La pelea municipal para mantener el vertedero: después de 30 años sigue irregular, pero en Daoma trabajan para revertir la situación

• El denominado sitio de disposición final de la basura local ha sido parte de una ácida controversia mediática en las últimas semanas; pero poco se sabe de cuál es su real situación y cómo se proyecta una regularización que prevé una vida útil, en un sistema optimizado, que podría llegar a los 20 años. Todo esto mientras en tribunales se ventila una millonaria demanda por lo que se considera como un sitio “clandestino” de desechos. 

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Hace algunas semanas, hubo una polémica que nació en el concejo municipal y se trasladó a los medios regionales. Se trataba de las eventuales multas que recibiría la municipalidad por mantener el vertedero de Los Nevados de manera irregular. Y claro, para muchos de los concejales el análisis más corto y con una falta evidente de datos y contexto (que aparecerían con los días) era más sencillo pagar que no tener dónde dejar los residuos domiciliarios. Pero qué hay detrás de todo esto. Y por qué la situación del vertedero que está en funcionamiento desde hace casi 30 años (partió en 1996) es tan compleja de poner al día y en regla con todo lo que pide la exigente normativa ambiental. 

Gabriela Soto, ingeniero ambiental y encargada del departamento de Gestión de Residuos de la dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente (Daoma), explica en qué va el intrincado proceso de regulación, también que significa la aplicación de multas y qué están haciendo en paralelo. Por lo pronto, explica que al menos una vez al año el Sitio de Disposición Final (SDF) como se le conoce al vertedero, es fiscalizado por las autoridades de Salud. Uno de esos registros se puede ver en la causa civil en la que la familia Garrido demanda al municipio por sentirse perjudicados al ser dueños de un predio de 15 hectáreas, según ellos, inutilizado por los efectos de tener colindante el SDF.

En ese documento de julio de 2024 (que se puede ver más abajo) hay registros de 19 faltas que originaron un correspondiente sumario sanitario. Según la encargada, al final, esas multas no se pagan debido a que en el proceso de apelación y reposición la municipalidad explica que está en vías concretas de regularizar una parte del predio de 42 hectáreas. Por lo mismo, en los hechos, el trabajo por regularizar evita que se paguen las multas. 

Pero en qué está todo esto. Por ahora la Soto, señala que se avanza en el proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), paso previo a obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que es lo que permite el funcionamiento. Esta DIA está asignada a un espacio de siete hectáreas dentro del predio y se trabaja para dejar esa área en cumplimiento de la normativa. 

“Actualmente estamos en la etapa dos que es el levantamiento de información de la caracterización del área de influencia. La DIA la componen seis etapas y recién estamos en la etapa dos. Las cuatro primeras son las que se hacen antes de ser ingresada al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”, señala Soto, quien al ser consultada sobre los tiempos de este proceso, responde: “No depende solo de nosotros, depende del SEA, pero ojalá fuese en un año y medio o dos que pudiésemos tener una RCA”. 

Según la profesional, las siete hectáreas que quedarían habilitadas y en regla: “Son siete hectáreas donde levantamos toda la información respecto a los ecosistemas del lugar, luego de que la empresa (que realiza la DIA) levante información nos genera una ingeniería básica y de detalle que nos va a marcar los lineamientos de cómo vamos a disponer la basura en base a ese proyecto”.

Según Soto, una vez que este proceso esté aprobado y con RCA, las siete hectáreas podrían dar una vida útil al vertedero de hasta 20 años. Esto, si es que se cumplen, además, los proyectos alternativos que permitan optimizar el reciclaje y la disposición intermedia de los residuos sólidos. Un ejemplo de esto es la planta de reciclaje o punto limpio en Los Arrayanes. Se visualizan dos más de este tipo. 

De acuerdo a los dichos de Soto, de materializarse esto, más una planta de compostaje industrial que proyecta una inversión de más de $1.600 millones, la vida útil del SDF regularizado se ampliaría por 20 años. De mantenerse el sistema de tratamiento de basura tal como está hoy, los tiempos de uso se acortarían a la mitad. Es decir, diez años. Este lunes hubo un avance al aprobarse en el concejo la ordenanza de separación de origen de los residuos sólidos domiciliarios. La idea, según se explica, es respaldar estrategias de segregación de origen

En paralelo

Pero no es lo único. De acuerdo a lo que señala la profesional, el Daoma trabaja en proyectos independientes (ingeniería de detalle) que permiten trabajar los residuos con estándar alto y de acuerdo a las exigencias ambientales actuales. Eso, aún cuando no se posee la RCA. “Se ingresó una primera ingeniería el año 2021 y esa ya la utilizamos. Ahora vamos en la segunda etapa que es la ampliación. Una ingeniería de detalle nos entrega las bases y los sustentos técnicos para la construcción y operación del sitio en base a la normativa vigente”, dice y luego agrega: “Si bien sabemos que no tenemos resoluciones sí funcionamos con los estándares que dice la normativa con estas ingenierías de detalle que nosotros desarrollamos”. 

De acuerdo a los dichos de Soto, la mayor relevancia que pone el departamento que lidera está en no contaminar: “Trabajamos con sistemas de impermeabilización basal, sistemas de impermeabilización final, sellos finales. Trabajamos con captación de líquidos y liberación de biogás. Todas estas variables sanitarias que están en el Decreto Supremo 189 que es el que norma los sitios de disposición final están implementadas en el sitio; pero claro, aún no tenemos la resolución sanitaria”. El punto que resalta Gabriela Soto, es que anteriormente el vertedero no funcionaba de esta forma y se tartana de solo dejar la basura en hoyos. 

La demanda: “vertedero clandestino”

Pero no solo en el ámbito de la normativa ambiental se está dando la situación del vertedero. También hay una arista legal. Esto por la demanda que ingresó en 2024 la familia Garrido, la que es representada por el abogado Flavio Fernández. En la causa, que es pública en la web del Poder Judicial, se explica en detalle la historia del vertedero desde que partió en 1996. Se dice, por ejemplo, que el lugar solo funcionó con autorización hasta 2008 y que desde ahí nunca pudo adecuarse a la normativa ambiental vigente en el país. 

En la demanda se repasan todos los inclumpimientos del SDF, al que califican como un “vertedero clandestino”. Y que, por lo mismo, se sienten sumamente menoscabados en su patrimonio, por ser propietarios de un terreno de casi 15 hectáreas que, según ellos, está inutilizado por —lo que consideran— el mal tratamiento de la basura. Piden una indemnización de casi $400 millones. La causa se encuentra actualmente en el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón (primera instancia) y está cercana a ser fallada. El caso fue hecho público en un reportaje de LVP de diciembre de 2023.

La fiscalización de Salud de 2024