“Caso Sobresueldos”: Contraloría detecta pagos en exceso por más de $55 millones a asesores en Pucón

• El organismo apuntó contra tres funcionarios considerados “clave” al inicio de la actual administración liderada por Sebastián Álvarez. Calificó, además, los montos cancelados como “desproporcionados” y pide que los antecedentes se integren al sumario que lleva adelante la municipalidad. 

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Son casi 50 páginas de análisis y otras tantas de anexos con antecedentes generados en una serie de denuncias que dieron pie a lo que se conoció como el “Caso Sobresueldos”. Así el informe 731-2025 de la Contraloría General de la República fue remitido a la municipalidad de Pucón el pasado 4 de marzo y ahí se revelan algunos elementos que, si bien, se anticiparon en el preinforme del organismo contralor en noviembre, se confirman con el documento final. Entre ellas que los montos pagados a tres funcionarios a honorarios y cercanos al alcalde Sebastián Álvarez fueron catalogados como “pagos desproporcionados” en relación al grado más alto de los grados de planta con los que fueron homologados. Es decir, ganaban más de lo que debían ganar en relación a las características de los cargos y funciones que desempeñaban. 

“Se advirtió una desproporcionalidad en los montos pagados a colaboradores contratados bajo la modalidad de honorarios, toda vez que los estipendios percibidos por los asesores Iván Soriano Tenorio, Esteban Backit Nahum y Jefferson Adaro Valencia, superaron las remuneraciones correspondientes al grado más alto del estamento pertinente a la planta municipal, que en cada caso haya percibido otra persona en funciones análogas”, se lee en la página donde se acotan los “resultados de la investigación”.

El documento también recrimina, por cierto, los “bonos” que los tres funcionarios cuestionados se pagaron en marzo y mayo. El informe sostiene que no correspondían debido a que no se acreditaron antecedentes que justifiquen la procedencia, ni la autorización de dichos pagos. Y sobre eso, la CGR pide que se acredite fehacientemente y con documentos que esos dineros fueron reingresados a las arcas municipales; tal como lo anunció el alcalde Álvarez luego que el caso estallara a fines del año pasado: “La municipalidad de Pucón deberá acreditar documentalmente los ingresos derivados de devoluciones efectuadas por todos los prestadores que recibieron incrementos excepcionales de manera improcedente acompañando la orden de ingreso respectivo y las cartolas bancarias que demuestren la percepción de dichos fondos”. 

La Contraloría acotó además que las funciones desempeñadas por Soriano y Backit no tienen el carácter de “accidental” ni “específico” que justificasen la modalidad de contratación (a honorarios); sino que corresponden a “labores permanentes y habituales” en la estructura municipal. Por lo mismo, no correspondía que prestasen funciones bajo dando boleta mes a mes.

Remuneraciones

La CGR también hace un análisis profundo de las remuneraciones que recibieron los tres funcionarios que llegaron con la administración Álvarez (Soriano, Backit y Adaro). Y ahí las conclusiones son duras. Respecto a Soriano el organismo acredita que el Contador Público y Auditor en diciembre de 2024 recibió un pago único de $5.263.391 y que entre enero y diciembre de 2025 recibió mensualmente la suma de $5.263.158. Eso sin contar el “bono” de mayo de $585.000. 

De acuerdo al análisis del organismo fiscalizador, entre el 6 de diciembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, Soriano recibió la suma de $53.170.813. El problema es que según la CGR, por las características profesionales del asesor, sus remuneraciones debieron ser homologadas a un grado 8 profesional y recibir un sueldo de un poco más de $2,8 millones. Entonces, con esos números sobre la mesa, la Contraloría estima que entre los meses analizados (diciembre de 2024 a septiembre de 2025) Soriano debió recibir, en total, $28.730.925. Es decir, hay una diferencia de casi $25 millones ($24.439.888).

Haciendo el mismo ejercicio con Esteban Backit, el organismo estableció que por los estudios del asesor en Gestión de Riesgos y Desastres (solo acredita cuarto medio) debió homologarse a un grado 11 del estamento administrativo con un sueldo de un poco más de $1,7 millones; lejos de los $3,5 que recibía desde que ingresó a la administración Álvarez y el cierre de 2025. Así las cosas la diferencia en dinero, según la CGR, es de $20,3 millones. 

En el caso de Adaro, el ejercicio realizado por la Contraloría, apuntó que —al igual que Soriano— debió ser homologado a un grado 8 profesional ($2,8 millones); lejos de los $3,9 millones que recibió hasta septiembre de 2025 (después le bajaron el sueldo). Según el organismo, Adaro recibió, en total, un sobresueldo por un monto de $10,3 millones. Es decir, entre los tres funcionarios cuestionados, sumaron sobresueldos por más de $55 millones.

Por lo anterior, la Contraloría emite una dura valoración de lo sucedido. “Los honorarios pactados implicaron una contravención a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la administración en sus contrataciones, como asimismo el precipitado criterio de proporcionalidad, lo que ha significado una vulneración del interés público”, se lee en la página 38 del documento, el que agrega lo siguiente: “Así las cosas, en los casos de que se trata y por las circunstancias anotadas, se puede verificar que ese municipio no ha resguardado debidamente los intereses patrimoniales de la municipalidad de Pucón, por cuanto hay pagos en exceso en virtud de esos contratos a honorarios, que habrían importado un menoscabo de ese patrimonio y un daño a la eficiencia con que la administración del Estado debe gestionar idóneamente sus recursos financieros”. En el mismo párrafo de la página 39 del mencionado informe se especifica que se “vulneró el principio de racionalidad en el pago”. En palabras simples, este principio apunta a que a funciones análogas y responsabilidades semejantes se asignen los mismos pagos. De acuerdo al informe, no cumplir con este principio acarrearía, eventualmente, un perjuicio al patrimonio del municipio. 

Actualmente, Iván Soriano ya no ejerce el rol de asesor a honorarios; sino que fue trasladado como Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) con un sueldo bruto de $2,8 millones. Esteban Backit, en tanto, aparece en la página de transparencia municipal con un sueldo líquido de $3,3 millones pagados, al menos, en diciembre de 2025. En enero no está su registro en la web de transparencia. Finalmente, Jefferson Adaro dejó de prestar servicios en la municipalidad de Pucón el 31 de diciembre pasado. 

Sumario

En relación a los problemas e irregularidades encontradas en el análisis del organismo auditor, la CGR señala que la municipalidad de Pucón deberá incluir estos antecedentes en el sumario que lleva adelante la Secretaria Municipal, Gladiela Matus. “Con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su acción u omisión, permitieron los hechos descritos, el cual deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe”, se especifica. 

Pese a los duros términos y aseveraciones del organismo contralor, este no ordena el reintegro de dineros pagados por concepto de honorarios a los funcionarios cuestionados; sino que solo hace una recomendación: “La municipalidad deberá adoptar las medidas tendientes a que las contrataciones a honorarios realizadas en el futuro se lleven a cabo de conformidad a procedimientos de la mayor transparencia y criterios de proporcionalidad entre el trabajo encomendado y las remuneraciones correspondientes, evitando todo exceso y resguardando debidamente los intereses municipales; ante lo cual tendrá que tener presente los principios de legalidad en el gasto”. Tampoco envía los antecedentes al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para una eventual investigación penal. Este medio solicitó una reacción al municipio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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