“Caso Ulloa”: fiscal Calderara dice que “testigos clave” se esconden y escabullen de la acción de la justicia

• El tribunal accedió a la reapertura de la etapa investigativa por 45 días. Lo anterior posibilitó que la municipalidad se mantuviera como querellante en la causa y no fuera excluida por adherirse un día tarde a la acusación del Ministerio Público. 

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Una nueva jornada de audiencias en el denominado “Caso Ulloa”. La causa que tiene como imputado y en etapas previas a un eventual juicio por fraude al fisco y tráfico de influencias al suspendido jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad, Juan Antonio Ulloa. Y la instancia era relevante porque, primero, se determinaba si la municipalidad seguía como querellante o quedaba excluida por adherirse a la acusación del fiscal con un día de tardanza. Pero los vientos fueron buenos para las aspiraciones de la administración pública local. Esto, porque el tribunal dio luz verde para la reapertura de la investigación. Es decir, volver la causa a una etapa previa y con ello, pese a la oposición de la defensa, la querellante municipal, representada por la abogada Rommy Gudenschwager, se queda dentro del caso. 

Pero no fue lo único relevante en la audiencia. En la etapa de las alegaciones, tanto la querellante como el Ministerio Público, argumentaron en base a dos elementos importante para reabrir la etapa investigativa del caso: la primera es que faltaba la toma declaración a testigos y la integración del sumario administrativo que lleva adelante el municipio en el caso. En lo primero, tanto Gudenschwager como el fiscal Jorge Calderara (en la imagen con el defensor Alejandro Cox, quien se integró a la defensa), señalaron que eran tres las personas relevantes. Carmen Luz Moreno, exfuncionaria de la municipalidad, cercana a Ulloa; la hija de esta Andrea Carolina Estrada y la excandidata a concejal Dánica Farfán. Calderara fue duro en cuanto a las dos primeras y apuntó a que ambas, en los hechos, se escondían y se “escabullían de la acción de la justicia”. Lo anterior debido a que varias veces la PDI trató de ubicarlas sin éxito. Lo anterior está en diversos informes en la carpeta investigativa.

Según la indagatoria hecha por la fiscalía y la PDI; Carolina Estrada obtuvo una patente limitada de alcoholes sin cumplir con los estándares para obtenerla. Luego Estrada le dio un poder a Carmen Luz Moreno para que esta última vendiera la patente. Dánica Farfán fue la compradora. Si bien el acuerdo superó los $30 millones solo se pagó menos de un tercio de ese monto. Tanto Estrada como Moreno son consideradas “testigos clave” en la causa. 

“Los tres testigos que se han indicado por la querellante son útiles. Esas personas se han intentado ubicar en diversas oportunidades, dos de ellas (Estrada y Moreno) están inubicables y para nosotros es relevante que tanto la policía como nosotros contemos con su versión. En principio serán citadas como testigos, pero una vez que colaboren, si es que quieren hacerlo, veremos cuál es su calidad procesal en la causa”, explicó Calderara.

La causa se abrió por un plazo de 45 días. Una vez que se cumplan las diligencias pendientes, la fiscalía podrá ingresar una nueva acusación. Y desde ahí se evaluarán los pasos que vienen en torno a la posibilidad de un juicio oral o ir a procedimientos menos complejos como un juicio simplificado, abreviado u otro tipo de salida. En la defensa de Ulloa se incorporaron el abogado Alejandro Cox (en la imagen principal junto al fiscal Jorge Calderara), conocido y reputado penalista de la plaza; también la profesional Gabriela Cortez. Ambos se suman a Hernán Valenzuela.