La disputa legal que sacude a los abogados locales: conocida profesional arremete contra el Conservador de Bienes Raíces y asesor externo

• Un enfrentamiento judicial que cruza una serie de temáticas como posibles arbitrariedades, demoras o incluso un eventual conflicto de interés se ventila actualmente en los tribunales locales y también en la Corte de Temuco. Para los que conocen la causa es un cruce con, por ahora, resultados inciertos.

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La primera semana de abril ingresó al Juzgado de Letras y Garantía de Pucón un escrito, que si bien no es una demanda propiamente tal, es un requerimiento que apunta a uno de los órganos de mayor influencia (por su rol) en el sistema público y privado de la comuna: el Conservador de Bienes Raíces (CBR). La responsable del documento, que se denomina como “pre-judicial” por ser previo a un posible o eventual juicio, es la abogada local María Cristina Pavez, quien puso en su mira al titular del organismo, Sergio Rossel Richi, y al abogado asesor de la misma repartición asistente del Poder Judicial, Freddy Apablaza Cortez. Todo esto por supuestas sospechas de presuntas arbitrariedades, demoras injustificadas, decisiones discrecionales y hasta posibles conflictos de interés que perjudicarían a la profesional que inició una causa que, por ahora, proyecta resultados inciertos. 

Pero más allá del fondo de la alegación la causa ha generado bastante revuelo en el mundillo de los abogados locales. Esto, porque se entiende la influencia y relevancia que tiene la oficina registral liderada por Rossel y también el rol que juega Apablaza, un respetado profesional quien, además de asesorar y reemplazar al titular en el CBR, también le ha tocado liderar importantes procesos o ser contraparte en los mismos. Como por ejemplo, la compraventa del terreno Salinas – Epuin por parte de la municipalidad. Este último fue, en los hechos, la última compra importante de bienes raíces que se llevó a cabo en la administración del exalcalde Carlos Barra.

Pero de qué se trata el requerimiento de María Cristina Pávez. Ella, en su escrito inicial, acusa una serie de situaciones complejas o eventuales irregularidades. Entre ellas, que el CBR se niega sistemáticamente a inscribir sus requerimientos, lo que le genera una serie de problemas. “El señor conservador, en forma sistemática y reiterada, en el ejercicio de la calificación registral de los requerimiento de esta parte, y de quienes representa, se realizan al margen de la objetividad, en forma arbitraria, que conlleva a dilatar las inscripciones o solicitudes, y por tanto afecta el profesionalismo y confianza de mis clientes, debiendo hacerse cargo de largos procesos judiciales, que a la vez causan perjuicios económicos a estos últimos”, señala la abogada.

También argumenta en el rol que posee el abogado asesor externo Apablaza: “Desde que el demandado Sergio Rossel Ricci, asume el cargo de Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Pucón, contrata al abogado Freddy Apablaza Cortez, quien no solo ejercer funciones en el registro conservatorio, sino que también ejercer labores profesionales para terceros, considerando que paralelamente a ser el abogado empleado en el registro conservatorio de Pucón, no cesa en el ejercicio libre de la profesión”.

Según la requirente, lo anterior, genera una especie de “competencia desleal” con ella y otros abogados de la plaza: “Es de público conocimiento, que el empleado demandado del registro conservatorio, no solo se desempeña como Conservador Suplente, y al mismo tiempo en gestiones ante los tribunales, lo que claramente afecta no solo a esta profesional, sino que al resto de abogados quienes se encuentre en desmedro y desventaja en comparación al colega Apablaza”. No obstante, lo anterior es permitido por la Ley para abogados externos; tal como sucede en las Notarías o, incluso, en la Cortes de Apelaciones donde se permite la figura del “abogado integrante” que son profesionales no dependientes en un cien por ciento al Poder Judicial, pero que prestan un servicio como ministros de Corte. 

Con todo, María Cristina Pavez, señala que su requerimiento buscaría ser el piso de eventuales acciones judiciales. Pese a que no especifica qué tipo de acción llevaría a cabo, en su escrito entrega algunas luces: “Los antecedentes requeridos, dicen relación directa con las acciones de nulidad absoluta, indemnización de perjuicios, medidas disciplinarias que conllevarían de acuerdo a la gravedad incluso a buscar la destitución de la persona del señor conservador, y desvinculación del empleado demandado, y determinar su posible participación en contravenciones a las normas penales, por las actuaciones realizadas en el cargo”.

Es en ese contexto que la abogada solicita una cantidad importante de documentos y antecedentes entre los que se cuentan todos los antecedentes contractuales y de nombramiento de Apablaza como conservador suplente; además de los procesos escriturales y de inscripción en los que haya participado el abogado y otros tantos similares en los que Pablaza haya participado. También pide una completa batería de documentación en torno a terrenos indígenas que hayan pasado por el CBR. Y finalmente, lo mismo que lo anterior, pero relacionado a la municipalidad de Pucón. Se estima que sólo en el aporte de documentos registrales el volumen solicitado es considerablemente alto. Incluso, en un documento ingresado por la defensa del CBR se hablan de 755 kilos de documentos generados por más de 82.100 inscripciones. 

La defensa del CBR

En el sistema del PJUD se pueden leer las respuestas a los requerimientos que hacen tanto el conservador titular Sergio Rossel y el abogado asesor, Freddy Apablaza. En lo sustancial, el primero de ellos apunta a que el requerimiento que hace Pávez es “confuso”, ya que no plantea que requerimiento judicial posterior pretende realizar ni contra quiénes. Agrega que la profesional pide un “fárrago (montón de cosas desordenadas) de documentos” en forma indeterminada y desproporcionada.

“Lo que sí hay es una utilización abusiva de la medida prejudicial pedida por la compareciente que busca proveerse gratuitamente de instrumentos, documentos y de medios de prueba (tal como lo reconoce) obtenidos, apostando a que el contenido de los mismos podría serle útil, tanto ella como a terceros, para entablar una serie de acciones indeterminadas, tanto ella como terceros, y en algunos casos hipotéticas, basadas en unos hechos difusos muy distintos unos de otros, en los que cabe todo, para ser aprovechados los documentos que emanen de la exhibición en todo tipo de juicios o gestiones, ante otros tribunales, en distintas sedes, sometidos a normas especiales, laborales, administrativas, disciplinarias, penales, etc.”, se lee en el escrito ingresado por la defensa de Rossel.

Apablaza, en tanto, hace hincapié en lo vago y disperso que pudieran resultar los requerimientos posteriores que Pévez emprendería, luego de esta medida pre-judicial: “Las acciones legales que la solicitante menciona de manera genérica incluyen acciones de nulidad absoluta sin especificar qué instrumentos serían anulados, ni si ella es parte de los mismos, para efectos de la legitimación activa y la cantidad de demandados; acciones de indemnización de perjuicios sin especificar el detalle de los perjuicios ni someramente los

fundamentos; medidas disciplinarias genéricas; solicitud de destitución del Conservador y posibles acciones penales siendo estas últimas tres materias ajenas al derecho civil por lo que ni siquiera deberían ser consideradas en este tipo de gestión por ser completamente improcedente”.

El abogado asesor también enfoca en que existen otros profesionales en la plaza que han reemplazado al conservador titular y que frente a ellos no hay requerimiento alguno. “Toda la información detallada de cada decreto económico se encuentra disponible en la página del Poder Judicial, pero del número de las suplencias mencionadas se puede establecer que no soy en ningún caso quien más suplencias ha realizado y también que de los 4 abogados mencionados (Camila Barrera, Flavio Fernández, Francisco Rossel y Freddy Apablaza) 3 ejercen libremente la profesión (Fernández, Rossel y Apablaza), circunstancia habitual en los abogados que ejercen suplencias en las Notarías y los Conservadores, al menos de esta región como es de público conocimiento”.

Si bien, el tribunal local rechazó los argumentos entregados por las defensas de Sergio Rossel y Freddy Apablaza y dio luz verde a la exhibición de los documentos, ambos apelaron a la Corte de Apelaciones y solicitaron una orden de no innovar (ONI) al tribunal de alzada. Este último organismo acogió la apelación y otorgó la ONI previo a resolver. Con todo, esta trama judicial podría alargarse por varios meses. Mientras, de seguro será tema en los cafés y oficinas de los bufetes locales.