Municipalidad: administración Álvarez acumula demandas laborales por casi $270 millones

• Son trece exfuncionarios que alegan, en su mayoría, despidos injustificados. El número podría crecer debido a que se conoció de alrededor de 20 otros trabajadores a quienes se les terminó el contrato en marzo y no fueron renovados. 

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La verdad es que se veía venir. Y pasó. Luego de las no renovaciones de contratos, despidos y cese de funciones en la municipalidad durante los primeros meses de la administración del nuevo alcalde Sebastián Álvarez, la posibilidad de abrir un flanco judicial con demandas era cierta. Y ya son varias las que se tramitan en el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón. En rigor son nueve causas que representan los intereses de 13 exfuncionarios de la municipalidad. Muchos de ellos cercanos al exalcalde Carlos Barra. Sumados todos los montos la cifra entre indemnizaciones y prestaciones que solicitan los involucrados es alta. Casi $270 millones ($269.109.114). Y podrían venir más, ya que en las últimas horas se conoció que cerca de 20 otros funcionarios no les fue renovado el contrato a partir de este uno de abril. 

Entre las demandas más emblemáticas (o más cuantiosas) está la que ingresó el exencargado de finanzas del departamento de Educación Municipal, Erick Raipán. En ella el ingeniero en finanzas, quien se autodespidió a los pocos días de asumir el alcalde Álvarez, acusa una serie de hechos que se resumen en una dura acusación de acoso laboral en contra de la directora de Finanzas de la municipalidad, María Victoria Roman. 

“Como se señaló precedentemente, mi representado debía órdenes de su Jefe directo en calidad de Director del Departamento de Educación Municipal en el que ejercía sus funciones el Sr. Daniel Alejandro Durán Gutiérrez, sin embargo, la directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pucón, durante el año 2024, comienza a demostrar una conducta y trato hostil hacia mi representado, además de cuestionar permanentemente su trabajo”, se lee en el documento que se ventila en el tribunal. Raipán, en total, solicita una indemnización de $60.862.230. 

Otros casos

También destaca entre estas demandas laborales, las dos de exfuncionarios de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac). Se trata del ingeniero Francisco Mabán y la del arquitecto Álvaro Laimbock. Entre ambos suman un poco más de $60 millones en indemnizaciones. 

También destaca la demanda grupal que interpusieron cinco funcionarios. La acción representa los intereses de Anabelly González, Ignacio Parra, José Beltrán, Miriam Palma y Solange Hanson. Entre los cinco suman casi $116 millones en eventuales indemnizaciones. El listado lo cierra, por ahora, el exencargado de la estrategia digital del departamento de Turismo, Gerardo Lepe, quien pide una indemnización por despido injustificado de $11.900.170; el exencargado de proyectos de la Unidad de Desarrollo Económico y Local (Udel), quien solicita $15.454.074; y Évelyn Maldonado, quien se desempeñaba como fonoaudióloga del programa del Adulto Mayor, quien solicita $3.600.000 como indemnización. 

También hay otras dos extrabajadoras, Haedee Bascuñán y Angélica Tralma; quienes solo piden ser reintegradas y que se les paguen las prestaciones a la fecha de su posible reintegro. Es decir, AFP, previsión y Seguro de Cesantía. También hay una demanda de tutela laboral por parte de una exfuncionaria de Educación (Viviana Aburto, quien pido un poco más de $18 millones); pero ella fue cesada en noviembre, previo a la llegada de Sebastián Álvarez. 

Si bien desde la municipalidad no se refirieron al tema, trascendió que lo de las demandas era algo que los nuevos inquilinos de la municipalidad se lo esperaban. De hecho, asumen que con esta nueva ola de despidos (en rigor, no renovaciones de contrato) probablemente en los próximos meses llegarán más requerimientos del mismo tipo. Estiman, eso sí, que el costo de enfrentar los juicios y las eventuales indemnizaciones es algo que debía asumir para hacer más liviana la carga en sueldos. Esto por el alto número de funcionarios que acumuló la administración saliente.

Fe de erratas: Luego de publicada la nota se comunicaron con este medio las exfunciarias, Haedee Bascuñán y Ángélica Tralma, exponiendo que ellas en ningún caso planeaban en sus demandas un eventual reitegro. Y que además pedían indemnizaciones por años de servicio. Al volvel a revisar las demandas, más allá del lenguaje técnico que hablaba de una “nulidad del despido”, sí existen solicitudes de indeminizaciones que en el caso de Haedee Bascuñán llegan a $35.997.500 y para Ángélica Tralma a $14.135.450. Es decir, los montos demandados en total a la municipalidad sobrepasan los $319 millones.