Administrador Municipal y juicios: “No se pueden utilizar las causas judiciales como indicador de gestión”

• Sergio Núñez salió al paso de las críticas de una parte del concejo, luego de que se conociera el informe con los procesos en tribunales que debía enfrentar el municipio, el que acumula demandas que bordean los $2.000 millones. Director Jurídico Franco Tosti-Croce aclaró, además, que la forma de provisionar los recursos para eventuales pagos está regulado por la Contraloría

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El Administrador Municipal, Sergio Núñez, enfrentó las críticas de los concejales luego de conocida la información sobre la acumulación de juicios que involucran a la entidad edilicia. En rigor son demandas que, acumuladas, bordean los $2.000 millones. Nuñez, sostuvo, entre otras cosas, que en un estado de derecho los organismos públicos son susceptibles de ser demandados y que las cifras que se manejan son, en los hechos, registrables, pero no necesariamente es lo que se termine pagando ya que hay causas que se ganan y otras que, si bien se pierden, los tribunales bajan los montos. 

“El hecho de que nosotros tengamos juicios en contra de la municipalidad o nosotros ejerzamos acciones legales en contra de una empresa o de algún ciudadano es parte de las reglas del juego de un estado de derecho y no indica que seamos eficientes o ineficientes. Es decir,no se pueden utilizar las causas judiciales como indicador de gestión”, explicó y agregó: “Pueden haber municipalidades o servicios públicos con una cantidad enorme de juicios, pero son tremendamente eficientes en la prestación de los servicios que otorgan como puede haber municipalidades que no tengan ningún juicio, pero sean tremendamente ineficientes”. 

Hay que recordar que la crítica en ese sentido vino de parte de la concejal Marina Matus (REP), quien apuntó a que la mayoría de las causas generadas en esta administración venían desde el área laboral. “El 74% corresponde a conflictos laborales que no es un tema menor porque se evidencia un problema de estructura de gestión y no una situación aislada. Esta concentración revela fallas en el cumplimiento normativo en la administración de personal y en los controles internos que es súper importante. No son contingencias inevitables, son riesgos previsibles cuando la gestión es deficiente”, señaló la edil a este medio hace una semana. 

Por lo mismo Núñez fue enfático en rechazar los dichos de la concejal: “Como ejemplo, si nosotros tomáramos una hipotética e improbable decisión de hacer un nuevo ordenamiento y se prohibiera el comercio ambulante, evidentemente nos llenaríamos de juicios, pero seríamos tremendamente eficientes respecto al control del comercio ambulante, pero ineficientes si solo contamos los juicios que tenemos. Por lo tanto, hay que despejar esto de que a mayor juicios más eficiencia, eso no es así. Es simplemente el legítimo derecho de todos los ciudadanos de ejercer acciones en contra de la municipalidad y de la municipalidad de ejercer acciones contra terceros”.

Sobre el tema del aumento de despidos al inicio de la administración de Sebastián Álvarez lo que generó el aumento de juicios; Nuñez explicó: “Cuando existe un cambio de gobierno tanto comunales, regionales o nacionales, siempre aumentan la cantidad de juicios o causas laborales por razones obvias: las administraciones que entran tomas decisiones de desvincular personas sobre la base de su programa de gobierno y criterio. Es el derecho que tiene cualquier jefe de un servicio público. Es normal y le va a ocurrir al nuevo gobierno (se refiere al del presidente José Antonio Kast) que las causas laborales en contra de los servicios aumenten en los periodos de cambio”.

Dineros asignados

Otro de los elementos que causó controversia en el tema fue el de los dineros provisionados para eventuales pagos. La crítica en torno a los dineros que se dejaron en el presupuesto municipal para estos efectos iba por el lado de que era poco ($347 millones) en relación a lo que se podía llegar a pagar. La edil Verónica Castillo fue quien levantó esta bandera. “En el presupuesto 2026 se ve claramente que no guardaron estos recursos. Un alcalde tiene que priorizar y los gastos que hay que cubrir son casi $2.000 millones los que la municipalidad podría pagar en juicios si es que los pierde. Son juicios laborales, en su mayoría, por despidos injustificados y es probable que la municipalidad pierda. Y esto no está reflejado en el presupuesto municipal”, sostuvo la ahora edil independiente. 

En ese sentido fue el jefe Jurídico Franco Tosti-Croce quien salió al paso de esto y aclaró que el aprovisionamiento de estos recursos está normado por la Contraloría. “El monto que se informa engloba el total de las demandas que la gente ejerce en tribunales (los cerca de $2.000 millones), pero ese no es el monto que en definitiva tenga que pagar el municipio. Lo segundo, es la forma como se provisionan los juicios, ya que eso está regulado por la resolución 16 del año 2015 de la Contraloría General de la República. Y ahí lo que se hace es un cálculo o un pronóstico de la eventual contingencia o posibilidad de que el municipio se vea expuesto a pagar una determinada indemnización. Y por eso es que el saldo inicial de caja la dirección Jurídica solicitó provisionar $247 millones porque eso es lo que la dirección estima que podrían pagarse —de perder las causas— durante el primer semestre del 2026”, señaló el jefe Jurídico. 

A ese monto hay que agregarle otros $100 millones asignados directamente en el presupuesto. El punto es que, según el director, la forma de provisionar los montos está regulado y a eso se sometieron al definir cuánto dinero se dejaba aparte para posibles pagos. De hacer falta, tal como se explicó en el reportaje inicial, se debe hacer una modificación presupuestaria. En simple, sacar dinero de otros ítems para pagar las eventuales indemnizaciones. 

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