Caso “sobre sueldos”: Contraloría entrega pre-informe y municipalidad abre sumario para determinar responsabilidades

• Los antecedentes apuntan a que el organismo contralor plantea que existe un “eventual detrimento” al patrimonio público municipal. La administración pública local, liderada por el alcalde Sebastián Álvarez, tiene ocho días para responder al requerimiento.

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Fue un tema complejo durante las últimas 24 horas a partir de la tarde del jueves al interior de la municipalidad. Se trataba del preinforme de Contraloría que entregaba algunas luces sobre las posibles irregularidades y los denominados “sobresueldos” de tres de los asesores directos del alcalde Sebastián Álvarez. Y en ese sentido los datos apuntan a que el organismo contralor entregó elementos considerados como “preocupantes” por quienes conocen de la administración pública municipal. 

Por lo mismo, este medio puede confirmar que el preinforme apunta a que podría existir un “eventual detrimento del patrimonio público” a causa del aumento de honorarios “sin justificación”. A saber, la denuncia anónima realizada a la Contraloría, enfocaba —entre otras cosas— en las remuneraciones y funciones de tres de los asesores más cercanos al alcalde Sebastián Álvarez. En esta lista estaban el asesor contable, Iván Soriano; y también el periodista Jéfferson Adaro. El primero con un sueldo de $4,5 millones mensual y el segundo con una remuneración mensual de $4 millones. En el grupo también está el asesor de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) con una remuneración de $3,5 millones. Sobre los dos primeros se denunciaba que cumplían funciones de jefaturas sin estar habilitados administrativamente para ello. Y sobre el último, se especificaba que solo contaba con licencia de enseñanza media. 

Respecto de eso, los antecedentes que maneja LVP apuntan a que el organismo contralor, en principio, determinó que las remuneraciones que reciben los tres funcionarios no están asimilados a los grados que debieran tener. En el caso de Soriano y Adaro, un grado 8 profesional (cerca de $2 millones aproximados) y Backit un grado 11 administrativo ($1,7 millones aproximados). Sobre los bonos recibidos en mayo, la Contraloría estaría en la línea que no corresponde. 

Es en ese sentido que se supo en las últimas horas que la municipalidad definió abrir un sumario administrativo para determinar eventuales responsables. Y esto en torno a quiénes diseñaron esta estructura de remuneraciones y quiénes las validaron. Tampoco se pierde de vista que todos los cargos y sus remuneraciones fueron aprobados por el concejo municipal y es algo, según cuentan, que debe entrar en el análisis. 

Por lo pronto la municipalidad tiene ocho días para responder el preinforme catalogado. Una vez que esto pase, la Contraloría debe enviar el informe final con las decisiones y eventuales acciones administrativas. Este último informe es el que debe ser presentado al concejo para su observación y acciones a seguir.

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