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Crisis de vivienda: Minvu abre una puerta con potencial de despejar una de las barreras más complejas para el proyecto de comités Valle y Alto

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  • Desde la seremi de la cartera le pusieron piso al diseño de la municipalidad que evita el paso por una votación de concejo para validar la contratación de la empresa constructora Bío Bío por parte de las agrupaciones. 

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Algo de esperanza. Así al menos podría definirse el contenido del oficio Nº 1416 fechado el 25 de septiembre pasado, en el que la secretaría regional ministerial (Seremi) del ministerio de Vivienda y urbanismo (Minvu) respondió a la municipalidad en torno al conflicto que complica a dos de los más emblemáticos comités de vivienda de la comuna: Altos del Sur y Valle Pucón. 

Y lo anterior debido a que en el documento, de alguna forma, le entrega piso a la posición de la municipalidad de Pucón en torno a que no era necesario pasar por una votación de concejo en la que éstos aprobaran actos ocurridos previo, incluso, a que asumieran a fines del año pasado. Todo esto en el contexto de la observación realizada por el Minvu en torno al proyecto avaluado en cerca de US $20 millones que pretende desarrollarse en el sector del Callejón Arriagada en la rotonda Oriente de Pucón y que busca beneficiar a 299 familias de Pucón. 

Básicamente el conflicto pasaba porque los comités eligieron a la Constructora Bío Bío sin pasar por un proceso licitatorio. Y lo anterior, exigido por Ley debido a que la entidad patrocinante (EP) —que en los hechos es la que respalda y sustenta jurídicamente el proceso— era municipal por lo que se debía apegar a la normativa de compras públicas. Y ésta exige una licitación. Fue en ese contexto que la municipalidad inició un proceso invalidatorio que concluyó que, si bien la elección de la constructora no se ajustó a derecho, los contratos firmados ya tenían efectos sobre los contratantes y terceros (las familias de los comités). Por lo mismo, se recomendó seguir adelante con el proceso. 

Y lo anterior no es menor. Esto, porque fue en base a este proceso de invalidación que en los hechos “validó” las acciones de contratación de los comités, que el Minvu argumentó en la línea de la municipalidad y de acuerdo al diseño técnico jurídico que trabajaron en conjunto el Secretario de Planificación Comunal (Secplac), Alexis Figueroa; y el director Jurídico del municipio, Franco Tosti-Crosce. 

“En relación al proceso de invalidación que trajo como resultado la dictación del Decreto Alcaldicio ya referido y en cuya virtud se concluye que el proceso debe seguir su curso normal, por resultar más perjudicial y nocivo la invalidación del mismo, fue realizado conforme a derecho y su conclusión es un principio que impera en nuestra normativa de forma tal que no podemos abstraernos de su mérito y conclusión”, se lee en el oficio firmado por el seremi Patricio Escobar (se puede ver al final de esta nota). 

Según lo que se supo, con esta respuesta del Minvu, la municipalidad debe plantearle al Serviu que la observación respecto a la elección de la constructora se encuentra zanjado. Con esto, se lograría pasar uno de los cuestionamientos más espinosos del proceso. Y si bien no son los únicos, es que a la luz de la normativa se presentaba casi como “insalvable”. Al parecer se avanza en el costoso y largo “sueño de la casa propia”.  

Falta de recursos

La última semana de septiembre el Diario Financiero (DF) publicó un reportaje que tensionó el mundo de los proyectos de viviendas sociales en Chile. Básicamente se planteó la posibilidad que el Minvu estuviera desfinanciado y, peor aún, que mantiene una deuda de más de US $1.000 millones con empresas contratistas. Si bien posterior a eso el ministro Carlos Montes trató de desmentir o bajar el perfil a la información y, por cierto, el debate por este tema se tomó la campaña presidencial y la discusión por la Ley de Presupuesto, lo que tendió a desvirtuar las argumentaciones de uno y otro lado; la información dejó con la tensión en alto a los actores del sistema. Como botón de muestra está un posteo en sus redes sociales del alcalde Sebastián Álvarez, en el que ironizaba con la eventual crisis presupuestaria y las “trabas” que según él aparecieron de parte del Serviu y el Minvu.

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