de La República. Según lo que se pudo reportear este medio, el antiguo Director de Desarrollo Comunitario que luego pasó a un cargo de planta directivo que se denominó Director de Desarrollo Social (Dideso), apunta a que fue discriminado y apartado de sus labores como director por las nuevas jefaturas en donde apunta al actual Dideco y también al Administrador Municipal. Según él fue degradado al ser enviado a trabajar a un programa externo que físicamente funciona fuera del edificio consistorial. 

“Esto tiene que ver con la actitud, forma y la violencia laboral que ejercen sobre los y las funcionarios municipales que somos de planta, a través de un menoscabo al ejercicio de las funciones, vulneración de derechos fundamentales y falta a las normas establecidas del estatuto administrativo,  reglamento y principios de la LOC (Ley orgánica Constitucional), cuya norma es tener deberes pero también derechos”, explicó Pino, quien agregó: “En mi caso no hubo una evaluación, criterio, años de servicio, hoja laboral con notas de mérito en mi actuar siempre. Me vi apartado de mis funciones, ignorado, menoscabado a través de situaciones arbitrarias en la calidad de directivo municipal”. 

Sobre lo que buscaba con la invocación de la Ley Karin, el directivo (quien se encuentra con licencia médica) sostuvo: “Que no ocurran más situaciones de temor, incertidumbre, que se valore el buen desempeño, respeto por los programas, que existan con espacios de convivencia sana y que se cuide la salud mental de los funcionarios. El hostigamiento y acoso laboral están presentes en esta administración no sólo conmigo sino que en cada dirección política de la administración del alcalde. y existe temor por la continuidad de despidos”.

Municipalidad

Al ser consultada la municipalidad por esta situación señalaron que lamentan lo descrito y apuntan a que los reclamos se repiten en varios municipios de Chile cuando se producen cambios que, según ellos, son necesarios.

“Los funcionarios públicos manifiestan persecución, acoso y descalificación cuando se producen cambios en la administración y la cultura organizacional, cuando  las  nuevas autoridades solicitan mayor rigurosidad y excelencia en el cumplimiento de sus funciones públicas, o bien se exige la realización de procesos administrativos que requieren que se ajusten a la norma de acuerdo a las leyes vigentes”, señalaron y luego agregaron: “Se ha podido observar a nivel nacional que existe un patrón común en algunos funcionarios, que como estrategia de protección de su calidad funcionaria usan el recurso de denunciar acoso laboral, tutela laboral, o la Ley Karin para no adaptarse a los nuevos requerimientos y así dilatar el cumplimento de las indicaciones, y en muchas casos, además se contemplan el uso de licencias médicas para argumentar afectaciones (personales y salud mental ) y así no se puedan llevar adelante los actos administrativos definidos al finalizar muchas veces los procesos de sumarios a los que están sometidos”.