Municipalidad de Pucón se querella contra jefe de Rentas por tráfico de influencias y fraude al fisco

• En el documento entrega detalles de las acciones de Juan Antonio Ulloa, las que a juicio de la administración pública local, configuraría la comisión de delitos. Este lunes se discute el cierre o ampliación de plazo de la investigación. 
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El bullado caso del (suspendido) jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad de Pucón, Juan Antonio Ulloa, suma otro capítulo. Esto porque en las últimas horas se conoció de la querella que el principal organismo público local ingresó en contra del funcionario por los delitos tráfico de influencias y fraude al fisco. Con esto, se suma a un caso que tiene este lunes una audiencia clave; en la que se discutirá la ampliación de plazo de investigación; lo que será solicitado por el Ministerio Público cuyo fiscal, Jorge Calderara, enfrentará los argumentos de los defensores Jorge Beltrán y Hernán Valenzuela, quienes irán por el cierre de la investigación. 

En el documento en el que el jefe de la dirección Jurídica del municipio, Francisco Tosti – Crosce, ingresa a la causa como parte activa en la persecución de los eventuales delitos, se entrega una detallada línea de tiempo desde que solicitó la cuestionada patente de alcoholes por parte de Andrea Carolina Estrada quien, en principio, no habría cumplido con los requisitos legales para hacerlo. Hasta que el permiso fue vendido por la madre de la solicitante, Carmen Luz Moreno. En medio, se relatan una serie de acciones del imputado que podrían configurar, a juicio del municipio y también de la fiscalía, los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. 

Entre ellos se cuenta que el 14 de agosto de 2023, Ulloa ordenó a dos inspectores municipales fiscalizar un domicilio de Camino Internacional donde, supuestamente, estaría el local comercial. La condición irremontable para favorecer la solicitud de Estrada Moreno era que debía vivir en el lugar; ya que la patente se solicitaría como Microempresa Familiar (MEF). El problema es que al realizar la solicitud, la hija de Carmen Luz Moreno entregó un domicilio diferente. Es decir, no vivía en el la dirección que entregó para abrir el emprendimiento. 

“Según se acreditará, Ulloa García intervino directamente en la fiscalización, coaccionando e instruyendo a los dos inspectores municipales mencionados, a fin de elaborar el denominado ‘Informe de Visita Inspectiva Patente MEF N° 48’ (…) Es importante recalcar que en dicho documento no se consignó el rol de la patente, se indicó que la solicitante sí vivía en el lugar y como observación se señaló: ‘Se observa casa habitación en donde ejercerá la actividad comercial. La entrada está independiente al local comercial en donde se ejerce la actividad comercial’. Aquellas anotaciones resultaron no ajustarse a la realidad, ya que el domicilio donde se realizó la fiscalización y aquel informado en la solicitud de patente eran distintos”, se lee en la querella.

En el documento también se explicita que, de alguna manera, el imputado ocultó información clave al alcalde y al concejo de la época en torno a la situación tributaria de la solicitante. Esto debido a que Carolina Estrada Moreno realizó un término de giro el 24 de agosto de 2023, seis días antes que la patente pasara por concejo para su aprobación: “Posteriormente, el día 30 de agosto de 2023, en sesión ordinaria N° 83, el concejo municipal, luego de escuchar la exposición de Ulloa García donde se omitió el término de actividades tributarias de la solicitante y se incorporó el ‘Informe de Visita Inspectiva MEF N° 48’, aprobó el otorgamiento de la patente clasificación ‘A’, a nombre de Andrea Carolina Estrada Moreno”.

La línea de tiempo de la querella entrega, además, otros antecedentes. Uno de los más relevantes es que en el tiempo de la renovación de la cuestionada patente, en mayo de 2024, los inspectores municipales concurrieron nuevamente al domicilio donde, supuestamente, funcionaba el local comercial. Al cerciorarse que no existía local alguna y que la supuesta contribuyente no vivía en el lugar realizaron un informe negativo y se lo derivaron a Ulloa, para que éste se lo haga llegar a la jefa de Finanzas, María Victoria Roman, para que ella incluya la patente entre las que no cumplían con los requisitos de renovación proceder a caducarla. Según la querella, esto nunca ocurrió, ya que el imputado no lo reportó. Todo esto, casi en paralelo que la patente comenzó un proceso de negociación, primero como arriendo, y luego con una promesa de compraventa que alcanzó los $35 millones. 

“Es decir, la patente rol N° 41147 estuvo vigente todo el primer semestre del año 2024, sin cumplir con los requisitos establecido en la ley, lo que estaba en pleno conocimiento de Ulloa García y sin que él hubiere adoptado ninguna medida al respecto, pese a ser obligación funcionaria suya en razón del cargo que ostenta”, explicita el documento.

Según la querella, el delito de fraude al fisco se configura debido a que Ulloa propició que la patente fuera renovada y no sacada a remate por el alcalde. De acuerdo al requerimiento, el monto del valor comercial de la patente (negociada en $35 millones) pudo llegar a las arcas municipales y no al patrimonio de un particular. El tráfico de influencias, en tanto, en la supuesta presión ejercida por Ulloa en contra de los inspectores municipales para validar requisitos que, en los hechos, la contribuyente no cumplía para acceder a la patente. 

La querella fue declarada admisible en el Juzgado de Garantía de Pucón; aunque en un rol diferente. Es probable que en la audiencia de este lunes se discuta la inclusión a la causa principal para seguir la tramitación.