“Caso Ulloa” en etapa definitoria: fiscalía pide pena de cinco años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

• El suspendido Jefe de Rentas y Patentes, Juan Antonio Ulloa, está a las puertas de enfrentar a un tribunal para un juicio oral. La municipalidad, en tanto, pidió la reapertura de la etapa investigativa porque considera que hay diligencias que faltan como la toma de declaración a Carmen Luz Estrada y a su hija Andrea Estrada. El asunto se definirá en una audiencia que se desarrollará el 9 de octubre próximo.

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Luego de pasar un poco más de un año desde que estalló el denominado “Caso Ulloa”, la causa está en etapa definitoria. Esto, porque el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, presentó la acusación en contra del suspendido jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad de Pucón, Juan Antonio Ulloa, por los delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. El persecutor pide una pena de cinco años de presidio menor en su grado mínimo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de la mitad del negocio que hubiese sido probado en el juicio. 

La génesis del caso se dio cuando la jefa de Finanzas de la municipalidad, María Victoria Román, hizo una denuncia en el Ministerio Público en torno a la entrega de una patente de alcoholes limitada en la que identificó a un “palo blanco”; quien luego la traspasó a una cercana al imputado, quien en definitiva la vendió. Los hechos, por cierto, están relatados en la acusación que Calderara presentó en el tribunal, la que en la tramitación jurídica se transforma en la etapa previa al juicio oral donde se buscará probar el delito y Ulloa tendrá la posibilidad de defenderse de las imputaciones. 

“Es así que durante el año 2023, en el ejercicio de las funciones antes descritas y por lo tanto desempeñándose como funcionario público, el imputado Juan Antonio Ulloa García efectuó acciones directas y precisas en favor de un tercero encaminadas a que este tercero obtuviera del concejo municipal de Pucón la aprobación de una patente de alcoholes de aquellas reguladas en la ley 19.749 y destinadas por dicha ley para las micro empresas familiares, conocidas con sus siglas MEF”, se lee en el documento el que es público en la web del Poder Judicial.

En el párrafo siguiente, se especifica: “El día 10 de agosto del año 2023 se ingresó a través de la oficina de partes de la I. Municipalidad una solicitud de patente de alcoholes MEF a favor de la ciudadana Andrea Estrada Moreno, hija de doña Carmen Luz Moreno Humeres, esta última persona muy cercana por razones laborales, de amistad y de afinidad política con el imputado Juan Ulloa García”.

La acusación también especifica que la patente estaba solicitada para un domicilio en el cual no vivía la supuesta solicitante. Es en ese contexto, que Calderara sostiene que Ulloa presionó a dos inspectores municipales para que validarán la solicitud, pese a que no cumplía con este requerimiento clave. “El imputado Juan Antonio Ulloa García presionó e indujo directamente a dos funcionarios fiscalizadores subalternos del mismo departamento donde se desempeñaba como jefe, para elaborar un informe favorable en terreno para establecer que Andrea Estrada Moreno mantenía su domicilio en Camino Internacional N° 3660 y que en dicho lugar funcionaría un ‘depósito de bebidas alcohólicas botillería’, lo cual en la realidad no era tal pues en la visita efectuada con fecha 14/08/2023 en la que también, de manera irregular participó directamente el imputado Juan Antonio Ulloa García para presionar a sus subalterno, donde no se corroboró efectivamente dicha información”, se explicita en el texto de la acusación.

El documento también expone que Ulloa validó la propuesta de patente ante el concejo con datos que no se ajustaban a la realidad con el objetivo, según el documento, de favorecer a Carmen Luz Moreno Humeres, quien finalmente vendió la patente: “Así en agosto del año 2023 y a sabiendas de estas irregularidades el imputado Juan Antonio Ulloa García, para consumar este favorecimiento explícito a su cercano presentó la solicitud de patente MEF al concejo municipal, influyendo directamente en sus miembros, argumentando que todo estaba en regla, quienes ignorando lo que estaba sucediendo dieron su aprobación asignándose por tanto la patente N° 41147 a la solicitante quien en la práctica nunca la utilizó por cuanto ella no ejercía la actividad comercial indicada en la solicitud, pues todo iba destinado al favorecimiento de Carmen Luz Moreno. Al correr de las semanas Andrea Estrada le otorgó un poder para vender esta patente concedida de manera irregular a su madre quien la vendió a un tercero quedando en evidencia el real objetivo que existía al momento de obtener la patente 41147”.

Según Calderara, con todo esto, Ulloa le privó a la municipalidad obtener beneficios económicos por la eventual subasta pública de la patente en cuestión. Con lo anterior, de acuerdo a la acusación del persecutor, se defraudó a la municipalidad: “impidiendo que los miembros del consejo municipal se percataran de estas maniobras, que se repitieron en varias otras ocasiones en favor de terceros mientras el imputado se desempeñó como jefe del mencionado departamento”.

Solicitud de aplazamiento

Pero no es lo único que sucede en la causa. La municipalidad de Pucón, quienes actúan como querellantes, solicitaron reabrir la etapa de investigación porque, según ellos, hay elementos que faltan en la indagatoria. Esto mediante un oficio que ingresó la abogada municipal Rommy Gudenschwager. Según el documento faltan diligencias como la toma de declaración de Carmen Luz Moreno, Andrea Estrada y quien compró la patente, Dánica Farfán. Esta última excandidata a concejal por Demócratas en la pasada elección municipal. También se pretende integrar el sumario administrativo que se le sigue a Ulloa en la administración pública local. 

Al respecto, el tribunal citó para el próximo jueves 9 de octubre a una audiencia en la que por un lado se definirá si se reabre la etapa de investigación de la audiencia y, de rechazarse lo anterior, proceder a la preparación del juicio oral en contra de Ulloa. Desde la defensa del funcionario —integrada por los abogados Hernán Valenzuela y Jorge Beltrán— en tanto, señalaron que apuntarán a que la investigación permanezca cerrada para enfocarse en diseñar la defensa para el juicio oral.