El “nuevo bloque” de concejales que se formó en medio de la crisis por el “Caso Sobresueldos”

• Mientras la trama y el remezón que trajo la investigación de la Contraloría, y se trabaja en la respuesta del preinforme que da cuenta de un eventual detrimento a las arcas públicas, siguen su curso natural; las fuerzas que empujan cambios al interior de la municipalidad también se proyectan desde la mesa de los ediles. 

(Apoya el periodismo local e independiente haciéndote socio de La Voz de Pucón)

Las crisis tienen denominadores comunes. Y uno de ellos es que las partes interesadas en objetivos comunes se agrupan, independiente de ideologías o posturas históricas. Y eso parece que es lo que está pasando en medio del último remezón que se vive en la administración del alcalde Sebastián Álvarez por el denominado “Caso Sobresueldos”. Y pareciera ser que todo ha quedado más patente luego de conocidos algunos detalles en torno al preinforme de Contraloría que detectó, entre otras cosas, un “eventual detrimento al patrimonio público municipal” a causa del aumento de las remuneraciones de algunos funcionarios a honorarios (del círculo cercano del alcalde principalmente) sin justificación. 

Y es en ese contexto que ha comenzado a solidificarse una alianza al interior del actual concejo municipal y que tiene de protagonistas a cuatro ediles de diferentes colectividades. Se trata de Emilio Ulloa y Claudio Cortez, ambos de RN; Julio Inzunza del PDG y Verónica Castillo (ex Frente Amplio). Los cuatro mantienen conversaciones y comunicaciones, incluso con un grupo de whatsapp aparte, desde hace varias semanas y el tema del caso sobresueldos ha sido parte de las cavilaciones sobre la proyección del mismo y; principalmente, sobre la falta de información que los complica. De hecho, hay al menos dos solicitudes de la respuesta que la municipalidad dio en julio a la Contraloría regional respecto al tema y, al cierre de esta edición, no tenían resultado sobre el requerimiento. 

También han sido infructuosos los movimientos formales que han hecho para obtener una copia del preinforme que el organismo contralor hizo llegar a la municipalidad el pasado jueves. Y entregarlo, según se explicó desde el municipio, es imposible debido a que tiene un carácter de “confidencial” y que solo tienen acceso al documento, el alcalde y quienes tengan responsabilidad en la respuesta (los jefes Jurídicos y de Personal entre otros). 

Con todo, hay cosas que sí se han conocido del preinforme. Entre ellas, que la Contraloría detecta un “eventual detrimento” a las arcas municipales producto de las altas remuneraciones de los cuestionados funcionarios y asesores a honorarios. Entre ellos, el asesor contable Iván Soriano; y el periodista Jéfferson Adaro. El primero gana $4,5 millones y el segundo $4 millones (aunque en septiembre este último bajó su sueldo a $2,5 millones). También aparece el asesor experto en Gestión de Riesgos y Desastres (GRD), Esteban Backit, quien gana $3,5 millones sin poseer título universitario. Según las observaciones del organismo, los dos primeros deberían ser igualados a un grado 9 profesional (cerca de $2 millones aproximados) y el tercero a un 11 administrativo ($1,7 millones aproximados). 

Sobre lo que viene, se maneja la posibilidad que este “nuevo bloque” (en referencia al denominado “bloque opositor” que existió en los tiempos de Carlos Barra) comience a explorar la posibilidad de sacar, vía remoción, al actual administrador municipal Francisco Torres. Esto, eso sí, está en un análisis especial y lo verán con bastante detención y asesoría para evitar repetir el error cometido en el último período de Carlos Barra cuando el antiguo bloque —junto a Claudio Cortez— propició la salida de Rodrigo Ortiz. Este último fue devuelto a su cargo luego de un largo proceso en tribunales; debido a que el procedimiento estuvo mal hecho en la forma. En todo caso, la posición de sacarlo no es unánime aún y es algo que se pondrá en discusión para tratar de llegar a un consenso.

Por ahora, eso sí, se trata de una idea en etapa preliminar y de querer materializarla necesitan, al menos, un voto más en el pleno del concejo. Todas estas cosas comenzarán a definirse durante la semana que parte este lunes. En tanto, la municipalidad tiene  ocho días hábiles para responder al preinforme de la Contraloría regional. En paralelo se supo que se abrió un sumario para delimitar las responsabilidades administrativas en torno a las decisiones que propiciaron las observaciones del organismo contralor. Este es un elemento que le juega a favor a la administración Álvarez porque denota acciones en torno a tratar de solucionar los eventuales errores y faltas cometidas. El alcance del sumario y las propias decisiones que tome el alcalde podrían abrir una ventana de cambios al interior del equipo cercano al jefe comunal. Esto, a pocos días de cumplir un año en el cargo.

(Hazte miembro de nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias primero)