Los detalles de la denuncia del alcalde en contra del departamento de Educación municipal

• El jefe comunal ingresó un documento a la fiscalía en el que detalla una serie de hechos que apuntan al mal uso de recursos municipales por un monto que supera los $180 millones. 

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A las 9:15 horas de la mañana de este jueves 20 de febrero, la administración del alcalde Sebastián Álvarez citó a una una pauta de prensa en las afueras del edificio del Ministerio Público en Pucón. La idea, era mostrar a los medios de comunicación el cumplimiento de un anuncio realizado semanas antes. De hecho, el 16 de enero las redes sociales de la municipalidad planteaban la situación. “Estas anomalías han sido detectadas durante una revisión exhaustiva de las operaciones financieras del departamento, lo que ha llevado a la decisión de presentar la denuncia respectiva ante la fiscalía local”, se leía en esa oportunidad.

Pero ¿de qué se trata esta denuncia en la fiscalía? ¿Cuáles son los delitos que deben investigarse? ¿Quién los cometió? Estas son sólo tres preguntas de varias que saltan al movimiento jurídico y administrativo que hace la nueva administración y que tiene en el “ojo del huracán” al jefe del Departamento de Educación Municipal (DEM), Alejandro Durán, hombre fuerte de la anterior administración y muchas veces felicitado públicamente por el exalcalde Carlos Barra. 

Según los antecedentes que pudo obtener este medio, la denuncia presentada por el alcalde apunta a una serie de hechos los que, en un básico resumen, apuntan al uso de dineros destinados para acciones específicas en gastos propios del departamento, ajenos para el fin con que fueron destinados inicialmente. 

Subvención Pro-retención

La subvención pro-retención, según se explicó, son dineros liberados por la subsecretaría de Educación para ayudar a que los jóvenes no deserten del sistema escolar. En la denuncia municipal se habla de un poco más de $49 millones. Los dineros fueron recibidos en junio de 2024 de acuerdo al proceso que implica que los colegios pueden postular a estos dineros entre el 5 de marzo y el 5 de abril de cada año. La plata recibida en junio, de acuerdo a las postulaciones de cada establecimiento, debía ser traspasada a los colegios en un “plazo prudente” de 30 días. El problema fue, según se supo, que los trámites administrativos de traspaso no se realizaron y el dinero quedó “empozado” en la cuenta corriente del Daem y, según se explicó, nada puede asegurar que la plata haya sido usada para lo que se destinó.

De acuerdo a lo señalado en la normativa legal, la subvención pro-retención debe ser utilizada para implementar programas de apoyo psicosocial para estudiantes en riesgo; proveer materiales y recursos que propicien la permanencia escolar y desarrollar iniciativas que promuevan la retención y reintegración de estudiantes, entre otras cosas. 

Licencias médicas

Otro elemento contenido en la denuncia, según se supo, son los dineros recuperados de las licencias médicas. Acá se acusa que en la cuenta corriente de la Dirección de Educación quedaron dineros que debían estar en la Dirección de Salud. Esto, porque el procedimiento implicaba que se hiciera devolución de platas de funcionarios de otras reparticiones. De acuerdo a las fuentes consultadas, el monto que quedó en la cuenta corriente de Educación y que, en rigor, eran de Salud, alcanzó a un poco más de $103 millones. Y esta plata fue usada, de acuerdo a los datos que se manejan, para pago de sueldos y gastos operacionales del cuestionado departamento. 

Indemnizaciones

Finalmente las fuentes consultadas apuntan a que la denuncia toca dineros destinados a indemnizaciones a funcionarios. Esto enmarcado en la Ley 20.964 que incentiva el retiro voluntario de trabajadores que cumplan con ciertas condiciones. Se explicó que para el año 2023, el ministerio de Educación destinó un poco más de $83,5 millones para esta acción. En total fueron tres los beneficiados por un monto que rozó los $54 millones. El saldo ($29,6 millones) fue a dar a la cuenta corriente del departamento y fue diluido en pago de remuneraciones y gastos operacionales. El problema es que estos dineros debían devolverse al ministerio cosa que, por cierto, no ha sucedido. El efecto inmediato de esto, es que desde el nivel central se retengan nuevas remesas destinadas al retiro voluntario de los trabajadores. 

Sumados los tres conceptos, en total son un poco más de $180 millones los dineros malversados (o mal utilizados). La denuncia apunta a delitos que están estipulados en una serie de artículos del código penal que tienen que ver con la administración pública. La denuncia se da en el ya conocido contexto del explicado déficit en Educación que se sitúa por sobre los $800 millones. Este medio trató de hablar con el director del Daem, Alejandro Durán, pero este no respondió los mensajes.