Investigación PDI: las dudas sobre la patente de alcoholes que se vendió en $35 millones

• La indagatoria apunta a determinar si en el proceso previo al negocio hay faltas administrativas y eventualmente penales. Por ahora, hay algunos datos que indican que pudo existir un mecanismo para obtener un eventual beneficio económico al entregar un permiso y posteriormente renovarlo a una persona que no habría cumplido con las condiciones para obtenerlo.

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Rol 41.147. Ese es el número de la patente de alcoholes limitadas con clasificación “A” (depósito o botillería) que está en la mira de algunos funcionarios municipales e investigadores de la PDI y la fiscalía de Pucón. Se trata de un documento, que permite abrir un local comercial tipo botillería, que fue autorizada por el concejo municipal en agosto de 2023 a petición del departamento de Rentas y Patentes liderado por Juan Antonio Ulloa. A casi un año del otorgamiento, el documento fue negociado en junio de este año en $35 millones de pesos y esto levantó las alarmas. 

Los antecedentes, a los que tuvo acceso este diario, indican que en el acta ordinaria Nº 083 del concejo municipal de Pucón de 2023 quedó registrado que los ediles autorizaron el permiso a Andrea Carolina Estrada Moreno, quien por esa fecha tenía 21 años. La solicitud, según el acta del concejo, incluía una carpeta que incluía todos los documentos requeridos. Entre ellos, copia del inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos (SII), informe favorable de la junta de vecinos y de Carabineros. La solicitud fue presentada por el mismo Juan Antonio Ulloa y especificaba que el local se abriría en Camino Internacional 3660. 

Pero con el correr del tiempo se conocieron algunas complicaciones. La primera de ellas es que aparentemente el local comercial nunca existió como tal. Al menos así lo pudo corroborar un periodista de este medio, quien al llegar al lugar se le especificó (a través de una persona que dijo vivir ahí) que en el sitio nunca hubo una botillería o algo que se le parezca (foto de más abajo). De hecho el terreno aparece históricamente como cabañas y en el último tiempo como un lugar donde se da el servicio de lavado de autos. 

Otro de los elementos que podrían resultar complejos es que la contribuyente que solicitó la patente lo hizo con un inicio de actividades en el SII que cerró a las pocas semanas. De hecho, conocedores del proceso administrativo indican que Andrea Estrada realizó el inicio de actividades el 4 de agosto de 2023 y lo cerró 20 días después. La patente en cuestión fue renovada a lo menos dos veces: el primer y segundo semestre de 2024. Y según el oficio Nº38 que envía la jefa de Finanzas María Victoria Román al alcalde carlos barra y a los concejales, dicha patente no debió ser renovada, principalmente, porque la contribuyente no poseía el inicio de actividades vigente al momento de las renovaciones (sacó uno nuevamente el 12 julio de 2024). Además de eso porque, al parecer, el negocio para el que fue otorgado nunca existió (al menos no se tienen antecedentes concretos de que se haya abierto un establecimiento de este tipo). En el mismo oficio se especifica que el permiso en cuestión debió subastarse. 

La venta

Pero las cosas se ponen aún más complejas cuando se conoce el proceso de venta. Esto, porque en esto está involucrada Carmen Luz Moreno, es cercana a Ulloa. De hecho trabajó con él en la municipalidad entre el 15 de mayo y el 31 de octubre de 2022, ya que ella estaba encargada de ordenar el comercio ambulante y feriantes del comuna (en la imagen principal de esta nota se ve a ambos en una actividad realizada en ese período). Según los antecedentes que pudo recopilar este diario, en octubre de 2023, Andrea Estrada le otorgó un poder especial a su madre, Carmen Luz Moreno, para que “venda”, “ceda” o “transfiera” la patente comercial de bebidas alcohólicas Rol 41.147. 

El negocio de venta comenzó a materializarse en abril de este año con un contrato de arriendo con opción de compra que firma Carmen Luz Moreno con Dánica Farfán. Esta última, comerciante local que buscaba obtener la patente para iniciar un nuevo emprendimiento en el sector Tres Esquinas. Este contrato quedó supeditado a un segundo documento que se firmó en la notaría local el 19 de junio de 2024 en el que Carmen Luz Moreno, representando a su hija, le vende a Farfán la patente en cuestión (Rol 41.147) en $35 millones. La forma de pago, según se especificó en el contrato, al que tuvo acceso LVP, fueron tres cuotas de $11.666.666 que se pagarían los días de 05 de julio, 05 de agosto y 05 de septiembre de este año. 

En el mismo contrató se especificó lo siguiente: “La presente venta se efectúa libre de todo gravamen, prohibición y embargo, respondiendo el vendedor (a) del saneamiento en conformidad a la Ley”. Las patentes limitadas de alcohol se otorgan de acuerdo a la cantidad de habitantes de la comuna y el número de cada ciudad es asignado, previo un informe de la municipalidad, por la delegación presidencial de cada región. Por lo mismo, al tener restricciones en cuanto a la cantidad de ellas, se vuelven un bien transable con valores, obviamente, superiores al costo original que el contribuyente le paga a la municipalidad correspondiente la primera vez que la obtiene (1 UTM, es decir $65.900 al valor actual). 

El problema para la compradora es que en la municipalidad, por disposición de la jefa de Finanzas —quien es la superior de Ulloa— trabó la autorización por lo señalado en los primeros párrafos de este reportaje (no correspondía la renovación a Andrea estrada). Por lo mismo, Farfán no puede hacer uso del permiso que adquirió para poder abrir su negocio. Es en ese contexto que la mujer (Farfán) decidió recurrir a la Contraloría para que sea este organismo quien defina la controversia y, si lo permite la Ley, poder hacer uso de la cuestionada patente. 

Este medio contactó a Andrea Estrada, pero no respondió al requerimiento. También trató de ubicar a Carmen Luz Moreno, pero no respondió el celular. Juan Antonio Ulloa, quien está en proceso de definición para inscribir su eventual candidatura a alcalde de Pucón (ya consiguió los patrocinios necesarios), tampoco respondió a las preguntas realizadas por LVP. Esto, aunque en una nota anterior, acusó que las denuncias correspondían a un efecto de una denuncia de él en contra de Román por acoso laboral. Los antecedentes están en manos de la fiscalía de Pucón, organismo que envió una orden de investigar a la PDI. La idea es definir la existencia o no de algún delito.