Crisis de comités de vivienda: municipalidad se la juega por la aprobación del Serviu sin pasar por una votación de concejo

• La tarde del lunes hubo una reunión entre los equipos técnicos del municipio y gran parte de los ediles en la que se analizó la situación que complica a las agrupaciones Altos del Sur y Valle Pucón en el proceso de materialización de sus proyectos.

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Los días pasan. Y si bien se logró una ampliación de plazo (del 15 de septiembre se pasó al 30 del mismo mes) para responder a las observaciones que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) planteó a la municipalidad por el proyecto habitacional que beneficiaría a 299 familias de los emblemáticos comités Altos del Sur y Valle Pucón; el “zapato chino” en el que está el proceso aún no logra destrabarse. Y claro. Porque la gran muralla que significa que la elección de la Constructora Biobío como desarrolladora de las viviendas en el predio del callejón Arriagada no haya pasado por una licitación y posterior aprobación del concejo municipal, sigue siendo —a criterio de los expertos jurídicos de la municipalidad— algo “insubsanable”.

Así al menos trascendió luego de una reunión sostenida la tarde del lunes (foto principal) en la municipalidad en la que estaban gran parte del concejo municipal (solo no estaban presentes Armin Avilés y Marina Matus) y los equipos técnicos de la municipalidad, incluyendo al jefe Jurídico Franco Tosti-Croce. Fue en esa instancia en que se analizó en primera instancia la ventana que dejó abierta el seremi del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Patricio Escobar, quien en un informe jurídico y también en una entrevista con este medio, deslizó la posibilidad de que sea el propio concejo municipal el que aprueba la adjudicación de los contratos (por más de $20.000 millones) a la constructora. Y esto último, según se supo, no genera mucha adhesión al interior del municipio y en los concejales por las incongruencias —y problemas— legales a los que quedarían expuestos. 

Según se explicó, por un lado no existe una razón de peso que pueda considerarse como de “fuerza mayor” para aprobar la contratación y, por el otro, todo esto debió hacerse previo a la firma de los contratos en 2023 y no posterior a ellos. A criterio de los expertos, lo anterior no pasaría ningún filtro de legalidad posterior y expondría a quienes tomen la decisión. Es decir, al concejo y al alcalde. 

Por lo mismo, la apuesta actual de la municipalidad y el concejo pareciera ir por otro lado: “poner la pelota” en el campo del Serviu y el Minvu y apuntar a salvar la observación de los contratos con Biobío en base al proceso de invalidación realizado en la municipalidad que, en los hechos, le puso piso jurídico a la asignación y concluyó que que si bien existía el problema en la adjudicación; los contratos ya estaban en curso y se habían realizado acciones que generaban efectos legales y obligaciones de parte de los contratantes. Y en esto, la empresa en cuestión (Biobío) no tenía responsabilidad. Por lo tanto, los contratos debían entenderse como vigentes. 

Así las cosas, la idea según se supo, es poder llegar hasta Temuco y plantear el punto a los equipos técnicos del Minvu y el Serviu. Y en esta instancia será clave la opinión técnica de la actual jefa Jurídica del Minvu, Solange Carmine, exconcejala de Temuco (independiente en cupo UDI). Por otro lado, algunos miembros del concejo —entre ellos Julio Inzunza— también son de la opinión de hacer una consulta a la Contraloría para sustentar en la legalidad la decisión que van a tomar respecto al futuro de los proyectos. Todos eso sí, sin perder de vista el factor político que implica tomar caminos tan relevantes por los efectos sobre un tema en extremo sensible como las viviendas sociales.