Querella por injurias divide a los concejales en “Caso Globalconnect”

• Se conoció que los ediles no irán como un solo grupo a enfrentar la causa penal. En la arista administrativa en tanto que se sigue en el Tribunal de Contratación Pública no hubo acuerdo entre la empresa y la municipalidad por la fallida licitación. 

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Para el próximo lunes 25 de mayo está programada la primera audiencia en el marco de la querella por injurias que ejecutivos de la empresa Globalconnect interpusieron contra el pleno del concejo municipal. Esto, en el contexto de la fallida licitación para entregar el servicio de internet rural a once establecimientos educacionales, proceso que derivó en una polémica que hoy mantiene a los ediles enfrentando acciones judiciales y a la municipalidad litigando ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP). Y en la arista penal —la querella por injurias— ya existen algunas novedades. Entre ellas, que los concejales no afrontarán la causa como un solo bloque.

El origen de la controversia se remonta prácticamente a la sesión en la que se debatió la asignación de recursos —cerca de $80 millones— a la empresa para concretar el contrato. La discusión se tensionó luego de que algunos ediles plantearan dudas respecto de la posibilidad de que quien entonces era secretario de Planificación Comunal (Secplac) de la municipalidad, Alexis Figueroa, pasara a trabajar posteriormente como ejecutivo de la compañía que participaba de la licitación. Aunque durante el debate aquello era solo un rumor, con el tiempo fue confirmado y actualmente Figueroa se desempeña como gerente general de Globalconnect.

La situación se complejizó aún más debido a la decisión del alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, de inhibirse de la votación, considerando que quien entonces era gerente de la compañía, Carlos Banchieri, había sido su jefe de campaña en la elección municipal que lo llevó al cargo. Si bien Álvarez no votó, sí participó en la discusión y propuso una salida alternativa para viabilizar el acuerdo, propuesta que finalmente fue rechazada por unanimidad, al igual que la licitación. Con el paso de las semanas, el propio alcalde reconocería —en el programa Nueva Mirada Local— que también debió haberse abstenido de intervenir en el debate.

En medio de este escenario, la empresa optó por seguir dos caminos judiciales. El primero fue una acción ante el Tribunal de Contratación Pública y el segundo, la querella por injurias. Esta última apunta a supuestos dichos injuriosos emitidos por concejales tanto en la sesión del concejo como en entrevistas concedidas a La Voz de Pucón, en contra del propietario de la firma, Cristian Quezada; del entonces gerente, Carlos Banchieri; y del actual gerente general, Alexis Figueroa. Respecto de la causa ante el TCP, lo último que se conoció fue la realización de una audiencia de conciliación que terminó sin acuerdo entre las partes, por lo que el proceso continúa en curso.

Injurias

En la arista penal, en tanto, los concejales ya preparan sus defensas frente a las acusaciones presentadas por Quezada, Banchieri y Figueroa. Aunque inicialmente la idea era enfrentar la causa de manera conjunta, en las últimas horas trascendió que, al menos, dos de los ediles seguirán estrategias separadas, con abogados y defensas distintas. Se trata de la concejala republicana Marina Matus y del concejal UDI Armin Avilés. Si bien este medio consultó a ambos por las razones de esta decisión, solo Matus respondió.

“He tomado la decisión de asumir mi defensa jurídica dentro del marco institucional correspondiente, con total tranquilidad y plena confianza en que siempre he actuado en el ejercicio de mi rol fiscalizador como concejal de la comuna. Creo profundamente en la transparencia, en la libertad de ejercer control sobre el uso de recursos y en el derecho que tienen los vecinos a que las autoridades fiscalicen cuando existen inquietudes o denuncias”, señaló Matus.

Por ahora no existe claridad respecto de la postura que adoptarán los ediles frente a una eventual conciliación. En la práctica, aquello implicaría ofrecer disculpas y reconocer los hechos expuestos en la querella. En caso de no alcanzarse un acuerdo, la causa continuará avanzando hacia una audiencia de preparación de juicio, instancia en la que se presentarán pruebas y testigos. Posteriormente vendría el juicio oral, donde los ejecutivos de la empresa solicitan penas de reclusión en su grado medio, además de una multa de 20 UTM —cerca de $1,4 millones—.

Así, las definiciones que deben zanjarse durante esta semana aparecen como claves para el futuro de la causa y, eventualmente, para el escenario judicial de los concejales involucrados.

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