Decretan sumario en contra de director de Secplac municipal por adjudicar un contrato a su ex esposa 

• La información fue dada a conocer en el último concejo municipal y apunta a la decisión de otorgarle una licitación para un estudio de factibilidad en torno a un laboratorio clínico para el DSM a una empresa cuyo representante legal está divorciada, pero con hijos en común, de Cristian Brown, quien participó de la comisión evaluadora y avaló la asignación. Indagatoria debe analizar si vulnera la Ley de Probidad Administrativa. 

Durante el último concejo municipal se conocieron detalles de la investigación sumaria que involucra al actual director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac), Cristian Brown. La indagatoria tiene relación con el contrato para la realización de un estudio de factibilidad técnica y financiera para la implementación de un laboratorio clínico en la Dirección de Salud Municipal (DSM). ¿El problema? La representante legal de la empresa (Corretaje Terra Leal SpA) que se adjudicó por $8 millones el análisis, Marcia Castillo Moraga, es la ex esposa de Brown (con hijos en común) y el actual jefe de la Secplac participó en la comisión de la licitación que entregó el contrato. Por lo mismo, se supo que desde la unidad Jurídica se recomendó abrir una investigación sumaria para deslindar eventuales responsabilidades administrativas en el hecho. Brown y Castillo, por cierto, se encuentran divorciados legalmente, según se supo.

La historia parte en enero de este año cuando la DSM solicita a la Secplac la realización de un proceso de licitación para el mencionado estudio. El objetivo es poder justificar a posterior un proyecto de laboratorio clínico para Pucón, el que beneficiaría, principalmente, a los usuarios de la salud municipalizada. La idea específica del estudio en cuestión era poder conocer la viabilidad social, técnica y económica del proyecto. Ya en febrero de este año estaban listas las bases de la licitación. En marzo el concurso ya está en su etapa decisiva y se recibieron dos propuestas: Corretaje Leal SpA y otra de una persona identificada como Gonzalo García Carmine. 

El 20 de marzo llega hasta el alcalde subrogante, Carlos Olave, un documento de parte de la comisión evaluadora en la que se le propone, de acuerdo a las bases y exigencias de la licitación, entregar el contrato a la empresa Corretaje Leal SpA. El informe de la comisión está firmado por el director de Secplac, Cristian Brown; de Dideco, Verónica Turra y de Salud, Odette Castillo. 

El tiempo pasó y el estudio avanzó. En mayo de este año se generó el primer informe de avance en el que se solicitaba pagar el 50% del contrato. Es decir $4 millones. Pero las complicaciones comenzaron en esta etapa, debido a la alerta que levantaron desde la dirección de Finanzas al advertir que la representante legal de la empresa que se adjudicó el contrato era la ex esposa del director de Secplac y que, además, tenían hijos en común.

Ahora, si bien el contrato debe ser pagado, ya que el trabajo se ha realizado en el tiempo y forma planteado en la licitación; se debe establecer si se pasaron llevar normas en relación a la probidad administrativa. Por lo mismo, ya se decretó a quien llevará el sumario administrativo; aunque todavía no es oficial por procesos de recusación internos.