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Tribunal de Contratación Pública declara que rechazo de concejales a licitación de Globalconnect fue “ilegal” y “arbitrario”
- Jueces acogieron la impugnación presentada por la empresa y ordenaron retrotraer el procedimiento al momento previo a la votación de los ediles, realizada el pasado 2 de marzo. Si ello no fuera posible, el fallo deja abierta la posibilidad de que la compañía inicie acciones indemnizatorias.
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Un complejo escenario se abre para la Municipalidad de Pucón, luego de que el Tribunal de Contratación Pública declarara que el rechazo a la licitación que buscaba brindar servicio de internet a once establecimientos públicos fue “ilegal” y “arbitrario”. El fallo se conoció la mañana de este jueves y establece que los argumentos esgrimidos por el Concejo Municipal para no adjudicar el servicio a la empresa Globalconnect no estaban contemplados en las bases técnicas de la licitación.
El caso abrió una controversia pública tras la sesión del pasado 2 de marzo. En esa instancia, los ediles plantearon sus dudas sobre el proceso, principalmente por la posibilidad de que el entonces secretario de Planificación (Secplac), Alexis Figueroa, se fuera a trabajar a la compañía. Figueroa, quien había presentado su renuncia al cargo a la fecha de la licitación, ingresó a la empresa de internet el 1 de abril.
A esta situación se sumó el componente político, marcado por la relación de amistad entre el alcalde Sebastián Álvarez y el entonces gerente general de la empresa, Carlos Banchieri, quien fue jefe de campaña del jefe comunal en la última elección municipal, en la que resultó electo. Durante la polémica sesión, Álvarez se inhabilitó de votar, aunque no de participar en la discusión. De hecho, propuso una salida que contemplaba establecer una comisión técnica para analizar las condiciones de la licitación. Sin embargo, la propuesta también fue rechazada por el concejo.
En su análisis, el Tribunal sostuvo que, aunque el concejo municipal tenía atribuciones legales para pronunciarse sobre la adjudicación, debía respetar las bases de la licitación y fundamentar su decisión en antecedentes objetivos. La sentencia concluye que no se identificaron incumplimientos concretos de las bases ni se acreditó una prohibición legal que impidiera contratar a Globalconnect. Asimismo, establece que el contrato laboral mediante el cual Figueroa asumió como gerente general de la empresa fue suscrito el 1 de abril, después del rechazo del Concejo, por lo que ese antecedente posterior no podía justificar retroactivamente la decisión.
Acciones civiles
El fallo, que es recurrible ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ordena retrotraer el procedimiento a la etapa previa a la sesión del 2 de marzo. Esto genera un problema para el municipio, debido a que la licitación ya fue adjudicada posteriormente a otra empresa. En ese escenario, la sentencia deja abierta la posibilidad de que Globalconnect inicie acciones civiles de carácter indemnizatorio.
“Que, como medida necesaria para restablecer el imperio del derecho, se dejan sin efecto los actos individualizados en el numeral precedente y se ordena a la Municipalidad de Pucón retrotraer el procedimiento licitatorio al estado inmediatamente anterior al pronunciamiento del Concejo Municipal sobre la propuesta de adjudicación, a fin de que dicho órgano adopte una nueva decisión con estricta sujeción a las bases de licitación, a la normativa aplicable y a los fundamentos de esta sentencia”, se lee en el fallo.
El documento también agrega: “Que, para el evento de que no resulte posible retrotraer el procedimiento licitatorio, se deja a salvo el derecho de la actora para ejercer, ante los tribunales competentes, las acciones indemnizatorias que estime procedentes”.
El rechazo de la licitación también dio origen a una controversia judicial que se tramita en una causa penal. Esto, porque dos ejecutivos de la empresa —Carlos Banchieri y su propietario, Cristian Quezada—, además del propio Figueroa, quien ya no trabaja en la compañía según se supo, decidieron interponer una querella por injurias contra la totalidad de los concejales, a raíz de sus dichos durante la sesión de marzo. La causa se encuentra en una etapa final del juicio. El último antecedente conocido fue el desistimiento de la acción respecto del concejal RN Armin Avilés, quien llegó a una conciliación con la empresa tras disculparse ante el tribunal.
El fallo
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