La injerencia municipal  en la licitación de casinos que viene: desde aspectos de infraestructura hasta oferta económica mínima

• El alcalde debe proponer las denominadas “condiciones especiales” al organismo regulador que incluye, entre otras cosas, la cantidad de UFs que se establecerán con piso para los interesados. El Consejo Resolutivo de la superintendencia será, eso sí, quien tome la decisión final en estos aspectos. 

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Luego de que la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) autorizara el miércoles que pasó la renuncia de Enjoy a la concesión de Pucón y Coquimbo (Viña del Mar se resuelve a mediados de agosto); se abre una nueva etapa en la historia casinera en la comuna. Esto, porque más allá de que se asegure la oferta económica de 121.000 UFs anuales (casi $5.000 millones) por los próximos tres años; en paralelo el organismo regulador (la SCJ) debe iniciar un nuevo proceso de licitación. Y ahí, tal como lo reiteró el organismo en el comunicado hecho llegar a los medios de comunicación horas después de materializada las renuncias, tanto las gobernaciones como las municipalidades tienen incidencia en el proceso. 

Consultada la SCJ sobre qué nivel de injerencia tienen las municipalidad en las bases de la nueva licitación que está por venir, fueron claros en señalar que el tema estaba claro en la nueva Ley de Casinos. Ahí se establecen las denominadas “condiciones especiales” de los establecimientos que originalmente estaban en el anterior régimen (Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales). Y es en la Ley donde se pueden encontrar taxativamente el nivel de injerencia que tienen las municipalidad. 

En primera instancia, el Consejo Resolutivo de la SCJ tiene que definir lo que se conoce como “condiciones especiales”. Esto a petición de la misma SCJ, la que los definirá luego de audiencias con los alcaldes de las comunas. 

“El Consejo Resolutivo de la Superintendencia, previa proposición de esta, determinará las condiciones especiales para el otorgamiento del permiso de operación, que considerarán, entre otras, una oferta económica mínima garantizada, la construcción o ampliación de la infraestructura turística de la comuna donde haya de instalarse el casino y el porcentaje de trabajadores que se desempeñan para el actual concesionario que continuarán prestando servicios, que no podrá ser inferior al 80%”, se lee en uno de los artículos de la mencionada Ley (20.856), en la que luego se agrega: “La propuesta que formule la Superintendencia deberá efectuarse previa audiencia de los alcaldes de las comunas a que se refiere el inciso primero del presente artículo, sin perjuicio de que, una vez efectuada dicha propuesta, el Consejo Resolutivo deberá oír a las referidas autoridades si estas lo solicitan. 

En resumidas cuentas, si bien es la SCJ la que propone estas “condiciones especiales”, la propuesta debe formularse al Consejo Resolutivo después de escuchar a los alcaldes. Además de lo anterior, el municipio será consultado, posteriormente, por las propuestas y viabilidades técnicas y sociales de los proyectos que se presenten. Fue en esta etapa que el actual proyecto de Enjoy sufrió una serie de complicaciones para su ejecución, debido a que tuvo problemas para la obtención de permisos. Hay que recordar que la anterior administración edilicia valoró de una mejor manera la propuesta del actual concesionario por sobre la que hizo la empresa Dreams. 

Según la SCJ, mantener operando el casino de juegos de Pucón por los próximos tres años, es decir hasta 2028, se podrá mantener una recaudación fiscal superior a los $17.623 millones. Todo esto entre el impuesto específico al juego ($7.547 millones), a la recaudación de IVA ($7.170) y al porcentaje de impuesto por entradas ($2.904). En estas cifras, por cierto, no está la oferta económica garantizada anual en beneficio municipal que en Pucón asciende a 121.000 UFs. Es decir, cerca de $5.000 millones. Sobre el nuevo llamado a licitación, desde la SCJ no están claros sobre las fechas exactas, aunque aclaran que debe ser en el corto plazo para no alargar más los tiempos. 

Oferta mínima en Puerto Varas

El último proceso licitatorio llevado a cabo por la SCJ fue en la comuna de Puerto Varas. Ahí se estableció una propuesta económica mínima de 5.000 UFs ($195 millones) de beneficio municipal anualizado. Muy lejano de las 121.000 UFs ofertados por Pucón en 2018. Esto, según se explicó, debido a que las condiciones del mercado cambiaron radicalmente. Y, además, porque se entiende que un piso bajo generará más competitividad de los proyectos lo que, obviamente, elevará la cifra final ofrecida y ayudará a mejoras en la infraestructura. Entre las exigencias de Puerto Varas, por ejemplo, se cuentan la ejecución de refugios peatonales urbanos con una inversión asegurada en ese sentido que va desde las 5.000 ($195 millones) UFs hasta las 5.500 ($215 millones).