Un sistema con varios años de licencia

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En los últimos días, hemos sido testigos una vez más, de una antiquísima costumbre política y administrativa de nuestro país, a raíz de la publicación por parte de la Contraloría de un listado kilométrico de funcionarios que, haciendo uso de licencia médicas, decidieron lucir sus mejores guayaberas e instalarse bajo la sombra de las palmeras (al menos en la caricatura). Dicha costumbre, consiste en anunciar las penas del infierno a aquellos funcionarios públicos que han incurrido en lo que la autoridad de turno (cualquiera sea) califica como “gravísimas faltas a la probidad” u otro apelativo de moda, y luego en un ejercicio casi mecánico, la ciudadanía, pasadas un par de semanas, hastiada de la discusión, y probablemente motivada por la amplia difusión en los medios de comunicación, una vez más olvida y deja atrás la gravedad del asunto, bajo la convicción de que nada pasará al final del día, lo cual en cierto modo, es verdad. 

Sin embargo, en esta oportunidad, no quiero ser parte de ese ejercicio mecánico y quiero intentar que ese olvido se retrase un par de días o, por lo menos, hasta que estalle un nuevo escándalo. Y es que no he logrado evitar pensar, a modo de pregunta, y habiendo también vivido la experiencia de trabajar en el mundo público, ¿qué es lo puede motivar a un funcionario a correr el enorme riesgo que significa salir del país con una licencia médica a cuestas? Bueno, mi conclusión es definitiva, y es que partí de un supuesto equívoco, porque dicha conducta, en el concepto del funcionario que irresponsablemente la ejecuta, no es un riesgo. 

Y cómo va a ser un riesgo, si el sistema que regula la función pública, reformas más o reformas menos, data del año 1989, (Estatuto Administrativo y Municipal) y fue una de las últimas leyes promulgadas durante la dictadura o “gobierno militar” (llámela como usted guste, ya que no quiero entrar en esa infructuosa discusión). Dicha normativa, que en su origen busca la protección de la carrera funcionaria, como un método de estabilidad y seguridad laboral en la función pública, contempla mecanismos que, a primera vista, parecieran ser efectivos a la hora de ejercer la responsabilidad de dichos funcionarios, pero que luego de ser aplicada, se transforma en el ícono de la dilación, a través de sumarios que, salvo contadas excepciones, y por distintos motivos, suelen ser eternos y como si eso no fuera suficiente, son responsabilidad de los mismos funcionarios que desempeñan sus labores, probablemente, en el escritorio colindante al del sumariado, en el cual se apilan, además de los documentos propios de sus funciones, 5 o 6 sumarios que esperan por la nunca bien ponderada prescripción. 

Ahora bien, quien lea esta columna, a esta altura de seguro debe estar pensando que nada nuevo hay en mi reflexión, ya que el diagnóstico existe hace años, por lo que resulta curioso que a la fecha solo se anuncien sanciones ejemplificadoras, y nada se diga respecto a lo que realmente debemos hacer como país. Y es que en mi humilde opinión, es de suma urgencia una reforma profunda al Estado, que permita por fin modernizar dicho aparataje, siendo requisito fundamental para dicho proceso, hacerlo primero, desde un punto de vista normativo, entendiendo que las leyes son el reflejo de las sociedades, o por lo menos eso es lo que repiten como papagayos en las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales. Y es que ya no es admisible que nuestro sistema administrativo, que evoluciona en cuanto a necesidades y requerimientos, no tenga la capacidad de evolucionar normativamente, rigiéndose aún por leyes pensadas a fines de los años ochenta, y que hasta el día de hoy propician estilos de liderazgos político-administrativos que, si bien es cierto, en su momento fueron exitosos, ya no están a la altura del enorme desafío que tenemos por delante, por lo que debemos pensar en poner de una vez por todas el cascabel al gato. 

Nuestro sistema ya no resiste, no solo en su aspecto funcionario (podríamos escribir varias columnas respecto al tema) si no que en su conjunto. De lo contrario, nuevamente olvidaremos el tema, y nada pasará transcurridos dos años desde que se instruyan los sumarios, y como resultado, seguirá plenamente vigente un sistema que, a todas luces, está con licencia médica desde hace varios años.

*Daniel Candia es abogado, magíster en Gestión Pública Municipal y exabogado de Bienes Nacionales y la municipalidad de Pucón.