“Caso Sobresueldos”: municipalidad reconoce preinforme de Contraloría y dice que decisiones “se han ajustado a la normativa vigente”

• Pese a remarcar que lo realizado está dentro del ámbito legal, también reconocen la apertura de un “procedimiento interno disciplinario” para determinar eventuales responsabilidades. 

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Durante la tarde de este lunes la municipalidad de Pucón reconoció la recepción del preinforme de Contraloría en el denominado “Caso Sobresueldo”. Con esto, confirma la información publicada la tarde del viernes por este medio; que apuntaba a que el documento emanado del organismo contralor plantea que existe un “eventual detrimento al patrimonio público municipal”. 

“Entendemos la importancia de los hallazgos y aseguramos a la comunidad que, como siempre, todos los antecedentes están y estarán a disposición del organismo contralor para su completa revisión”, se lee en el comunicado que profundiza, además, que el preinforme es un documento que puede será respondido “a cabalidad” por la municipalidad en los plazos adecuados. 

Agregan, eso sí, que están convencidos que han actuado apegado a la Ley: “La municipalidad de Pucón reafirma su convicción de que todas las acciones y decisiones administrativas llevadas a cabo se han ajustado a la normativa vigente”. También reconocen, eso sí, la apertura de un “procedimiento interno disciplinario”. “El objetivo de este sumario es determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones que pudieren corresponder”. 

El denominado “Caso Sobresueldos” partió con una denuncia anónima a la Contraloría en la que, entre otras cosas, enfocaba en las remuneraciones y funciones de tres de los asesores más cercanos al alcalde Sebastián Álvarez (en la foto en una actividad la mañana de este lunes). En esta lista estaban el asesor contable, Iván Soriano; y también el periodista Jéfferson Adaro. El primero con un sueldo de $4,5 millones mensual y el segundo con una remuneración mensual de $4 millones. En el grupo también está el asesor de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) con una remuneración de $3,5 millones. Sobre los dos primeros se denunciaba que cumplían funciones de jefaturas sin estar habilitados administrativamente para ello. Y sobre el último, se especificaba que solo contaba con licencia de enseñanza media. 

Según lo que se supo, el preinforme del organismo contralor indicaba que Soriano y Adaro debían estar adecuados a un grado 8 profesional en la escala de funcionarios públicos (con un sueldo de cerca de $2 millones aproximado) y el de Backit a un grado 11 administrativo ($1,7 millones aproximado). Sobre los bonos recibidos en mayo ($500 mil) por cada uno, la Contraloría estaría en la línea de que no correspondía. 

La municipalidad se encuentra en proceso de respuesta del preinforme. Luego de eso, el organismo regional emitirá su informe final y desde ahí se adoptarán las decisiones que correspondan.

El comunicado