Seguridad Pública municipal: tribunal concluye que desvinculación de funcionario fue como represalia a denuncia por Ley Karin

• El fallo de primera instancia ordena al municipio pagar más de $10 millones al exfpatrullero Emilio Huinca, quien tras recurrir a la Contraloría por la situación fue despedido. Es la tercera causa perdida en menos de una semana.

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Hace un poco más de un año, la nutrida agenda de polémicas de la Municipalidad de Pucón vivió uno de sus puntos más intensos. La denuncia de eventuales malos tratos y supuestos abusos en contra del jefe de la Dirección de Seguridad Pública, el general retirado de Carabineros Juan Carlos Badilla, remeció a la opinión pública. Esto, principalmente, tras los dichos del funcionario —también carabinero en retiro— Emilio Huinca, quien acusó a Badilla de maltrato luego de no cederle el asiento delantero del vehículo en el que lo trasladó desde el edificio de la municipalidad hasta las oficinas de la galería Los Álamos, a tres cuadras de distancia. Luego de eso, el funcionario fue desvinculado de sus labores. Y esta semana, el caso vuelve a hacer noticia.

Lo último, debido al fallo en primera instancia del tribunal de Pucón, en el que se concluye que la salida de Huinca, posterior a una denuncia realizada bajo la Ley Karin —que sanciona los abusos en el trabajo—, fue realizada como “represalia” por haber elevado el caso a instancias superiores, como la Contraloría.

“Se concluye que la desvinculación constituyó una represalia asociada a la reclamación formulada por el trabajador, lesionando su garantía de indemnidad”, señala el fallo firmado por el juez José Luis Maureira, quien le otorgó al demandante una indemnización de un poco más de $10 millones.

Según se lee en el documento, se acreditaron una serie de hechos denunciados por Huinca. Entre ellos, el incidente ocurrido a principios de agosto, cuando se produjo el traslado. Luego de ello, también se acreditó una reunión a la que fue citado Huinca por Badilla. Ahí, si bien las versiones se bifurcan —Huinca acusa malos tratos y Badilla señala que solo fue una reunión para consultarle si le pasaba algo por no haber guardado principios de cortesía, como el saludo—, también se acredita la denuncia posterior de Huinca por la Ley Karin.

Lo que no se pudo acreditar, según el fallo, por parte de la municipalidad, son las razones de la desvinculación: “No se trata únicamente de la cercan a cronológica entre la denuncia y desvinculación, sino de una cadena de acontecimientos que permite sospechar razonablemente que el término del contrato de trabajo pudo guardar relación con el episodio denunciado y con el ejercicio del derecho del trabajador a requerir protección frente a una conducta que estima lesiva de su integridad psíquica y honra”.

El fallo también se hace cargo de la respuesta de la Contraloría ante la denuncia por la Ley Karin. En esa oportunidad, el organismo contralor desestimó la acusación, aunque catalogó el comportamiento como “incívico”.

“Dicho pronunciamiento, emitido el 30 de septiembre de 2025, resolvió no iniciar un proceso disciplinario por no advertir hechos con entidad suficiente para configurar acoso
laboral. Sin embargo, no declaró falsa la denuncia ni examinó el móvil del término comunicado el 12 de agosto. Por el contrario, calificó el tenor de los comentarios como
conductas incívicas, entendidas como comportamientos descorteses o groseros contrarios a las normas de respeto mutuo, e instruyó que la Municipalidad comunicara al director los lineamientos destinados a erradicarlas”, acota la resolución firmada por Maureira.

Es más, lo toma como un elemento objetivo de la demanda que patrocinó la exabogado de la municipalidad, Bhama Zúñiga: “Mientras el demandante había acudido a los canales institucionales para esclarecer un reproche que estimaba lesivo de su dignidad y consideración personal, la Municipalidad puso término a su relación laboral sin expresar una causa objetiva y antes de que la denuncia fuera resuelta”.

Con este fallo, la municipalidad suma su tercera causa judicial perdida en menos de una semana. El fallo de Huinca se agrega a la causa que ganó la jefa de Finanzas, María Victoria Román, por $25 millones. Esta última también fue patrocinada por la abogada Zúñiga. Además de eso, también se supo del caso de cinco exfuncionarios que, en total, obtuvieron una indemnización de un poco más de $60 millones. Todas estas causas, eso sí, corresponden a fallos de primera instancia y pueden ser apeladas.

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