Francisco Torres decide dar pelea y presenta recurso de protección en contra del alcalde Álvarez

• Acusa que se vulneraron derechos constitucionales, revela presentación de denuncia previa por Ley Karin y pide que se revoque el decreto de destitución. Corte de Apelaciones debe definir admisibilidad y solicitud de no innovar.

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Cuando parecía que el ambiente se descomprimía al interior de la municipalidad con la salida del Administrador, Francisco Torres, la presión subió un escalafón más. Esto, porque el abogado (Torres) decidió presentar un recurso de protección en contra de su antiguo jefe, el alcalde Sebastián Álvarez, por considerar que la forma en cómo sucedió su remisión atentaba en contra de sus derechos fundamentales. Así al menos se lee en el documento que es público en el sistema del Poder Judicial, y que está en proceso de análisis para definir la admisibilidad. 

El relato de Torres en el recurso parte detallando los hechos al momento de su remoción. Dice que se entera de su salida a través de distintos mensajes de Whatsapp y que lo confirma con el comunicado que colgó el municipio en sus redes sociales. Acusa que hasta el día de la presentación del escrito no había sido notificado formalmente. 

“Que al revisar la red social Instagram del municipio, me percato de un comunicado que da cuenta de un denominado “cierre del ciclo de funciones” y que el cargo que servía, ha sido declarado vacante”, se lee en el documento, en el que se agrega: “Que lo que se comunica corresponde a un acto jurídico formal y terminal que a la fecha de esta presentación no ha sido notificado formal y personalmente como en derecho corresponde o desde su eventual expedición de remitente no se ha dado por notificado, no obstante y ante la inminente vulneración de derechos fundamentales, se hace necesario recurrir ante Sus Señorías Ilustrísimas de acción de protección”. 

Ley Karin

Pero no solo eso. Torres también revela que hizo una denuncia por la Ley Karin en contra de su superior jerárquico. Lo anterior, eso sí, sin explicitar el nombre del alcalde Sebastián Álvarez. “Que desde el mes de septiembre de este año 2025, me encuentro en tratamiento médico de salud por enfermedad profesional con resolución de calificación de la misma por la mutualidad. Documento que acompaño a esta presentación y que da cuenta en su parte pertinente, de la declaración de enfermedad profesional por mal trato y hostigamiento de jefatura o superior jerárquico”, señala.

En el párrafo siguiente explicita que debido a este supuesto “mal trato” y “hostigamiento” interpuso una denuncia en Contraloría por la Ley Karin: “Que referente a lo anterior y habiendo iniciado el protocolo de maltrato laboral, acoso y protección de ley Karin, al tratarse de un edil implicaba que la denuncia se efectuara en la Contraloría General de la república, esto se debe a una acción de falta a la probidad y maltrato laboral respecto del cual se ha acogido a trámite y que actualmente es sustanciado por la propia Contraloría General de la República con la debida reserva y protección de datos sensibles y salud física y psíquica”. 

“Caso Sobresueldos”

En relación a su salida y el entramado generado en el contexto del denominado “Caso Sobresueldos”, Torres señala que nunca vio el preinforme de Contraloría y desliza que su remoción fue propiciada por el denominado “nuevo bloque” de concejales. Incluso acusa que la reunión que estos cuatro ediles (Julio Inzunza, Verónica Castillo, Emilio Ulloa, y Claudio Cortez) en las horas previas a la salida de Torres y en la que también estuvo por unos minutos el exalcalde Carlos Barra; fue un encuentro para “celebrar” la remoción. Esto, pese a que este evento fue previo a la comunicación pública de parte de la municipalidad de terminar con la labor del abogado temuquense. 

“Conforme a filtraciones de prensa de un pre-informe de Contraloría, al que no he tenido acceso, por cierto, donde refiere según se comunica un eventual detrimento por remuneraciones de honorarios, que en ningún caso corresponden a mí, el mismo bloque de concejales indicados Castillo-Inzunza-Ulloa y Cortés, presenta requerimiento en oficina de partes de la Municipalidad de Pucón demandando medidas disciplinarias, también como un mandato de presión”, explicita Torres, quien también hace alusión al instructivo de Contraloría que frena la salida de funcionarios públicos 30 días antes y hasta 60 días después de las elecciones. 

Al final del recurso, Francisco Torres pide que la Corte revoque el decreto que posibilitó su destitución y del que, según él, no ha sido notificado y también una orden de. no innovar. “Ordenar la Revocación del Decreto Alcaldicio N° 3694, que a la fecha no me ha sido notificado formalmente y que ha dispuesto mi destitución del municipio, ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que importan privación, perturbación y/o amenaza del legítimo ejercicio de la garantías fundamentales invocadas, en razón de los hechos referidos, debiendo adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho”, concluye el abogado, quien se defenderá el mismo en el tribunal de alzada temuquense.

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