Corte ordena reintegro de ex administrador y municipalidad debe pagarle remuneraciones desde enero

Un duro revés recibieron los cinco concejales que propiciaron la salida de Rodrigo Ortiz. Organismo público local podría perseguir a los ediles para el reembolso del dinero (un poco más de $21 millones), aunque el caso subiría a la Suprema.

NUEVO CARGO.- El ex administrador se encuentra ocupando un nuevo cargo en la administración pública con un régimen de contrata anual y con, obviamente, una remuneración menor.

La remoción del ex administrador municipal a fines de diciembre de 2021 fue el caso que cerró el año político en la municipalidad local. Y fue considerado como un golpe al nivel de la línea de flotación del liderazgo del alcalde Carlos Barra. Sobre todo, porque a la votación lógica del denominado “bloque opositor” conformado por los concejales Ricardo Cortés, Armin Avilés, Verónica Castillo y Daniela García; se unió el oficialista y compañero de partido del jefe comunal, Claudio Cortez. Y eso dolió en el círculo íntimo de Barra. Pero ahora, el asunto se dio vuelta, debido al reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco hasta donde recurrió Ortiz; la que ordenó restituir al funcionario y pagarle todas sus remuneraciones desde enero a julio. Es decir, un poco más de $21 millones. 

El caso detonó el pasado 29 de diciembre cuando en una sesión de concejo el representante comunista (en la sección de puntos varios), Ricardo Cortez, leyó un documento en que se acusaba a Ortiz de una serie de incumplimientos administrativos y terminó pidiendo la remoción del entonces administrador municipal. La comunicación era firmada por los otros cuatro ediles. Es decir, la mesa completa, menos Cristián Hernández y, obviamente, Carlos Barra.

Según el fallo de los ministros de la Corte, el problema en la destitución estuvo en la forma. Es decir, no correspondía hacerla en la sección de incidentes (puntos varios), sino que como tabla ordinaria visada por la secretaría municipal. “Resulta que en sesión del Concejo que se cuestiona, en la denominada hora de incidentes, no podía acordarse la remoción del Sr. Administrador Municipal, pues ello no responde a los actos que pueden ejecutarse en dicha instancia, conforme a la Reglamentación de funcionamiento del citado concejo”, se lee en el fallo, el que agrega: “Es incuestionable que cualquier providencia que adopten dichas autoridades, debe realizarse respetando su propia normativa interna de funcionamiento, desde que la misma no es sólo una reglamentación de carácter administrativo, sino que además es una ritualidad que garantiza orden y transparencia ante los administrados y ciudadanía en general”.

Según la opinión de los ministros, al transgredir su propio reglamento los concejales actuaron de manera arbitraria e ilegal: “Al violentar su propia normativa formal, los recurridos han actuado de manera ilegal y también arbitraria, desde que a partir de su mero capricho han desobedecido la reglamentación que ellos mismos se otorgaron para ordenar su funcionamiento. Dicha conclusión, hace innecesario que estos sentenciadores se pronuncien en torno a las restantes arbitrariedades e ilegalidades denunciadas”.

Según el mismo fallo, al actuar de manera arbitraria e ilegal, la municipalidad debe reintegrar a Ortiz a su cargo original y pagar sus remuneraciones atrasadas. “Al acodar su remoción de Administrador Municipal de una manera arbitraria e ilegal, le han privado de paso del derecho a percibir aquellas remuneraciones que de no concurrir dicho acto, habría percibido con la debida normalidad”, se lee en el documento que ordena a la municipalidad cumplir la restitución a Ortiz en el cargo desde el quinto día que el fallo esté ejecutoriado.

Posibles efectos

Por ahora, ni los concejales aludidos en el fallo, ni la municipalidad y tampoco el ex administrador Rodrigo Ortiz quisieron referirse al caso. Este último, de hecho, trabaja en otro puesto administrativo de la municipalidad en un grado menor (menor remuneración) al que tenía cuando era administrador. Se entiende que existe una alta posibilidad de que los ediles recurridos puedan escalar la causa en la Corte Suprema.

Desde la municipalidad trascendió que existe una posibilidad de que si tocaba pagar los más de $21 millones al ex administrador se pueda iniciar un juicio de cuentas en Contraloría para perseguir el reintegro del dinero de parte los ediles. Tampoco aclararon si Ortiz pudiera volver eventualmente a su cargo, sobre todo cuando ya hay un administrador titular, cargo que está ocupado por Carlos Olave.