Los “misteriosos” bonos que recibieron los asesores clave del alcalde en mayo

• En la página de Transparencia de la municipalidad aparece que los cuestionados funcionarios ingresaron $500 mil extras de su sueldo en comparación a los meses anteriores. No hay una explicación meridianamente clara, principalmente, respecto de dos de ellos; aunque desde Comunicaciones señalan que los honorarios están alineados a la escala de remuneraciones. Además cuestionan el rol de la concejal Castillo en toda la trama.

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Una intensa jornada se vivió al interior del municipio la jornada de este miércoles. Lo anterior por las sendas notas de prensa conocidas sobre la investigación de Contraloría en este medio y luego replicada en la Radio Bío Bío. Y cuando las aguas aún no terminan de aquietarse, en medio de los antecedentes recopilados, aparecieron nuevos datos que siguen poniendo algunas sombras en la actual administración liderada por el alcalde Sebastián Álvarez. Y es ahí que los nombres de los involucrados comienzan a convertirse casi en un lugar común. 

 Esto, porque de acuerdo a lo que pudo reportear este medio, hay dudas sobre el cómo y el por qué se pagaron en mayo bonos a los asesores que aparecen en la investigación de Contraloría. Y esto, principalmente en el asesor comunicacional y exjefe de gabinete del alcalde, Jefferson Adaro; y también en el asesor de control, Iván Soriano. En rigor, ambos aparecen en el mes de mayo con $500.000 extras en relación a las remuneraciones anteriores. Los dos con contratos a honorarios que los hacían percibir remuneraciones que en el caso de Adaro llegaban, según la página de Transparencia, a $3.382.760 (esto en abril). Al mes siguiente, el profesional de las comunicaciones recibió $3.882.955. Es decir $500.195 extras. A partir de septiembre, eso sí, el periodista bajó su remuneración a $2.500.000 luego del ajuste generado por los cuestionamientos de Contraloría en relación a las funciones para las que fue contratado y las que ejercía. A saber, tenía una especie de doble labor como jefe de gabinete y encargado de comunicaciones. Luego de los primeros cuestionamientos quedó solo en el área de las comunicaciones. Por lo mismo la baja, según se explicó.

En el caso de Soriano también existe un bono “misterioso” en mayo. El exjefe de Finanzas de la gobernación regional ha recibido permanentemente desde enero un sueldo líquido —también en modalidad a honorarios— de $4.500.000. Esto a excepción de mayo, mes en el que según el portal de Transparencia, recibió $5.000.175. Es decir, $500.175 de su sueldo acostumbrado. 

Las versiones del por qué

En ambos casos no hay una explicación específica del por qué sobre estos “misteriosos” bonos. Este medio pudo recopilar, al menos, dos versiones. La primera apunta a que en ambos casos se trató de un beneficio que trató de emular a los bonos que otorga el sistema público en el contexto del denominado “Programa de Mejoramiento de Gestión” más conocidos como PMG. La otra versión es un poco más sencilla y apunta principalmente al trabajo extra que ambos funcionarios tuvieron en el contexto de la preparación de la cuenta pública de junio (en la imagen principal Ivan Soriano expone en ese evento). 

En relación al mismo tema, hay un tercer caso y es acá donde aparece, nuevamente, el nombre del asesor en Riesgos y Desastres Esteban Backit. Este funcionario recibió en marzo y mayo una remuneración extra a la acostumbrada de aproximadamente $500.000 cada mes. En este caso, según se explicó desde el interior del municipio, hay justificación técnica debido a las salidas que Backit tuvo en esos meses a lugares fuera de la comuna por emergencias. Las mismas fuentes, eso sí, explicaron que fue Backit —quien ha pasado por distintos organismos públicos— quien alertó sobre los problemas de los bonos en contratos a honorarios. Desde julio en adelante Backit recibió un aumento de cerca de $300.000 debido a que se hizo cargo de la operación municipal en los caminos. 

La explicación formal 

Previo a la publicación de esta nota, desde la oficina de Comunicaciones del municipio hicieron llegar a la redacción de este medio un comunicado que consta de tres puntos. Ahí se explicita, entre otras cosas, que el tema también es analizado por la Contraloría:

— ⁠Los honorarios establecidos están alineados con la escala de remuneraciones del personal directivo de este Municipio, sin superar en ningún caso los niveles correspondientes a los titulares. 

— ⁠Los honorarios se encuentran en línea con las normativas vigentes y son proporcionales a las labores desarrolladas, considerando el grado de dificultad y exigencia de las mismas. 

— ⁠La Municipalidad, como se ha informado, espera el pronto resultado de este proceso investigativo aún en desarrollo, a cargo del organismo contralor.

Concejal Castillo en la mira

Horas antes también hicieron llegar otro comunicado para responder un poco más en profundidad sobre lo que la Radio Bío Bío catalogó como “sobresueldos” en los asesores cercanos a Álvarez. Ahí deslindaron responsabilidad, principalmente en la concejal Verónica Castillo, quien fue la primera en mostrar públicamente la solicitud de información de la Contraloría respecto a los funcionarios Soriano, Adaro y Backit. Califica la información como “extemporánea” y con “motivación política” de parte de la edil. Además confirman que ya enviaron una respuesta formal en julio pasado, previo a la estadía de las fiscalizadoras de la Contraloría que estuvieron en la municipalidad en octubre. 

“El Municipio lamenta y repudia la utilización política que una concejala ha hecho de un proceso investigativo que aún no ha finalizado, aprovechándose de la sospecha sin fundamento para realizar juicios sin sustento y con el sólo objetivo de perjudicar la imagen de la actual administración”, señalan y en el párrafo siguiente agregan: “Se reitera que cada uno de las dudas consultadas por la Contraloría General de la República han sido y seguirán respondiéndose en tiempo y forma, como ya ocurrió con documentación despachada en julio pasado”.

El texto también enfoca en la acción de Castillo dañaría la honra de las personas aludidas: “Se insiste que es injustificada la acción de la edil, incluso, en afectar la honra de personas individualizadas públicamente, exponiendo injustamente también a sus familias, lo que denota una mala fe al transmitir información parcial y evidentemente interesada con motivos políticos”.

Cierra con la confianza que les genera la acción del organismo contralor: “Mientras se llama a dejar de lado mezquindades personales y únicamente partidistas, esta administración espera confiada en que Contraloría mantendrá su tradicional objetividad e imparcialidad en el resultado de una investigación que continúa aún vigente”.