Explota caso de parcelas: fiscalía de Pucón investiga posible estafa por venta de terrenos que nunca se entregaron en Menetúe

• Hasta el momento se conocen a doce presuntas víctimas y los montos involucrados, según el abogado querellante, sobrepasan los $170 millones. Los desarrolladores del proyecto acusan problemas generados con “cambios en las reglas del juego” relacionadas a las parcelas de agrado en Chile de parte del gobierno. 

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“Realmente era un paraíso. Esto por las fotos e imágenes que se veían por internet”. Corría el año 2021 y en plena pandemia, Jorge Tabja (58), decidió que era un buen tiempo para invertir en un bien raíz. Era algo seguro y más estable para resguardar los ahorros en tiempos convulsos y en donde la inflación era una amenaza latente luego de los retiros de los 10% de los fondos de pensiones. Y en la búsqueda de un buen lugar, este periodista experto en marketing estratégico encontró en el proyecto “Hacienda Menetúe” el lugar ideal. Por lo mismo decidió invertir en dos terrenos con una vista espectacular a los volcanes Lanín, Moche y Villarrica. Además estaba cercano a la laguna Menetúe. Una especie de paraíso terrenal sureño (fotografía referencial). 

Pero las cosas no salieron según lo planificado y a cinco años de esa inversión, Tabja está, al parecer, lejos de recibir lo que le ofrecieron. Es más, decidió interponer una querella por el delito de estafa en contra de quienes le ofrecieron la “gran oportunidad” de invertir en “algo seguro”. Pero no fue el único. Hasta ahora, en total hay doce presuntas víctimas que reclaman porque nunca les fue entregado lo que se les prometió y la sumatoria de lo invertido, según el abogado Juan Carlos Pascual, quien los representa, superaría los $170 millones. 

En el documento legal (la querella) que es pública en la web del Poder Judicial, se entregan detalles de los hechos y por qué se considera un delito. “En distintas fechas del año 2021 cada uno de mis representados firmaron contratos de promesa de compraventa con la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Menetúe SpA, en su calidad de promitente vendedora, legalmente representada por Máximo Gerardo Feest Rivano Rosmarie y Mónica Pinninghoff Álvarez, respecto al proyecto inmobiliario ‘Hacienda Menetúe’, ubicado en la comuna de Pucón, respecto a parcelas de una superficie igual o superior a 5.000 metros cuadrados”, se lee en la querella. 

En el texto se especifica paso a paso lo sucedido en el proceso de venta. Se trataba de un terreno de más de 230 hectáreas en el sector de Menetúe —específicamente donde estaba un conocido criadero de ciervos en ese sector–. La idea de los inversionistas que compraron el terreno, era subdividirlo y generar un desarrollo de más de 300 parcelas que luego serían comercializadas. Todos quienes adquirieron y están como víctimas lo hicieron en blanco, con la promesa de obtener un lugar urbanizado y con caminos. 

“Se establece, que el plazo de ejecución del desarrollo rural de subdivisión será de 36 meses, contados desde la suscripción de cada uno de los contratos. Es decir, el plazo vencía a partir de los 3 años, siendo el primer contrato de promesa de fecha 17 de marzo de 2021”, se especifica en el texto ingresado al Juzgado de Garantía de Pucón, en el que se agrega: “Responsablemente podemos señalar que, transcurridos en promedio más de 4 años desde la suscripción de los contratos de promesas de compraventa, lamentablemente ninguna de las condiciones se cumplió y todos los plazos se encuentran vencidos, y hasta la fecha no se ha restituido a ninguno de mis representados, los dineros pagados a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Menetúe SpA”. La querella apunta a eventuales delitos de estafa, apropiación indebida e, incluso, asociación ilícita. 

Abogado y opción penal

Según lo que señala el abogado de las eventuales víctimas, Juan Carlos Pascual; hay una cierta lógica en casos similares de apuntar por buscar acciones en la justicia civil que tiendan a la búsqueda de indemnizaciones. Pero en esta oportunidad se presentan algunas particularidades que hacen que la opción penal (que enfoca en delitos) sea una opción más que plausible. 

“Si nos fijamos en los contratos de promesa, ellos venden algo que al momento de la firma de los contratos de promesa no era de ellos, sino que ellos lo que hacen, a través de este contrato, es obligarse a comprar a nombre de esa sociedad esos bienes, pero no eran dueños de esos bienes. Y eso está permitido, por eso es un contrato de promesa. Te permite, en un contrato de promesa, vender algo que todavía no es tuyo, estableciendo varias condiciones”, sostiene Pascual, quien agrega:  “Y esas condiciones definitivamente no se cumplieron. Pero no solamente no se cumplió el que la sociedad comprara estos bienes, sino que tampoco se cumplió con el proceso de urbanización, no se cumplió con la subdivisión, con la obtención de pre-roles y, por último, con la firma de los contratos de compra venta dentro de los plazos que estableció el propio vendedor”. 

Para el profesional, la convicción de delitos en todos estos es clara: “Acá existen delitos de estafa, aquí hubo un engaño, aquí hubo apropiación indebida. Solamente las 12 personas que yo represento, esta sociedad se apropió indebidamente de más de $170 millones”. Lo último que se conoció del caso, es que el tribunal accedió a establecer una medida cautelar sobre el predio en Menetúe. Es decir, los propietarios, relacionados a las sociedades que desarrollaron el fallido proyecto, no pueden enajenar o hacer algún tipo de negocio con el paño. 

Habla el desarrollador

Gerardo Feest, uno de los querellados en la causa, se da el tiempo de responder a las consultas de este medio. Y si bien reconoce el problema en el que están inmersos, apunta a las decisiones políticas del gobierno del Presidente, Gabriel Boric, por cambiar —según dice— las reglas del juego en relación al ordenamiento territorial; principalmente en lo relativo al desarrollo de parcelas de agrado. 

“Hemos vivido una situación extremadamente compleja como grupo de inversión inmobiliaria, no solo por factores económicos, sino por un cambio administrativo y político que afectó directamente el desarrollo de proyectos rurales en distintas zonas del país, especialmente en La Araucanía, donde tenemos dos proyectos que han sido muy significativos para nosotros: Hacienda Menetúe y Altos de Huife”, explica el empresario inmobiliario.

En el mismo sentido agrega: “Esta historia no tiene que ver con una mala gestión o una falta de compromiso, todo lo contrario. Tiene que ver con una decisión unilateral del Estado, que a mediados del año 2022, a través de un decreto del Ministerio de Agricultura con apoyo del MINVU, cambió el criterio del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respecto a la certificación de predios rurales para subdivisión. Esto, sin cambiar la ley, sin pasar por el Congreso, solo por decisión administrativa. Y ese cambio nos dejó, literal, con proyectos en pausa, en el aire, con campos comprados, compromisos con clientes, y una incertidumbre enorme”.

En esa línea profundiza sobre lo sucedido en Hacienda Menetúe. “En el caso de Hacienda Menetúe —sostiene— nosotros adquirimos un campo grande, con una parte financiada por clientes que confiaron en nuestro modelo de trabajo. El compromiso era claro: desarrollar el predio, subdividirlo de forma legal, entregar parcelas con rol y avanzar en las obras. Y lo seguimos intentando hasta hoy. Llevamos cuatro años intentando que se certifique el campo. Se han hecho todos los ingresos y reingresos al SAG, se han cumplido los requisitos, se ha trabajado con equipos técnicos y legales, y a pesar de todo eso, el proceso ha sido muy lento, muy frustrante. A la fecha, logramos certificar un cuarto del campo, lo que nos permitió entregar cerca de 70 parcelas con rol a sus respectivos propietarios. Eso es un avance, pero sabemos que no es suficiente, y seguimos trabajando para sacar adelante el resto del proyecto”.

Por ahora el tema se tramita en el Juzgado de Garantía de Pucón y la investigación está a cargo del fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara; quien encargó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI la indagatoria. Este es el segundo caso de complicaciones judiciales con venta de parcelas que se conoce en los últimos seis meses. El anterior corresponde a un desarrollo en el sector de Los Nevados.

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