Scooters: autoridades deciden baja de la velocidad y restringir el horario de funcionamiento

• Para este miércoles se proyecta una fiscalización masiva que permita, a la vez, educar a los usuarios de estos populares vehículos eléctricos. 

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Se han transformado casi en una moda en Pucón, pero también han traído algunas complicaciones. Se trata de los scooters que la empresa Whoosh trajo a la comuna propiciados por la política pública municipal de apostar por la electromovilidad. Así las cosas, y luego de una reunión sostenida la mañana de este viernes, se tomaron algunas decisiones para evitar accidentes y el mal uso de los aparatos. Entre ellas, la baja de la velocidad y la restricción del horario de funcionamiento.

En relación a lo anterior se especificó que la velocidad máxima bajará —a través de los propios mecanismos que controlan estos vehículos— de 25 km/hr. a 18 km/hr. Y en algunos sectores céntricos de la comuna, la velocidad bajará hasta los 15 km/hrs. Es decir, aunque los usuarios quieran andar más rápido, el mecanismo de control tecnológico de los mismos scooters impedirá pasar de los límites. Respecto a la restricción horaria, se estableció que los vehículos tendrán un cese entre la una y las seis de la madrugada. Es decir, entre esos horarios no estarán en funcionamiento. 

Pero no es lo único. También se buscará penalizar el uso de este medio de transporte por parte de menores de edad y también que quienes se suban a estos aparatos lo hagan con las medidas de seguridad que correspondan. Es decir, casco y chaleco reflectante. “Como Carabineros vamos a iniciar una marcha blanca junto a Seguridad Ciudadana para poder fiscalizar el uso del casco de seguridad y que los menores no puedan transitar en estos scooters. Solamente están permitidos para mayores de 18 años. Todo esto va a generar una mejor cultura para ir normalizando el uso debido del scooters eléctrico”, expresó el mayor de Carabineros, jefe de la 9ena Comisaría de Pucón, Gerard Salazar. 

De hecho, para este miércoles —comentó Salazar— está planificada una fiscalización masiva para que los usuarios se vayan acomodando a la normativa y puedan cumplir con las exigencias. Según explicaron desde la municipalidad, la empresa que trajo los vehículos a la zona paga un derecho de 5 UTM anuales. Es decir un poco menos de $350 mil.

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