Querella por injurias de empresa Globalconnect pide condena de reclusión y multa de $1,4 millones en contra de los concejales

• La acción judicial que fue declarada admisible ofrece como testigos al alcalde Sebastián Álvarez. También al Administrador y Secretaria Municipal, Sergio Núñez y Gladiela Matus. La audiencia de conciliación se programó para el 25 de mayo. 
  

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La disputa de los concejales con la empresa de internet Globalconnect tiene un nuevo elemento. La tarde del viernes se conocieron detalles de la querella por injurias que ejecutivos de la empresa Globalconnect interpuso en contra de los seis concejales (Verónica Castillo, Claudio Cortez, Julio Inzunza, Armin Avilés, Emilio Ulloa y Marina Matus). Esto, en el contexto de la crisis desatada luego del rechazo de los ediles a una licitación por casi $80 millones que favorecía a la empresa para conectar a once establecimientos rurales a la red mundial de datos. 

El documento, que se basa en los dichos de los concejales en la sesión de concejo donde se propició el rechazo a la licitación y en entrevistas posteriores de los ediles con La Voz de Pucón, tiene como testigo de los hechos al alcalde Sebastián Álvarez y a todos los que participaron de la sesión de principios de marzo. Entre ellos al Administrador Municipal, Sergio Núñez; y a la Secretaria Municipal Gladiela Matus. También pide una pena de reclusión en su grado medio y una multa de 20 UTM (cerca de $1,4 millones).

La crisis entre los ediles y la compañía partió a principios de marzo cuando los concejales rechazaron la mencionada licitación. Entre las dudas planteadas por ellos apuntaban, entre otras cosas, a que el renunciado Secretario de Planificación Comunal (Secplac), Alexis Figueroa, emigrara como ejecutivo a la empresa luego de su salida de la municipalidad a fines de marzo. En la sesión el alcalde Sebastián Álvarez se inhabilitó de votar debido a su amistad con el, en ese entonces, gerente general de Globalconnect, Carlos Banchieri; quien fue su jefe de campaña en la elección que lo catapultó al sillón de la municipalidad local. El jefe comunal, eso sí, no se abstuvo de participar en el debate y, es más, propuso lo que denominó como una “comisión investigadora” para explicar los detalles de licitación. Esta propuesta, al igual que la licitación, fue rechazada de forma unánime. 

Posteriormente la empresa interpuso una demanda ante el Tribunal de Compras Públicas (TCP) en la que solicitaba, entre otras cosas, que la licitación se retrotrayera y le fuera otorgada. Además pedía que se suspendiera cualquier otro proceso licitatorio que pretenda dar el mismo servicio (esto no fue acogido por el tribunal). La respuesta de la casa edilicia planteaba que parte de los argumentos concejales para rechazar tenían asidero en distintos pronunciamientos de la Contraloría en torno a prevenir eventuales conflictos de interés. Y en ese sentido la respuesta a la demanda explicitaba que Figueroa sí se fue a la empresa donde actualmente figura en el cargo de gerente general. Esto mismo fue reconocido por Banchieri en una entrevista en el programa “Nueva Mirada Local” de La Voz de Pucón en conjunto con Pucón TV. 

La querella

En paralelo a la demanda en el TCP, la empresa ingresó una querella por injurias en contra de los ediles, por los dichos que estos plantearon tanto en la sesión del concejo de principios de marzo como en entrevistas en LVP.  Los tres querellantes (Banchieri, Figueroa y el controlador de la empresa, Cristian Quezada) argumentan que los dichos de las autoridades tienen lo que se conoce como el “ánimo de injuriar” (animus injuriandi en latinazgo usado en la doctrina jurídica). 

“En este caso es evidente el animus injuriandi de los querellados, que es el dolo propio de la injuria y que consiste en la conciencia de la aptitud ofensiva de las acciones o expresiones y de que ellas llegaran a conocimiento de terceros o del propio ofendido, tal como ha ocurrido, por cuanto los querellados saben que la sesión se transmite al público de modo que tienen perfecta claridad que sus expresiones serán vistas por mucha gente, y además, una la gran mayoría de los funcionarios municipales se han enterado de estas expresiones injuriosas, a quienes se tuvo que dar evidentes explicaciones ya que cual más cual menos han estimado que los querellantes serían personas corruptas de manera que el objetivo de ese ánimo delictual está cumplido”, se lee en el documento. 

El documento esgrime que los dichos de los ediles son “falsos” y apuntan a elementos de carácter delictual de parte de los querellados. Lo que, obviamente, estos últimos rechazan: “Las expresiones proferidas por los querellados en la sesión del Concejo antes indicada en que me imputa hechos además de falsos, de tinte delictual, resultan lesivas y atentatorias contra el honor y dignidad de los querellantes, no solo como persona sino que además como empresa que afectan su reputación, por tratarse de términos descalificatorios y que van en oposición a los fines de los procesos licitatorios”.

Es en ese contexto que la querella especifica que los dichos de los concejales dañaron la honra de los querellantes. “Las expresiones proferidas por los querellados fueron realizadas con un ánimo de descrédito y deshonra hacia los querellantes, por cuanto se atacó su reputación, el concepto y la valoración que la opinión pública pueda tener respecto sus calidad e idoneidad como funcionario público por un lado y como proveedores de servicios al Municipio por otro, por lo que la conducta de los querellados mina su honra, su honor subjetivo y objetivo”, explicita el documento.

La querella fue declarada admisible y el tribunal citó a una audiencia de conciliación para el lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana. De no existir un acuerdo, se lee en el documento emitido por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, se seguirá con el proceso de acción privada. Es decir, la preparación de un juicio oral y público y el posterior juicio.

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