Plan de descontaminación del lago: industria salmonera debe implementar medidas de mitigación estimadas en casi US $35 millones

• El proyecto que está en la última etapa y se espera la firma del Presidente Gabriel Boric incluye fuertes medidas de mitigación por parte de las pisciculturas, las que serán fiscalizadas y evaluadas en sus emisiones mes a mes. El sector privado absorberá casi el 67% del costo total del plan que se calcula en unos US $56,13 millones. 

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Ya zanjado que el Presidente Gabriel Boric firmará el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica; según lo que se señaló al final de la semana pasada, otro elemento relevante es su implementación y financiamiento de las medidas que se deben implementar para bajar las cargas de contaminantes del cuerpo de agua. Y es acá que la industria salmonera pasa a ser un actor determinante. Esto, porque luego de que el plan se esté oficializado y promulgado, deben elevar sus estándares en el manejo de residuos y que estos vayan a dar al lago. Y, de acuerdo a lo estipulado en el decreto que está a la espera de la firma de Boric, tendrá un costo alto. En los hechos bordeando los US $35 millones (US $34,69 millones). 

Así queda estipulado en el documento que es público en la web del ministerio de Medio Ambiente (MMA), en el que se desglosa el costo calculado de implementar el proyecto que se pone un plazo de 15 años para devolver el lago a condiciones normales en su carga de elementos como “fósforo” y “nitrógeno”; principales agentes de la saturación del cuerpo de agua. 

Según lo que se plasma en el plan, el costo estimado para el plan es de US $54,13 millones. Es decir, cerca de $50.000 millones al cambio actual. De eso, se desglosa en un 34% de costo del Estado (US $18,83 millones) y tiene que ver con la construcción de una planta de tratamientos de aguas servidas para Curarrehue; la implementación de un programa de soluciones sanitarias rurales; programa de reforestación con vegetación nativa y un aumento de monitoreo de la calidad del agua. El restante del costo (66%, o US $37,3 millones) corresponde al sector privado. Y gran parte de eso, es responsabilidad de la industria acuícola con las pisciculturas. 

Según los analistas y conocedores del desarrollo del plan, los costos son estimaciones que tiene  que ver con la implementación para reducir fósforo en la cuenca. Las medidas apuntarían a contar con mejores tecnologías de filtración de nutrientes y aumentos en monitoreo de la calidad del agua. En rigor, el plan especifica y norma las emisiones de estos nutrientes para las pisciculturas que existen en la zona. Según se señala, una vez que el plan esté publicada existirá un plazo de seis meses para que los representantes legales de cada empresa acuícola en la zona deberá presentar una declaración jurada en la seremi de Medio Ambiente en la que se debe establecer el cumplimiento de las nuevas normas de emisión acotadas en el plan. 

“A esta declaración, el titular deberá adjuntar un plan de adecuación donde se incorporen las formas, condiciones, metodologías, ajustes en la producción y antecedentes necesarios para que el proyecto pueda dar conformidad a los límites establecidos según corresponda y toda medida necesaria para dar cumplimiento”, se lee en el documento. Por cierto, tanto la declaración jurada como el plan de adecuación podrán ser objeto de observaciones y ajustes de parte de una comisión integrada por los seremis de Medio Ambiente y Salud; además de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). De no cumplir con esta exigencia existirán sanciones para las empresas. 

Además de eso, las pisciculturas serán sometidos a un fuerte régimen de fiscalización que incluye un reporte los primeros cinco días hábiles del mes de la carga total mensual de fósforo emitido. Esto deberá hacerse a la superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Además los primeros cinco días hábiles de febrero deberá realizar un consolidado anual del lustro anterior. No cumplir con esto será estimado como una causal de sanción de parte de la SMA. Si bien las pisciculturas ya instaladas tendrán un plazo de seis meses para cumplir con las exigencias, las nuevas deberán hacerlo al momento de comenzar la operación.

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