Ley Karin: anuncian intervención en la Dirección de Seguridad Pública, pero no hubo explicación por el despido de patrullero 

• Las denuncias de supuestos malos tratos en la repartición fueron tema en el concejo municipal de este lunes. Ya son dos hechos. Uno investigado en Contraloría y otro de manera interna en la administración pública local. 

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“Mi pregunta es, hay una denuncia por Ley Karin del señor Emilio Huinca, ¿es parte del protocolo haberlo despedido?”

Si bien la pregunta de la concejal del Frente Amplio, Verónica Castillo, es una de las principales dudas que quedan en medio de la crisis que se vive desde hace algunos días al interior de la Dirección de Seguridad Ciudadana (Disep) de la municipalidad de Pucón, simplemente no hubo respuesta. La edil planteó el cuestionamiento en la sesión de concejo de este lunes en el pleno de la reunión de ediles, en la que se incluía al alcalde Sebastián Álvarez; y frente al jefe de Recursos Humanos, Ignacio Quiroz, quien junto a la encargada del departamento de Gestión de Personas, Cristian Arias (ambos en la foto), explicaron en parte el proceso de aplicación de la normativa legal que defiende a los trabajadores de los abusos y maltrato laboral (Ley Karin) y, de paso, mostrar una encuesta de ambiente laboral que tenía, según los expositores, buenos indicadores en casi todas las variables. 

Pero los expositores no se refirieron en específico respecto al tema del despido. Y para ellos se basaron en el “principio de confidencialidad” para no referirse al tema. Es decir, pese que el testimonio es público (fue publicado en este medio) y que el mismo afectado dio una entrevista; se mantuvo sin respuesta la razón del por qué el expatrullero municipal, Emilio Huinca, fue cesado de sus funciones luego de denunciar al jefe de la Disep, el general en retiro, Juan Carlos Badilla, por supuestos malos tratos generados por, según el relato de Huinca, no cederle el asiento del copiloto en un vehículo con el que lo fue a buscar al edificio consistorial de calle O’Higgins esquina Palguin. Y la respuesta no dejaba de ser trascendente debido a que la mayoría de las interpretaciones legales de la Ley Karin apuntan a que el denunciante debe ser protegido, independiente de la modalidad contractual. El despido de Huinca se genera posterior a la denuncia y se argumentó en que el contrato a honorarios que lo ligaba hasta fines de noviembre tenía una cláusula que permitía la salida sin razones de fondo. 

“Como existe un principio de confidencialidad no podemos referirnos al tema. Hoy en día esa investigación y todos los antecedentes ya fue enviado a Contraloría para que ellos establezcan si el procedimiento fue bien o mal efectuado”, explicó Quiroz. Se explicó que la denuncia de Huinca la maneja la Contraloría Regional por tener Badilla un cargo de director. La segunda denuncia, realizada por el patrullero Raúl Quilodrán en contra del coordinador de la Disep, el también exoficial de Carabineros, Claudio Escobar,  se maneja de manera interna en el municipio debido a que Escobar no tiene grado directivo. 

Con todo, también se conoció que se realizará una “intervención psicológica” al interior de la cuestionada Disep. Según se explicó, se trata de una intervención al grupo de trabajo que consta de varias etapas. El objetivo, según se dijo, es detectar de manera participativa las necesidades del grupo y desde ahí partir con la aplicación de acciones que ayuden a mejorar las relaciones laborales. Según explicó Quiroz, la intervención la solicitó el mismo director, Juan Carlos Badilla. 

La mañana de este lunes, desde la municipalidad enviaron un comunicado en el que reconocían la segunda denuncia (la de Raúl Quilodrán que se investiga al interior de la municipalidad) que fue dada a conocer por este medio. Sobre ella señalan: “Respecto a la denuncia, se informa que se encuentra en su proceso de admisibilidad. Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a la investigación correspondiente para esclarecer los hechos, delimitar responsabilidades y aplicar las sanciones que pudiesen corresponder. Es importante destacar que, bajo la presunción de inocencia, la persona denunciada tendrá la oportunidad de aportar todos los antecedentes que considere relevantes para su defensa en el proceso”.