Denuncia por patentes: Jefa de Finanzas habla de “palo blanco” en la obtención de cuestionado permiso

• María Victoria Román entregó los detalles ante la fiscalía que dieron inicio a la investigación. En ella habla del mecanismo para obtener un permiso de alcoholes con “información incompleta” y que nunca se usó en algún local; pero que luego se vendió en $35 millones.

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La investigación que lleva adelante la fiscalía y la PDI por el tema de las patentes municipales avanza. Y quienes llevan adelante la indagatoria están enfocando en el cuestionado permiso de alcoholes entregado por el departamento de Rentas y Patentes de la municipalidad de Pucón y autorizada por el concejo municipal que benefició a una contribuyente de 21 años (Andreas Estrada) en agosto de 2023. Ella, posteriormente, entregó una autorización a su madre, Carmen Luz Moreno, para que pudiera negociar la autorización, la que finalmente se vendió en $35 millones. Todo esto, según denunció la jefa de Finanza de la municipalidad, María Victoria Román, sin abrirse algún local comercial de parte de Estrada y sin cumplir esta (la contribuyente) con los requerimientos solicitados para la renovación de la cuestionada patente. 

Ahora, este medio obtuvo antecedentes sobre la denuncia misma que María Victoria Román hiciera a la fiscalía a través de un correo electrónico fechado el 12 de julio de 2024. Según conocedores de la causa, en el e-mail describe los hechos y señala en primera instancia que entregó la información al alcalde Carlos Barra y a la administradora Giannina Rojas. Ahí agrega que la mencionada patente debió ser subastada. Dice además que en el primer semestre de 2024 se presentó un ofició para la renovación de la mencionada patente con “información incompleta”, ya que la contribuyente no poseía un inicio de actividades activo; además —agrega— que nunca funcionó un local comercial. Las fuentes consultadas (tres diferentes) sostienen que Román utilizó el concepto de “palo blanco” para referirse a la fórmula usada para la negociación de la patente asignada con el rol 41.147. Los conocedores de la indagatoria y de la denuncia agregan que Román apunta al jefe de la unidad, Juan Antonio Ulloa como el responsable de “velar por las actuaciones de los actos administrativos”. 

Acusaciones cruzadas

El tema se ha tornado sensible y con ribetes políticos debido a que Ulloa está como candidato a alcalde para las elecciones de octubre de este año. De hecho en sus redes sociales colgó hace unos días un comunicado en el que acusaba a Román de que la denuncia es una especie de revancha por la acusación de acoso laboral que Ulloa levantó en contra de Román. 

“Me he enterado de que la directora de Finanzas ha puesto una denuncia en la fiscalía por las patentes limitadas. Ella es una persona que he señalado por acoso laboral y persecución personal. Es triste ver cómo se utiliza la imagen pública para crear una percepción negativa de mi, y la municipalidad ha sido cómplice en esto, ya que mi denuncia de acoso laboral lleva más de tres meses sin respuesta”, se lee en el texto. A la denuncia de Román se sumaron una de la misma municipalidad y otra de tres concejales (Ricardo Cortés, Verónica Castillo y Armin Avilés).

También se conoció que la persona que compró la cuestionada patente en $35 millones (Dánica Farfán) hizo un requerimiento a Contraloría para poder utilizar el permiso. Es probable, además, que la municipalidad también haga un requerimiento al órgano contralor para definir si administrativamente la patente fue bien otorgada. Esto, principalmente, en el inicio de la controversia que, en resumen, apunta a si las patentes limitadas de alcohol se pueden entregar discrecionalmente o se deben subastar. 

Lo anterior es diferente a lo que investiga la PDI de Villarrica y la fiscalía de Pucón; ya que estos organismos definirán si existió o no algún tipo de delito en el otorgamiento y posterior venta de la cuestionada patente. Es decir, si el hecho en donde Román acusa de la existencia de un “palo blanco” hubo alguna Ley que se pasó a llevar y si existió dolo, lo que configuraría una eventual causa penal. Para esto último los investigadores no tienen un plazo determinado. Es decir, por ahora es una causa desformalizada y en investigación.