Cambios locales para la seguridad y prevención del delito

*Por Francisco Vega Duarte

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Este miércoles 11 de febrero fue publicada la Ley 21.802 que viene a modificar en parte la Ley Orgánica de Municipalidades, fortaleciendo la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Si bien su entrada en vigencia será a contar de agosto, se espera que ya el 2027 cada municipio esté más robusto para cumplir con su rol preventivo, coadyuvante, colaborativo y complementario en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Si bien el centro de la discusión ha estado en torno al rol de los inspectores de seguridad pública, esta reforma viene a generar una serie de modernizaciones al interior de los municipios, dotando de más capacidades a las direcciones municipales de seguridad pública. Esto incluye requisitos para dirigir la dirección, dinámicas locales de coordinación con las instituciones públicas de seguridad, como las policías y el Ministerio Público, pero también, la necesidad de someterse a test de drogas a un conjunto importante de funcionarios y autoridades municipales. Esto último, fue incluido por sectores de derecha a la hora de dar los votos para su aprobación en el Congreso Nacional. 

Está claro que la seguridad no era parte del programa del gobierno del Presidente Boric, sin embargo, el legado que dejó Eduardo Vergara, ex subsecretario de Prevención del Delito hoy en el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) fue comprender la importancia del carácter multinivel de la seguridad y prevención de delito. Hoy podemos decir que tendremos una nueva institucionalidad municipal en la materia, estando a la espera de avanzar a nivel regional. Es evidente que la seguridad pública es una política pública nacional, sin embargo, tanto los gobiernos regionales como las municipalidades tienen roles de coproducción, en lo particular en prevención del delito y apoyo a las víctimas.  

De esta manera la pelota está en los pies de los alcaldes. Claro, hay algunos que ven puros problemas frente a esta nueva responsabilidad, otros a la oportunidad de apitutar cercanos y otros aun sin comprender las potencialidades de generar mayores niveles de confianza y legitimidad de la autoridad local basada en la seguridad pública. Las direcciones podrán impulsar acciones en materia de prevención del delito, atención y asistencia a víctimas, protección de las personas y promoción de la convivencia vecinal. Asimismo, podrá orientar e informar sobre la normativa vigente y servicios disponibles en seguridad pública,  atender y asistir a víctimas, particularmente las vinculadas a la violencia intrafamiliar (VIF), prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, además de implementar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Finalmente uno de los puntos que son importantes en territorios donde hay más de un municipio, como es la Zona Lacustres, es que se podrán crear convenios entre los municipios, tanto en lo particular frente a eventos, como el IRONMAN, así como durante el año. Esto último es relevante a la hora de poder traspasar los límites comunales cuando se colabore en algún procedimiento de las policías. El rol de los municipios no es disponer de policías municipales, de ahí que sepan los alcaldes que no basta con contratar ex uniformados, sino avanzar en una seguridad municipal integral, fuertemente vinculada con la gestión de riesgos y desastres, así como un trabajo preventivo con las áreas de salud y educación municipal.

Francisco Vega Duarte es Licenciado en Ciencia Política UC.; Magíster en Gobierno y Sociedad UAH y Ex Coordinador Regional de Seguridad Pública en La Araucanía.

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