Concejales reaccionan ante dichos de ex directora de Obras; Cristian Hernández: “El tiempo me dio la razón”

• Ricardo Cortés, en tanto, señaló que es necesario que se aclaren los dichos de Lorena Fuentes sobre el denominado “desorden inmobiliario”; y Verónica Castillo responsabilizó al alcalde por la falta de fiscalización y control. 

La publicación de LVP conocida la mañana del martes sobre la sanción de Contraloría en contra de la ex directora de Obras de la municipalidad, Lorena Fuentes; y la posterior defensa de esta a través de un recurso de protección, trajo una serie de coletazos. Entre ellos, la de los concejales; quienes emitieron juicios sobre quién o quiénes, en los hechos, son los responsables del denominado “desorden inmobiliario” que sufrió Pucón desde comienzos de los años 2000. Y el primero de ellos fue el RN Cristian Hernández, quien sostuvo: “El tiempo me dio la razón”, para remarcar su histórica posición contraria al desarrollo inmobiliario.

“Yo siempre fui una persona que evidencié cuando empezó a haber una sobre-demanda de cambios de uso de suelo en mi primer período, hasta después cuestionar con mucha fuerza cada proyecto inmobiliario”, señaló Hernández en su intervención en el concejo del martes (en la que no estuvo el alcalde Carlos Barra), en el que agregó: “Es la diferencia más marcada que tengo con el alcalde en función de la gestión inmobiliaria. Por otro lado también fui causante, junto a otras personas más, del famoso informe 60 de Contraloría que, por lo demás, es el organismo que hizo la solicitud de investigación sumaria, ya que no lo hizo la municipalidad en su momento”.

Hernández sostuvo, además, que si bien reconoce el derecho de Lorena Fuentes de apelar a la sanción de Contraloría, él planteó en reiteradas ocasiones lo del desorden inmobiliario: “Yo era casi como un llanero solitario y muchos funcionarios me cuestionaban el por qué me peleaba con tal profundidad con el alcalde y su administrador, entre otros, y hoy por lo menos —lo que evidencia el reportaje de LVP— es que el tiempo me dio la razón y espero que sepamos aprender”.

Quien también se refirió al tema en el concejo fue Ricardo Cortés (PC). El edil expuso que sería bueno hacer un análisis profundo y llegar a definir los problemas de fondo sobre el tema inmobiliario. “En el fondo lo que dice ella es ‘yo soy funcionaria y como funcionaria tengo responsabilidad, pero las prioridades políticas (y señala abiertamente a los alcaldes) estaban puestas en los permisos y la recaudación de fondos y no en la fiscalización’, cosa que me parece una afirmación compleja que debiera aclararse”, sostuvo el concejal del PC.

Cortés agregó que a la luz de los dichos se debieran realizar acciones que permitan revelar cuán efectivos son los dichos de Fuentes que, según él, también involucran a otros funcionarios (en alusión al ex administrador Rodrigo Ortiz, actualmente jefe de Emergencias): “Clarificar las responsabilidades también puede ser interesante”.

Quien también opinó (aunque fuera del concejo) fue Verónica Castillo (CS). Ella calificó el tema como “nada nuevo” y plantó la responsabilidad de lo sucedido en el alcalde Carlos Barra. “El gran responsable de lo sucedido es el alcalde, aunque el Dom (Dirección de Obras Municipales) es un organismo autónomo, la autoridad máxima tiene la obligación de velar por una planificación ordenada y en armonía con la naturaleza en nuestro territorio y claramente se le escapó de las manos, considerando que se debe tener un equipo de fiscalizadora e idóneo para realizar dicha labor”, sostuvo Castillo, quien agregó: “Se repiten estas situaciones en la municipalidad con algunos departamentos, hemos solicitado cuadrillas para Dideco, un aumento de personal para Seguridad Pública, falta apoyo en Operaciones, Tránsito a través de mi comisión ha pedido inspectores para fiscalización de su área, pero no hay prioridad ni voluntad para esto”.

El recurso de protección de Lorena Fuentes en contra de la resolución de la Contraloría (ratificada por el alcalde Carlos Barra), que le implica un descuento del 20% de su sueldo (tiene un cargo de jefatura en la municipalidad de Lo Barnechea) y una anotación de demérito; fue declarado admisible. Por lo mismo, la Corte solicitó informes a la Contraloría y a la municipalidad. El fallo se conocerá dentro de los próximos meses.