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Globalconnect demanda al alcalde y concejales por fallida licitación a internet para colegios rurales

Publicado

2 horas atrás

Abril 13, 2026

Por

prensa

El requerimiento fue realizado en el Tribunal de Contratación Pública y pide, entre otras cosas, que se retrotraiga el proceso y se adjudique a la compañía cuyo gerente general fue jefe de campaña del alcalde Sebastián Álvarez.

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La controversia por la fallida licitación para proveer internet a colegios y otros servicios del sector rural de la comuna escaló a una etapa superior. Esto, porque la empresa que se había adjudicado el servicio por casi $80 millones, Globalconnect, inició una acción legal en el Tribunal de Contratación Pública (TCP) y pide, entre otras cosas, retrotraer la decisión del concejo que rechazó la licitación que los favorecía o, en caso contrario, ser indemnizados.

Así se desprende del documento, al que se puede acceder públicamente en la web del tribunal, en el que se acusa que el concejo municipal tomó una decisión “ilegal” y “arbitraria” al echar por tierra la mencionada licitación a principios de marzo. Esto último materializado en el decreto alcaldicio Nº 991, en el que se especificaba el rechazo del cuerpo colegiado a la propuesta de la empresa; la que había sido evaluada positivamente por la comisión técnica de la municipalidad que recomendaba la adjudicación.

“Acto administrativo este último (el decreto Nº 991) que tiene presente el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de fecha 2 de marzo de 2026 en la Sesión Ordinaria N° 45, y ambas actuaciones, con exceso de atribuciones, rechazan la propuesta de la Comisión Evaluadora en orden a adjudicar a mi representada la licitación pública ID N° 2387-6-LP26 denominada ‘Licitación Pública Servicios y Soluciones TI de Internet complementario para sectores de difícil acceso, Sector Rural E Itinerante’”, se lee en la demanda, la que luego agrega: “Dicho decreto alcaldicio y acuerdo impugnados en esta acción, resultan ser ilegales y arbitrarios por cuanto su respectiva dictación y emisión infringen, entre otras normas y tal como más adelante se verá, lo dispuesto en la Constitución Política de la República (…) se trata de actos ilegales y arbitrarios que, en lo concreto, rechaza la propuesta de adjudicación de la comisión evaluadora a la oferta que obtiene el mayor puntaje presentada en la licitación pública y que corresponde a la de mi representada”.

Las dudas del concejo

En la discusión llevada adelante en el concejo municipal el día que se debía definir la adjudicación, los ediles apuntaron a dudas que les quedaban y que partieron, entre otras cosas, con la posibilidad de que el renunciado jefe de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac), Alexis Figueroa, se vaya a trabajar a la empresa proveedora del servicio una vez finalizada su participación en el equipo municipal a fines de marzo. Además de eso, el alcalde Sebastián Álvarez transparentó la relación que tiene con el gerente general de la compañía, Carlos Banchieri, a quien calificó como “amigo” y que fue, además, jefe de campaña de Álvarez en la pasada elección municipal en la que resultó vencedor.

Por lo mismo el líder comunal se abstuvo de votar, aunque no de participar en la discusión. Incluso propuso una comisión que motejó (Álvarez) como “investigadora” para aclarar las dudas de los ediles. Esta propuesta también fue rechazada por unanimidad, al igual que la adjudicación.

Todos estos antecedentes quedan, por cierto, implícitos en la demanda: “Como asunto de previo y especial pronunciamiento, toda vez que esta situación es la que incide y determina la votación edilicia que más adelante se indicará, resulta útil manifestar que en la sociedad impugnante, trabaja como gerente don Carlos Banchieri Pérez, quien fuera el jefe de campaña del actual alcalde de la comuna. Sin embargo, este hecho de pública notoriedad ha sido debidamente informado por el Alcalde a fin de manifestar su inhabilidad en todo acto o proceso licitatorio en que participe durante su gestión mi representada”.

Sobre la situación de Figueroa, el documento señala: “Por otra parte, en este proceso licitatorio el funcionario director de Secplac, don Alexis Danilo Figueria Yáñez, no ha participado desde el inicio tanto así que las bases administrativas fueron suscritas por don José Luis Styl Vergara en calidad de director de Secplac subrogante y las bases técnicas fueron suscritas por don Rodrigo Ortega Coliman, Profesional de informática de la Municipalidad y por don César Curihual Rascheya, profesional de informática del departamento de Salud”.

Según la misma demanda, estos cuestionamientos no tenían sustento ni efecto en la licitación; en la que la empresa obtuvo el máximo puntaje y, por lo mismo, debía ser la adjudicataria del contrato. “En ese sentido, la oferta presentada por mi representada fue la que obtuvo el puntaje más alto en la evaluación y, por ende, resultó ser la más conveniente para los intereses municipales, toda vez que las condiciones ofertadas por esta sociedad cumplieron con cada uno de los requisitos impuestos en los pliegos de condiciones que han regulado la licitación de la especie”, acota la demanda que especifica que los ediles basaron su rechazo en situaciones que nunca estuvieron contempladas en el concurso.

Es en ese contexto que la empresa pide al tribunal que retrotraiga la decisión de los ediles y que, en paralelo, suspenda cualquier proceso licitatorio que busque brindar los mismos servicios. Esto, hasta que se resuelva el requerimiento legal. “Se dejen sin efecto los actos recurridos en la Licitación Pública ID 2387-6-LP26, como todas las consecuencias que deriven de aquellos, retrotrayendo la licitación al estado que esta sea adjudicada a mi representada”, se lee en uno de los puntos de las peticiones. En otro de ellos se agrega: “Ordenar a la Municipalidad de Pucón, adjudicar a mi representada, la oferta presentada en la Licitación Pública ID 2387-6-LP26.-, por cuanto fue la que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación final de la licitación aquí impugnada”.

En caso contrario, la empresa pide que la municipalidad indemnice a Globalconnect. “En caso de que no pueda darse cumplimiento a lo solicitado en los numerales anteriores, se declare que a mi representada le asiste el derecho a ser indemnizada por los perjuicios ocasionados en el actuar ilegal y arbitrario de los demandados”, apunta el documento que pide que los requeridos (concejo municipal) paguen las costas del proceso.

Compra ágil

Actualmente el servicio de internet para once puntos que incluye colegios rurales y servicios médicos se suple mediante un proceso de “compra ágil”, sistema especial de adquisiciones públicas que permiten contratar servicios acotados de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales (cerca de $7 millones). Este proceso licitatorio, que permite brindar el servicio por cuatro meses, también fue adjudicado por Globalconnect.