Una nueva crisis municipal: el tiempo como un bien escaso

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Durante la semana fuimos testigos, una vez más, de una situación compleja y digna de necesario análisis al interior de la municipalidad. Se trata de los detalles de la investigación que realiza la Contraloría por una serie de denuncias; entre ellas la situación de tres emblemáticos funcionarios a honorarios al interior de la administración pública local. Todos ellos asesores estrechos y de primera línea del alcalde Sebastián Álvarez, quien se apresta a cumplir un año desde que asumió el cargo en diciembre pasado. 

El punto más álgido de lo conocido enfoca sobre el asesor administrativo, Iván Soriano; quien estaría cumpliendo funciones de jefatura sin serlo y además en un rol que ya está cubierto por el jefe de Control, Walter Carter. También lo del periodista Jefferson Adaro, quien fungió como jefe de Gabinete y de Comunicaciones y, al parecer, habría contratado servicios sin estar autorizado para ellos. Ambos, por cierto, con sueldos altos para funcionarios a honorarios ($4,5 millones Soriano y $4 millones Adaro, a quien después se le bajó la remuneración a $2,5 millones). El tercer caso es el del asesor en Gestión de Riesgos y Desastres, Esteban Backit, quien ocupa el cargo sin tener (por ahora) un título universitario. 

Pero no solo eso, también se conoció el pago de un “extraño” bono de $500 mil agregados a los sueldos de mayo de los funcionarios. Esto, sin tener —al menos en lo público— una justificación y procedimiento administrativo claro, al menos, en el caso de Soriano y Adaro. Ahora, si bien el caso está en investigación por la Contraloría y será este organismo el que entregue una definición en torno a si todas estas cosas representan faltas administrativas; es necesario enfocar en que la comunidad tiene derecho a saber cómo se están invirtiendo los recursos públicos. 

Esto, porque más allá de los sueldos elevados (quizás hasta se justifiquen) no se entiende el por qué se deben duplicar cargos que ya estaban cubiertos. Tampoco hay que perder de vista que es probable que algunos despedidos de la administración del exalcalde Carlos Barra deban volver por la vía judicial a sus antiguos puestos, lo que conlleva —además de la incomodidad— el desembolso de las remuneraciones de manera retroactiva. Es decir, gastar más dinero de los contribuyentes en cosas que, la verdad (como casi todas estas crisis) se pudieron evitar y prever. Y que, por cierto, van en contra del discurso de austeridad con el que asumió esta nueva administración.

Es necesario hacer un análisis profundo de las decisiones tomadas y quiénes propiciaron las mismas. Y esto con el fin de realizar los necesarios ajustes a una administración que en tan poco tiempo ha caído continuamente en errores no forzados. Echarle la culpa al empedrado, o a los intereses políticos de una concejal, no ayudará mucho en los procesos de mejora contínua que se prometieron en la campaña. Tiempo queda para enmendar; pero el tiempo es un bien escaso que se agota con rapidez.