La evidencia que complica a Carabineros de Pucón luego de la revelación de la carpeta investigativa en el denominado “Caso Ulloa”

• En la causa aparece un informe de la policía uniformada con datos que fueron acotados por los investigadores y testigos como no ajustados a la realidad. Además las fechas no están correlacionadas, ya que se origina una semana antes de que se solicitara, siquiera, la patente, lo que tendría poca lógica, ya que esta tramitación debería hacerse posterior al ingreso de los datos de los contribuyentes. La policía uniformada abrió una indagatoria interna.

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Aunque faltan algunas definiciones para la llegada del juicio oral, el tiempo avanza en el denominado “Caso Ulloa”. Y con la presentación de la acusación en contra del suspendido jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad, Juan Antonio Ulloa, se liberaron las pruebas que están en la carpeta investigativa. Y ahí han comenzado a aparecer antecedentes que buscan dar sustento al caso que lidera el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara y que busca probar los cargos de tráfico de influencias y fraude al fisco que el persecutor le imputó al funcionario público que, incluso, tuvo aspiraciones de llegar a la alcaldía el año pasado. 

Y en el contexto de esta indagatoria —que se centra principalmente en la obtención de una patente limitada de alcoholes de una persona relacionada al imputado con datos no ajustados a la realidad (y mediante, según la denuncia, con un  “palo blanco”) y que, posteriormente, fue vendida en una cifra millonaria— aparecen elementos que abren cuestionamientos a la actuación de Carabineros en el proceso de la obtención de la patente. 

El punto es que para obtener una patente limitada de alcoholes se requiere, entre otra documentación, un informe de Carabineros que valide la información que presentan los solicitantes. En el caso de la cuestionada patente de alcoholes, esta fue solicitada por Carolina Estrada Moreno el 08 de agosto de 2023. Ahí, se supone, se inició todo el proceso de obtención del permiso. Pero la carpeta revela incongruencias. La primera de ellas es que la solicitud de informe de parte de la municipalidad está fechada en julio de 2023. Es decir, la consulta a Carabineros, firmada por el exalcalde Carlos Barra en donde se pregunta por el domicilio (Camino Internacional 3660) entregado por la supuesta comerciante, salió el mes anterior a que la solicitud fuera hecha. Es decir, es un trámite que, en principio, no se sustenta; ya que la lógica apunta a que la consulta se haga posterior ingresada la solicitud. 

Pero lo más complejo está en el informe mismo realizado por Carabineros. El documento está fechado el 01 de agosto. Es decir, una semana antes de que la patente sea siquiera solicitada. Pero no es lo único, el informe, firmado por el suboficial Luis Larrañaga y la mayor de la época, María Helena Cofré; da cuenta de elementos que, según la carpeta que maneja el fiscal y el informe de la PDI, están alejados de la realidad. 

“El suscrito, acompañado por esta oficina de Integración Comunitaria, se constituyó en Camino Internacional Nº 3.360 de la comuna de Pucón, comprobando que en la citada dirección existen unas cabañas, restaurante y cafetería de propiedad de la contribuyente Carolina Estrada Moreno y este no se contrapone a los requisitos que impone la ley para la obtención de la patente de alcoholes”, se lee en el texto. El problema de esto, es que en el lugar solo había unas cabañas y nada que se pareciera a un restaurante o cafetería, tal como quedó estipulado en informes posteriores de inspectores municipales y también en la investigación liderada por el subprefecto Alexis Díaz de la PDI. Por cierto, el lugar tampoco era propiedad de la contribuyente Carolina Estrada. Es más, tal como se acreditó posteriormente, la joven de 23 años ni siquiera vivía ahí. 

Consultado Carabineros al respecto, desde la prefectura señalaron que abrieron una investigación interna para determinar las circunstancias y sobre cómo se generó la documentación. En todo caso, esto es en el ámbito administrativo. Aclararon, eso sí, que de existir algún delito es deber del fiscal presentarlo a tribunales. En tanto, la causa que tiene a Juan Antonio Ulloa como único imputado está con acusación presentada. Acá el fiscal Calderara solicitó una pena de cinco años de presidio menor en su grado mínimo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de la mitad del negocio que hubiese sido probado en el juicio.

En todo caso, aún existe la posibilidad de que la causa se reabra, debido a una solicitud de la parte querellante municipal, en la que se pide nuevas diligencias ligadas, principalmente, a la toma de declaraciones. Esto se definirá en una audiencia que se llevará a cabo el próximo nueve de octubre.

La solicitud

A continuación la solicitud de informe firmado por el exalcalde Carlos Barra, fechado en julio de 2023, el mes anterior a la solicitud formal de la patente.

El informe policial

Más abajo el informe firmado por el suboficial Larrañaga y la mayor de la época María Elena Cofré.