Municipalidad pide restituir a concejales más de $35 millones por pago a ex Administrador destituido erróneamente en 2021

• El monto corresponde a lo que recibió Rodrigo Ortiz como sueldo retroactivo por los meses que estuvo fuera de su cargo Los ediles cuestionados solicitaron un nuevo informe jurídico que analice otros elementos, como la labor que desempeñó el funcionario los meses que duró el proceso.

Las cosas se han puesto difíciles en la municipalidad. Y claro, cuando faltan sólo semanas para el final del largo período (26 años) del alcalde Carlos Barra, las cuentas tienen que cuadrar. Y por lo mismo, en la previa del concejo municipal extraordinario de este miércoles se conoció un informe jurídico firmado por la abogada Rommy Gudenchwager, en la que la municipalidad pedía a cinco de los concejales en ejercicio reembolsar un poco más de $35 millones ($35.689.591) pagados al ex administrador municipal Rodrigo Ortiz, luego de que éste revirtiera en tribunales el proceso de remoción de su cargo que vivió a fines de 2021. 

Para entender el caso, hay que remontarse al 29 de diciembre de 2021. Fue en esa fecha cuando en la sección de “puntos varíos” el concejal Ricardo Cortés (PC) dio lectura a una solicitud de remoción del entonces administrador municipal, Rodrigo Ortiz. El documento fue firmado, además de Cortés, por Armin Avilés (independiente pro UDI), Verónica Castillo (CS) y Daniela García (independiente pro PPD). Pero también y para sorpresa del alcalde y sus cercanos, la petición también fue rubricada por el oficialista Claudio Cortez (RN), compañero de partido de Barra. Si bien a los meses mostró arrepentimiento de lo hecho, esta última firma permitió la salida del que era considerado como el “brazo derecho” del alcalde. De los cinco solicitantes, tres de ellos van a la reelección en la elección del fin de semana (Avilés, Castillo y Cortez). 

Pero las cosas cambiaron. Ortiz ingresó un recurso de protección y apeló que, si bien, la Ley faculta a los concejales a remover los cargos de confianza con razones fundadas y por votación a favor de la medida dos tercios del concejo; el procedimiento estuvo mal hecho en la forma, ya que debía ser anunciado y puesto en la tabla del concejo. Es decir, no hacerlo por sorpresa en la sección de “puntos varios”. La Corte de Apelaciones falló a favor de Ortiz, lo que fue refrendado en la Suprema en agosto de 2022. En los hechos, el fallo judicial ordenaba dos cosas: reintegrar al ex administrador a su cargo y pagar retroactivamente su sueldo. La suma de esto último es lo que cobra ahora la municipalidad a los cinco concejales que propiciaron la remoción. Esto, porque el municipio, en los hechos, pagó dos veces por un mismo cargo: lo de Ortiz y lo que cancelaba al administrador contratado en reemplazo del removido, Carlos Olave. 

“La Municipalidad de Pucón, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, debe solicitar la restitución del monto pagada a don Rodrigo Ortiz Schneder, el que asciende a la suma de $35.689.591.- pesos, según Decreto de Pago N° 3298 de fecha 3 de octubre del año 2022, a los Sres. Concejales ya individualizados que tomaron una decisión que se tradujo en un acto arbitrario e ilegal, con el objetivo de compensar el detrimento al patrimonio municipal generado por este acto”, se lee en el documento firmado por la abogada Gudenschwager. 

Pero los concejales tienen un punto y pidieron un nuevo informe, según lo que algunas fuentes conoceras del tema señalaron a este medio. La idea es que se puedan integrar otros elementos como que Ortiz, en el tiempo que duró el proceso de remoción y posterior apelación, desempeñó una actividad de coordinación entre la administración y los servicios traspasados de Educación y Salud. Ahí, obviamente, recibió un sueldo. Por lo que se supo, los ediles cuestionados estiman que es, al menos, necesario descontar esos montos y de ahí definir en derecho si corresponde o no pagar. Y si corresponde, cuál es el monto exacto. Con todo, se espera un nuevo análisis y una posterior definición. Todo esto antes del seis de diciembre, fecha en que expira el mandato del alcalde y del actual concejo.