Municipalidad mantiene casi 60 causas judiciales abiertas por un monto que bordea los $2.000 millones

• La mayoría de ellas fueron generadas en el primer año de la administración del alcalde Sebastián Álvarez y tienen que ver con situaciones laborales. Cuatro de los seis concejales son en extremo críticos con la situación y acusan, entre otras cosas, una “gestión deficiente”. 

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Un informe llegado a los concejales hace algunos días revela un dato no menor: las causas judiciales que la municipalidad mantiene abiertas. En total son casi 60 juicios (58 en rigor) y las demandas acumuladas suman casi $2.000 millones. Según el informe, en total son $1.910.621.574. Gran parte de ellas (45) generadas en 2025. Y 17 de ellas generadas en años previos, es decir, bajo la administración del exalcalde Carlos Barra. 

Ahora, el informe también explica en la etapa en que están la mayoría de las causas —la mayoría de ellas laborales y civiles—. De las que están más avanzadas, seis se encuentran acogidas en favor de los demandantes, aunque con recursos abiertos. En cuanto a las rechazadas (en las que la municipalidad avanza con miras a un eventual triunfo judicial) son 18; pero casi todas con recursos que aún las mantienen abiertas. 

Ahora, cómo se prepara la municipalidad para poder hacer frente a estos requerimientos y, eventualmente, hacerse cargo de los pagos. Según  se explicó desde la actual administración liderada por el alcalde Sebastián Álvarez, en el presupuesto municipal de este año hay un monto de $100 millones asignado directamente para estos eventuales pagos. Además de eso, de los poco más de $1.400 millones que quedaron a libre disposición, se dejaron otros $247 millones para los juicios. Es decir, para 2026 hay disponibles directamente $347 millones. De faltar recursos, se explicó, se debe recurrir a modificaciones presupuestarias que, necesariamente, deben pasar por el concejo municipal. 

Críticas de concejales 

Consultados los concejales por este tema, apuntaron, entre otras cosas, a los conflictos laborales registrados al interior de la municipalidad y a los dineros asignados para eventuales pagos. En ese contexto, Marina Matus (REP), enfocó directamente en el tema laboral. “El 74% corresponde a conflictos laborales que no es un tema menor porque se evidencia un problema de estructura de gestión y no una situación aislada. Esta concentración revela fallas en el cumplimiento normativo en la administración de personal y en los controles internos que es súper importante. No son contingencias inevitables, son riesgos previsibles cuando la gestión es deficiente”, argumentó la edil republicana. 

Sobre las cifras apuntó: “Cada peso destinado a juicio es un peso menos para seguridad, infraestructura y servicios para los vecinos. Además se expone innecesariamente al municipio a observaciones de la Contraloría. Y esto se puede evitar. Acá no está en juego una disputa política, sino que la responsabilidad fiscal”. 

La independiente Verónica Castillo, en tanto, enfocó directamente en los recursos reservados para eventuales pagos; los que consideró insuficientes. “En el presupuesto 2026 se ve claramente que no guardaron estos recursos. Un alcalde tiene que priorizar y los gastos que hay que cubrir son casi $2.000 millones los que la municipalidad podría pagar en juicios si es que los pierde. Son juicios laborales, en su mayoría, por despidos injustificados y es probable que la municipalidad pierda. Y esto no está reflejado en el presupuesto municipal. Yo se lo hice ver al alcalde y al concejo, pero no fue tomado en cuenta. Y ahora hay que ver cómo se va a pagar esto durante el invierno porque siempre se nos dice que no hay dinero. Es preocupante cómo se va a solucionar esto”, señaló Castillo. 

Quien también quiso opinar, fue el concejal Emilio Ulloa (RN), que espetó que “cada peso de los puconinos se debe cuidar con máximo rigor”. “Es preocupante que cifras de esta magnitud estén en riesgo. Mi prioridad es exigir y vigilar que los recursos públicos se utilicen correctamente y no se pierdan en procesos judiciales que pudieron evitarse, es por esto que en pasadas sesiones de concejo municipal he solicitado vía oficio conocer las causas en proceso y aquellas en las  que ya se ha dictado sentencia. La salud municipal y las urgencias sociales de nuestros vecinos son la verdadera prioridad, y no podemos permitir que el presupuesto se desvíe de esas necesidades básicas por situaciones evitables e irresponsables”, sostuvo y luego agregó: “Como concejal estaré encima de cada etapa de este proceso, actuando con responsabilidad en cuanto al patrimonio de nuestra comuna. Así como aprobé la auditoría a la administración anterior, no descansaré en mi rol de fiscalizar que cada peso de Pucón se invierta donde realmente se necesita: en el bienestar de nuestra gente”.

Finalmente Claudio Cortez (RN) catalogó los montos como “una cifra exorbitante”. “Cada demandante afectado tiene todo el derecho a defenderse y eso no es cuestionable. Lo preocupante, y lo dije en su momento, en un concejo fue el despido de muchos funcionarios el día uno de la administración del alcalde Álvarez lo que hoy me da la razón. Según el informe hay 58  tipos de causas y tenemos 42 por causa por ‘despido injustificado’ y ‘tutela de vulneración de derechos’. Es decir casi el 85% de los juicios son laborales”, sostuvo Cortez, quien agregó: “El alcalde cometió el error de politizar las salidas y no hacer un periodo de evaluación para después tomar la decisiones de desvincular estoy seguro que no estaríamos hablando de este tema. Es importante señalar que si los juicios son perdidos el municipio no dejó lo suficiente para poder pagar tendremos que ver modificaciones presupuestarias, que claramente afectaría a otras direcciones”.

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