No se trata de una licitación, es la pérdida de confianza

*Por Cristián Hernández

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Lo ocurrido con el rechazo unánime del concejo municipal a la licitación de una empresa cercana al alcalde el pasado lunes no es un simple desacuerdo técnico en la mesa del concejo. Es la manifestación evidente de una pérdida de confianza que comienza a transformarse en un problema recurrente de legitimidad. 

El concejo municipal tiene la atribución explícita de aprobar, abstenerse, inhabilitarse o rechazar los mensajes que el alcalde somete a su consideración. Bajo ningún punto de vista están obligados a aprobar por el solo hecho de que el proceso cumpla formalidades técnicas (Ley Orgánica de Municipalidades / Ley 18.695). De hecho, ni siquiera un concejal o alcalde debiera obedecer a las presiones de su propio partido político. Sino a lo que realmente es correcto en el ejercicio del cargo que la ciudadanía le entregó en la confianza del voto. 

Aunque el tema de fondo es otro y muy delicado, no creo que sea correcto calificar al Concejo en pleno de “ignorantes”.  Ese es un verdadero error que estaría ratificando la soberbia con la que se intenta administrar la comuna. Invito al alcalde a ser humilde aunque sea por esta vez. Y que no olvide que, tal como dice un antiguo proverbio: “la mujer del César no solo debe ser casta, sino que también parecer”. Y es que en política las formas son tan importantes como el fondo. Y en este caso lo mejor es pedir disculpas públicas al honorable cuerpo colegiado que lo acompaña en su transitorio cometido. 

En cuanto al tema de fondo es un hecho no menor que la empresa que se adjudicaría el contrato para entregar servicio de internet rural tiene como principal ejecutivo a quien fue el jefe de campaña del actual alcalde. Eso no es una percepción antojadiza ante los ojos de la comunidad, ni la “mañosa” interpretación de un medio de comunicación, es un dato esencial de la causa. A simple vista debiera ser el cuestionamiento central del honorable concejo y por cierto, de toda la ciudadanía. La inhabilitación no debió ser solo para votar; sino que también para argumentar. Y por cierto debió evitar entregar una salida para salvar el contrato de la empresa, lo que más bien pareció una especie de “salvavida de plomo”.

Porque cuando los recursos públicos están en juego (casi $80 millones) y existen vínculos políticos directos o posibles conflictos de intereses, la exigencia ética se eleva por sobre cualquier mínimo de legalidad.  Ahora, cuando seis concejales votan en contra de manera unánime, no estamos ante una confusión técnica colectiva. Estamos ante una señal institucional potente: nuevamente la administración no logró generar confianza suficiente para respaldar una decisión.

Cuando una autoridad reacciona descalificando al órgano fiscalizador en vez de asumir la sensibilidad ética del contexto, lo que transmite no es firmeza: demuestra desconexión total con la realidad. Un liderazgo sólido debería entender que la legitimidad no se impone citando artículos de ley, ni gestos de arrogancia o superioridad moral ante sus compañeros de mesa. Se construye generando credibilidad, confianza y por sobre todo transparencia. 

Lo lamentable es que en el Pucón de hoy no se conversa solo de una licitación u otro proceso administrativo más. Se plantea con incertidumbre la forma en la que se está ejerciendo el poder, la distribución de los recursos y la gobernanza. Es complejo como la ciudadanía observa la forma en que el alcalde de turno enfrenta el control democrático. Y lo que ha visto en este episodio en particular, es confrontación, ansiedad e intento de justificar algo injustificable.  Porque cuando la comunidad comienza a preguntarse si las decisiones están completamente despejadas de vínculos políticos, favoritismos o empresariales, la legitimidad empieza a quebrarse. Y cuando esa legitimidad se debilita, ningún portal digital, red social afín, defensa corporativa, medio de comunicación pagado, voceros funcionarios o dirigente fidelizado puede restaurar la confianza que se perdió. 

Reitero, es indudable que corresponde pedir disculpas públicas a los concejales por haber puesto en duda su competencia, dignidad del cargo y su rol fiscalizador. También es necesario reconocer que presentar una adjudicación con vínculos políticos e intereses evidentes fue, al menos, una imprudencia que debió anticiparse. Peor aún, haber insistido con vehemencia en la defensa, a pesar de inhabilitarse y reconocer el vínculo. 

Y corresponde asumir que este no es un problema de interpretación normativa, sino que hace rato pasó a ser de confianza pública. Persistir en la confrontación con su propia institucionalidad, solo profundizará la crisis. Hoy en Pucón la pregunta ya no es si el proceso era legal. La pregunta es si el liderazgo está a la altura de la confianza que la ciudadanía depositó en él.

*Cristian Hernández es relacionador público, productor de eventos y exconcejal RN por Pucón.

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