David Merino y la crisis de salud mental juvenil

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El sistema de protección a cargo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, creado en 2021, tiene la misión de resguardar a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados, operando con un enfoque de derechos y en coordinación con la familia y el entorno social del menor. A nivel regional, en La Araucanía, este servicio ha avanzado en la implementación de estrategias integrales, como así también la instalación de programas de restitución de derechos, en diversas comunas. En nuestra realidad local, Pucón, cuenta con la implementación de la Oficina Local de la Niñez (OLN), una residencia de protección para niñas, un AFT PF (Acompañamiento Familiar Territorial y de Prevención Focalizada) y un PRM (Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual) que aborda casos de graves vulneraciones de derechos. 

Sin embargo, persisten nudos críticos que afectan la eficacia del sistema. En La Araucanía, la crisis de salud mental es particularmente aguda, con una demanda creciente de atención especializada que no siempre encuentra respuesta adecuada, especialmente para jóvenes con consumo problemático de sustancias en comunas como Pucón. Revisando la actual oferta programática que dispone SENDA a nivel local, se pesquisa que dispone de tres programas preventivos, con énfasis en la comunidad, parentalidad y detección temprana para promover una vida sin drogas.

Esto viene a desnudar las aristas en el caso del joven, David Merino, quien enfrentó dificultades para acceder a tratamiento especializado por consumo problemático, ejemplifica la brecha de equidad territorial en el acceso a servicios de salud mental y protección social. Su experiencia evidencia cómo la centralización de recursos y la insuficiente oferta local generan obstáculos para la intervención oportuna y efectiva. Este caso articula la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial, para garantizar una atención integral y territorialmente equitativa.

Los desafíos para avanzar incluyen ampliar la cobertura y especialización de la oferta en salud mental para jóvenes, especialmente en comunas con alta vulnerabilidad; mejorar la capacitación y recursos del personal del Servicio de Protección; y consolidar una red intersectorial que permita abordar de manera integral las vulneraciones de derechos y los problemas de consumo con perspectiva local. 

Por último, creo fielmente que la protección de la infancia no puede depender del lugar de residencia ni de la capacidad de gestión local. Es urgente avanzar hacia una política pública que garantice igualdad de acceso a programas especializados en todo el territorio, fortaleciendo tanto la prevención como la intervención en crisis. Solo así se podrá honrar el compromiso ético y legal de asegurar el pleno ejercicio de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción territorial.

*Miguel Lepe Mella es Trabajador Social, Universidad de Los Lagos y posee varios diplomados en trabajo con menores y otras áreas.