Violencia política: del caso Piñera a la ministra de Ciencias

*Por Carlos Libuy

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Hace algunos días, la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, fue retenida, agredida e insultada durante una visita protocolar en la Universidad Austral. Estos hechos han recibido un repudio transversal; sin embargo, existe un ángulo ético poco explorado: el valor de la persona como ser humano, aquello que conocemos como la “dignidad de la persona”.

Este concepto posee raíces profundas. Ya en el siglo I a. C., el pensamiento romano —especialmente en figuras como Cicerón— se refería a la dignidad como un valor de justicia inherente a la naturaleza humana. Siglos más tarde, Immanuel Kant establecería en 1785 que el ser humano es un “fin en sí mismo”, poseedor de una dignidad intrínseca que prohíbe utilizarlo meramente como un medio para fines ajenos.

En el ámbito jurídico, este “supra-valor” está consagrado en el Artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recogido textualmente en nuestra Constitución Política de 1980. La dignidad es, en síntesis, el fundamento de los derechos fundamentales y la garantía básica para la existencia de una República democrática y un Estado de Derecho.

Pese a este consenso legal, debemos condenar el actuar de sectores que recurren a la violencia como método de acción política. Lo vimos con la ministra Lincolao, con el ex Presidente Sebastián Piñera durante el estallido social —evento calificado por Sergio Micco como un “golpe de estado no tradicional”— y con la agresión sufrida por José Antonio Kast en Iquique en 2018. Resulta contradictorio que grupos que se erigen como los únicos interlocutores válidos de consignas sobre el feminismo, los pueblos originarios o las minorías, suspendan esos mismos principios de respeto cuando el destinatario es un adversario político.

La dignidad humana no es un trofeo que se otorga según la afinidad ideológica ni un escudo que se retira ante el adversario. Si el respeto por la mujer, las minorías o las autoridades depende del color de su militancia, entonces no estamos ante una convicción ética, sino ante un utilitarismo político que instrumentaliza los Derechos Humanos. Como sociedad, debemos decidir si la dignidad es verdaderamente universal o si permitiremos que se convierta en una moneda de cambio que se devalúa frente al insulto y la violencia. Porque cuando la dignidad admite excepciones, deja de ser dignidad para transformarse en privilegio; y en una democracia, nadie debería ser despojado de su condición de persona en nombre de una causa.

Chile posee una tradición centenaria en la defensa de los derechos humanos que se remonta a los albores de la República con la Ley de Libertad de Vientres de 1811, situándonos como pioneros globales en la abolición de la esclavitud. Sin embargo, el extenso camino que aún nos resta hacia el desarrollo no podrá recorrerse sin un consenso social sobre mínimos éticos intransables. En este marco, la dignidad humana –que es la fuente y fundamento de nuestros derechos fundamentales– y el respeto irrestricto hacia nuestras autoridades deben consolidarse como pilares incuestionables. Para proyectarnos al futuro, es imperativo que nuestra sociedad proscriba definitivamente la violencia como método de acción política, recuperando el valor intrínseco de la persona por sobre cualquier contingencia ideológica.

*Carlos Libuy es abogado y académico de Derecho Constitucional.

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