Educación pública: más allá de la gestión local

*Por Daniela García

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En 2017, con el Presidente Piñera se creó el nuevo sistema de educación pública, que traspasa la administración de los establecimientos educacionales a 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Recientemente, este diario publicó una columna del alcalde que contrapone la  gestión municipal pasada —descrita como una “caja pagadora de favores políticos”— con una administración actual presentada como eficiente, y utiliza ese contraste para cuestionar una política nacional  y oponerse a la implementación de los SLEP. Esa misma diferencia en gestiones municipales es un argumentos de base para los SLEP ya que la educación no puede depender  de los cambios políticos locales e instala  una falsa dicotomía entre gestión local y centralismo cuando la oportunidad está en la cooperación y en no omitir los factores estructurales que dieron origen a esta reforma. Los SLEP son ya una  ley que no permite excepciones por lo que el foco debe estar  en cooperar para lograr excelencia en la transición. 

Los SLEP no surgieron por ideología ni por capricho técnico. Son la respuesta a un diagnóstico ampliamente respaldado: la municipalización de la educación, impuesta en dictadura, fragmentó el sistema público, profundizó las desigualdades y dejó la calidad educativa sujeta a las prioridades políticas y económicas de cada municipio. Ese diseño estructural fue el que fracasó, más allá de la buena o mala gestión de autoridades específicas.

Es cierto que existen comunas que hoy exhiben orden financiero. Pucón podría ser una de ellas, pero no puede ignorarse que cuenta con grandes ingresos del turismo y el casino, una realidad ajena a la mayoría de los municipios. ¿Debe el derecho a una educación de calidad depender de si una comuna tiene o no esas ventajas económicas? Ordenar las finanzas y reducir déficits puede ser necesario, pero no equivale automáticamente a mejorar aprendizajes ni a fortalecer proyectos pedagógicos.

Las dificultades iniciales de los SLEP son reales y deben abordarse, pero confundir problemas de implementación con el fracaso del modelo es un error. La ley contempla gradualidad, evaluación y ajustes, precisamente porque entiende la complejidad del cambio.

Defender la educación pública no es aferrarse a la administración municipal por principio ni proteger privilegios locales. La educación pública busca garantizar estándares comunes, financiamiento más equitativo y responsabilidad estatal directa, sin romper el vínculo con los distintos sectores. Los municipios no desaparecen: su rol se redefine, permitiéndoles enfocarse en políticas locales de infancia y cuidado.

Coincido en que el actual sistema de subvención por asistencia castiga a las escuelas rurales. Pero ese problema no es consecuencia de los SLEP. Usarlo como argumento contra la reforma desvía el foco del debate.

La educación pública no puede depender de liderazgos individuales, por honestos y eficientes que sean. Las políticas deben sostenerse más allá de los ciclos electorales. La pregunta de fondo no es si una comuna hoy puede administrar su educación, sino si Chile está dispuesto a construir un sistema público basado en garantías y no en excepciones.

*Daniela García fue concejala independiente y también postuló como candidata a la alcaldía en las primarias de la izquierda en 2024.

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