El que esté libre de sumario, que lance la primera piedra

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El asunto de las licencias médicas utilizadas por funcionarios públicos con el fin de salir del país ha espigado un sinfín de especulaciones, preguntas e interrogantes que es preciso y bueno puntualizar. Primeramente, luego que pasan las horas, nos volvemos a acordar que, en nuestro país, basados en nuestra Constitución Política, existe un principio fundamental: el debido proceso. ¿Pero qué es eso? Se trata de que toda persona tiene derecho a que se cumplan ciertas garantías y formalidades con el fin de proteger sus derechos y libertades cuando sus intereses se puedan ver afectados. Dicho de otra forma, por muy “mal que se haya portado” todo individuo tiene el derecho de ser escuchado, de lo contrario, sería un retroceso histórico que afecta los derechos humanos, la dignidad y la evolución del Derecho que tanto nos ha costado. 

Entonces, nos debemos hacer la pregunta: ¿existen reyes absolutos en nuestro país que pueden simplemente destituir a un funcionario público sin antes oírle? Aquí debemos ser cautelosos. En Chile —sabiendo que vivimos en democracia y no somos una dictadura— existe un procedimiento que se llama “sumario administrativo”. Para bien o para mal, existe un procedimiento que encauza el enjuiciamiento de aquel funcionario que pudo haber desviado su camino. Fíjense bien… que pudo, pues durante la investigación se podrá comprobar si es cierto o no. 

Es importante también destacar que los sumarios exprés tampoco existen ni menos las destituciones “in actum”, es decir, decisiones más parecidas a orates ilusos que hacen justicia según lo que les dice el ánimo del momento. Si fuera así se nos acabaría el Estado de Derecho, y gran parte de la democracia.

Sigamos aclarando. Los procesos administrativos disciplinarios están plenamente regulados en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el estatuto administrativo general, como en el municipal. Contemplan plazos, derechos, derecho a recurrir, etc. No discutiré que son faltas o graves faltas si lo quieres decir también, pero tenemos la obligación de aclarar conceptos, porque el que esté libre de licencia médica, que lance la piedra o el primer sumario para ser más exacto.

¿Qué pasa si el funcionario público colabora con la investigación? ¿Si devuelve el dinero? U otras hipótesis que pueden acontecer. Espero haber ayudado a entender que el aceite hirviendo puede caer incluso más fuerte sobre el justiciero que no hace las cosas bien, para hacer justicia sobre el ajusticiado. Informarse hace bien.

*Javier Barra G. es abogado de la Universidad de Concepción y magíster en Derecho de la PUC.