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Fallida licitación de internet: Globalconnect rechaza trato directo para proveer el servicio y prepara acciones judiciales contra concejales

Publicado

2 horas atrás

Marzo 17, 2026

Por

prensa

La municipalidad, en tanto, levantó el proceso de compra cuando el contrato inicial ya estaba vencido. El jefe de Control acusó “negligencia” de parte del área informática de la administración pública local.

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A las 17:25 hrs. del pasado viernes 13 de marzo un correo electrónico llegó a la casilla del jefe de informática de la municipalidad de Pucón, Rodrigo Ortega y también a la del Administrador, Sergio Nuñez. El remitente era Josué Meléndez, gerente de finanzas de la empresa Globalconnect, proveedora de servicios de internet. La misiva apuntaba a dos cosas: la primera rechazar el trato directo que el sistema público le ofrecía por dos meses —mientras se superaba la fallida licitación para entregar el servicio a las escuelas y postas rurales de la comuna— y anunciar acciones legales en contra de los concejales que rechazaron la licitación a principios de marzo. Todo esto, según ellos, por las “graves imputaciones” realizadas por los ediles el día en que se presentó el proceso en la mesa del concejo el pasado 2 de marzo.

“El relación al decreto Nº 981 de fecha 11 de marzo de 2026 que autoriza un trato directo para la entrega de internet a los servicios que fueron rechazados por el concejo en la sesión ordinaria Nº 45 del 02 de marzo pasado, les comunicamos que la empresa declinará la aceptación de este trato, esto fundado en las graves imputaciones hechas por la totalidad de los concejales respecto de la legalidad del proceso licitatorio en contra de Globalconnect, su personal y de los propios funcionarios municipales”, se lee en la misiva virtual. También ahí se agregaba que la empresa preparaba acciones legales que llegarían, incluso, al Tribunal Electoral Regional (TER); organismo que tiene el poder de destituirlos de sus cargos: “Finalmente, creemos correcto informarles que se están preparando las acciones judiciales para buscar sancionar a quienes hayan hecho imputaciones injuriosas o calumniosas, además de la responsabilidad civil y la responsabilidad política ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de quienes corresponda”.

Para entender el contexto de la historia hay que remitirse, tal como lo menciona el correo, a la primera sesión de concejo de marzo. Ahí fue presentado un proceso licitatorio por casi $80 millones que favorecía a Globalconnect para brindar el servicio de internet vía fibra óptica a una serie de colegios y postas del sector rural. En esa oportunidad, el alcalde Sebastián Álvarez se inhabilitó de votar debido a que su jefe en la campaña que lo llevó al sillón municipal es el gerente general de la compañía. Pese a la inhabilidad para emitir una preferencia, el alcalde participó activamente del debate y, más aún, propuso una salida que llamó “comisión investigadora” cuando las opiniones de los concejales (en su mayoría acusaron que faltaban antecedentes) se distanciaron de la asignación del contrato. El resultado fue un doble rechazo unánime —a la “comisión investigadora” y a la licitación— de parte de los ediles.

Lo anterior generó una serie de efectos que se cruzaban entre lo político y lo educacional. Y esto último debido a que se activó una organización de padres y apoderados que comenzó a hacer presión —sobre las autoridades políticas locales— para que los colegios pudieran tener el servicio y así seguir con la continuidad de los procesos educativos.

“Nos resulta incomprensible que, debido a diferencias de carácter político o administrativo, se esté poniendo en riesgo una herramienta educativa básica para el desarrollo de nuestros estudiantes. La conectividad escolar no puede transformarse en un tema de disputa política, ya que hoy constituye un recurso fundamental para el aprendizaje, la gestión educativa y el funcionamiento cotidiano de los establecimientos”, se leía en una carta que estaba dirigida a la jefa de la dirección de Educación municipal, Katty Rodríguez. En la misiva, hecha pública en breve tiempo, también se leía: “Queremos ser claros en un mensaje central hacia la comunidad y las autoridades: los estudiantes de Pucón no pueden quedarse sin internet por disputas políticas, falta de recursos, demoras de gestión en decretos. La conectividad escolar no es un favor ni una concesión administrativa; es una herramienta esencial para el proceso educativo”.

“Negligentes”

Pero la situación tomó un nuevo cariz en el último concejo municipal (el debate completo al final de esta nota). Ahí se revelaron nuevos elementos que tienen. incluso, con la posibilidad cierta de abrir un sumario administrativo por algunos problemas registrados al interior de la administración pública local. Uno de ellos fue revelado por el jefe de Control, Walter Carter, quien entregó luces de nudos —hasta ese día— desconocidos por la opinión pública en toda esta trama. El primero, que la licitación ya estaba vencida en noviembre de 2024. Es decir, por varios meses (a lo menos cuatro) los establecimientos, postas y algunas cámaras de seguridad estuvieron operando con un contrato de suministros vencido o que ya no estaba vigente.

“Hubo un contrato de suministros con fecha 24 de noviembre con vigencia por un año. Terminó el 24 de noviembre de 2025. Lamentablemente, y ahí hay un tema administrativo, la unidad técnica encargada de elevar eso recién emitió un correo informando esto con fecha 9 de diciembre cuando estaba todo vencido. Y ahí, perdóneme que les diga, hay una negligencia de por medio. Se avisó tarde”, explicó Carter.

Conocido esto, los concejales solicitaron al Administrador Municipal, Sergio Núñez, (el alcalde está de vacaciones) un sumario administrativo; a lo que Núñez accedió. Este alto funcionario también explicó que los colegios estaban sin internet, porque la empresa (Globalconnect) rechazó el trato directo que permitía salvar la situación por los meses que dure el nuevo proceso licitatorio.

“Como ven es un tema absolutamente administrativo a lo cual como concejo nosotros no tenemos responsabilidad y yo le sugiero al señor administrador que inicie un sumario administrativo que es lo que corresponde”, señaló la concejal Verónica Castillo.

Sergio Núñez, en tanto, luego de validar la posibilidad de un sumario, agregó que analizarán el tema con la dirección Jurídica. “Las empresas no pueden dejar de prestar el servicio de un modo discrecional. Las empresas tienen que dejar de prestar el servicio cuando hay una causal contractual para prestar el servicio. Como esto ocurrió el viernes en la tarde y ahora en la mañana, como les acabo de señalar recién, desconozco si la empresa está o no en condiciones de dejar de prestar el servicio”, sostuvo el Administrador, Sergio Núñez, quien agregó: “Le pedí al director Jurídico con sentido de urgencia revise sobre la pertinencia o la legalidad del corte. Si el corte fue en forma arbitraria habrá que tomar ciertas medidas y si el corte era lo que le correspondía porque no le estábamos pagando porque el contrato había terminado, evidentemente que hay que iniciar un proceso sumarial para determinar por qué un servicio que había terminado en mes de diciembre la licitación se hizo en marzo”.