Crisis de Vivienda: comités Valle y Alto deben tomar decisión clave en medio de compleja maraña jurídica

• El departamento Jurídico de la municipalidad deja sin efecto el procedimiento de invalidación de los contratos con la Constructora Biobío. Y el seremi del Minvu, Patricio Escobar,nentrega una eventual salida para zanjar el gran problema de la asignación de contratos para la edificación de las viviendas sin licitación previa. Según la autoridad regional las organizaciones tienen tres alternativas. Todas ellas tienen “pro” y “contra”.

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Mientras el tiempo avanza, la incertidumbre también podría crecer para los ya emblemáticos comités de vivienda Altos del Sur y Valle Pucón. Pero han pasado cosas en el último mes en torno a la factibilidad de romper esa especie de “zapato chino” que se transformó el proceso para darle una solución habitacional a las 299 familias que esperan desde hace casi diez años cumplir con el anhelado “sueño de la casa propia”. Todo esto luego de conocerse que los tres contratos firmados con la Constructora Biobío por casi US $20 millones fueron cuestionados en su legalidad por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Esto, por no haber pasado por un proceso de licitación previo al estar respaldado por una Entidad Patrocinante (EP) de la municipalidad. 

Lo primero que se conoció en la última semana fue que la municipalidad determinó dejar sin efecto o terminar el proceso de invalidación de los contratos firmados con Biobío. Esto se estableció en un informe hecho llegar al alcalde Sebastián Álvarez y al director de Secplac, Alexis Figueroa. En el documento, firmado por la abogada Rommy Gudenschwager, se recoge la historia del proceso de los tres contratos cuestionados. Además se recogieron los argumentos de la constructora, la que dejó estipulado que de materializarse la invalidación la empresa debía ser resarcida económicamente. 

El informe concluye, entre otras cosas, que sí existió una “abierta transgresión a la norma” al no realizarse una licitación. No obstante lo anterior, también deja en claro que los contratos firmados ya tienen efectos sobre los contratantes y terceros (las familias de los comités) imposible de soslayar. 

“En efecto, del mérito del proceso aparece que los contratos aprobados por los actos en impugnación comenzaron a surtir sus efectos jurídicos, generando obligaciones y derechos para los contratantes, luego de su suscripción, por lo que efectivamente se detecta la existencia de una situación consolidada que se yergue como óbice para el ejercicio de la potestad invalidatoria”, se lee en el documento, el que luego agrega: “Unido a ello se debe también tener en cuenta que frente a la eventual posibilidad de invalidarse los citados actos administrativos, se podrían lesionar derechos de terceros de buena fe que no han intervenido en su dictación irregular, como precisamente lo son los comité de vivienda beneficiarios del subsidio otorgado por el Minvu, de suerte que por este motivo tampoco podría procederse con la invalidación”. Es en ese sentido, que la abogada Gudenschwager recomienda al alcalde dejar sin efecto la invalidación y confirmar los decretos que fundamentaron los contratos con la Constructora Biobío. 

Informe de la seremi

Lo que también se conoció fue un informe jurídico firmado por el seremi del Minvu, Patricio Escobar. Ahí bajo un detallado análisis legal de la situación se llega a una conclusión similar al llegado en el procedimiento que firmó la abogada de la municipalidad Rommy Gudenschwager. Es decir, concuerda en que los contratos con Biobío debieron otorgarse bajo el procedimiento de una licitación pública y no de modo directo. Con todo, eso sí, abre una pequeña ventana que daría una salida a los complicados comités y a las familias. Y esto último tiene que ver con acreditar imprevistos de fuerza mayor, y pasar por la aprobación de la mayoría del concejo. 

“Debió procederse, en el caso de análisis, por la vía de la licitación pública o, tal como lo refiere el artículo 8 en su inciso tercero, acreditarse imprevistos u otras circunstancias debidamente acreditadas por el concejo y con el voto de la mayoría de los concejales en ejercicio, que permitieren aplicar la excepcionalidad del trato directo”, se puede leer al final del documento. 

Habla Escobar

Según el seremi del Minvu, Patricio Escobar, son los comités los que deben tomar la decisión en torno al tema. Y para ellos tienen tres opciones. La primera es licitar nuevamente. “Ahí el municipio tiene el sartén por el mango porque ellos van a poner las condiciones para la nueva licitación”, explica Escobar.

La segunda alternativa que entrega la autoridad regional de Vivienda es que continúen con la constructora y exista un acuerdo unánime del concejo municipal con base en las razones de “fuerza mayor” mencionadas en el informe que el servicio hizo llegar a la municipalidad. La tercera es que los comités decidan no trabajar más con la EP municipal y seguir por el camino propio con una EP privada y escojan la constructora que ellos quieren: “Todas estas opciones tienen sus pro y sus contras. Si se van de la municipalidad van a retroceder porque van a perder todos los avances técnicos que habían tenido antes. Yo les dije que las decisión las tienen que tomar ellos. Los comités deben tomar las decisiones”. 

Por ahora el tema es de profundo análisis al interior de la municipalidad y esta semana se esperan algunas reuniones de trabajo de los equipos técnicos y jurídicos municipales con los concejales para plantear estas situaciones.